En el marco del juicio por la causa Cuadernos, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), un empresario de la construcción reveló detalles sobre el sistema de coimas institucionalizado durante los gobiernos kirchneristas. Fernando Palluchini, titular de la empresa Mapal, con sede en San Juan, declaró como testigo y describió cómo su negativa a pagar retornos ilegales lo llevó al borde de la quiebra. Su testimonio, prestado bajo juramento de decir verdad a solicitud de la fiscal general Fabiana León, expone el funcionamiento de la denominada ‘camarita’, un esquema de cartelización y cobro de sobornos en la obra pública civil y vial.
El caso Cuadernos, que tuvo origen en 2018 a partir de anotaciones manuscritas del chofer Oscar Centeno, ha derivado en múltiples ramificaciones judiciales. Una de ellas, conocida como ‘la camarita’, involucra a 51 personas procesadas de un total de 126 imputados. En este tramo se investiga una asociación ilícita que operó entre 2003 y 2015, dedicada a la cartelización de licitaciones viales y al cobro de coimas a empresarios contratistas del Estado. La hipótesis fiscal sostiene que Cristina Kirchner, como presidenta de la Nación, lideró la asociación ilícita y recibió 204 coimas, de las cuales 191 corresponden a hechos de cohecho pasivo vinculados a contratos viales. También se señala la participación del financista Ernesto Clarens, quien habría desempeñado un rol central en la recaudación y distribución de los fondos ilegales.
Según las confesiones del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y las planillas atribuidas a Clarens, el mecanismo exigía a las empresas contratistas el pago de un 10% de retorno sobre el valor total de los contratos de obra pública. En los casos en que la licitación contemplaba un anticipo financiero del 20% del valor total, se requería la entrega inmediata de la mitad de ese anticipo (es decir, un 10%) en un pago único. Si el anticipo estipulado era del 10%, la devolución se concretaba en cuotas o contra la liberación de los certificados de obra. Cuando no existía anticipo financiero, el retorno oscilaba entre el 3% y el 5% contra certificación de avance, según la declaración del exsecretario de Obras Públicas José López.
Las licitaciones viales eran asignadas de antemano entre un grupo de cuatro empresas principales que fijaban los precios y distribuían el presupuesto sobrante de manera proporcional entre el resto de las firmas socias de la Cámara que cumplían con el pago del canon ilegal. Este sistema de cartelización eliminaba la competencia efectiva y garantizaba que las obras quedaran en manos de un círculo reducido de contratistas dispuestos a pagar las coimas.
El testimonio de Palluchini, quien estuvo imputado en 2018 por figurar en un listado de empresas responsables de pagar sobornos, aporta una perspectiva directa sobre las consecuencias de no participar en el esquema. El empresario relató que su hermano le comentó que ‘debíamos estar en la Camarita y que teníamos que poner la que hay que poner y se destraban los pagos’. Sin embargo, Mapal decidió no ceder a las exigencias. Como resultado, la firma experimentó retrasos de hasta 200 días en los pagos de certificación de obras realizadas. ‘Casi quebramos por esa decisión’, afirmó Palluchini. Además, señaló que llevó todos los balances ante la justicia para demostrar lo ocurrido por no pagar lo que les pedían. Finalmente, fue sobreseído en la causa, pero su testimonio ilustra el costo económico de mantener una postura ética en un entorno corrupto.
El juicio oral y público, a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, busca determinar responsabilidades penales en este entramado. La fiscal Fabiana León solicitó la declaración de Palluchini como testigo, y su relato se suma a otras pruebas documentales y testimoniales que configuran el cuadro de acusación. La causa ‘camarita’ es considerada una de las más relevantes en la lucha contra la corrupción en Argentina, ya que expone un sistema organizado desde las más altas esferas del poder político para desviar fondos públicos mediante sobreprecios y retornos ilegales.
Las implicancias de este juicio trascienden el ámbito judicial. En términos económicos, la cartelización de la obra pública generó sobrecostos significativos que recayeron sobre el erario público, reduciendo los recursos disponibles para infraestructura y otros servicios esenciales. Según estimaciones de organismos especializados, el sistema de coimas pudo haber desviado miles de millones de pesos durante los años en que operó. Esto no solo afectó la calidad de las obras, sino que también distorsionó el mercado de la construcción, favoreciendo a un grupo selecto de empresas en detrimento de otras más pequeñas o reacias a participar en prácticas corruptas.
En el plano social, la revelación de estos mecanismos ha erosionado la confianza en las instituciones y en los partidos políticos involucrados. La sociedad argentina ha sido testigo de cómo fondos destinados a escuelas, hospitales y rutas terminaban financiando redes de sobornos. La causa Cuadernos y sus derivaciones han impulsado debates sobre la necesidad de reformas profundas en los sistemas de contratación pública, así como sobre la independencia del poder judicial para investigar casos de corrupción que involucran a figuras de alto perfil.
Desde una perspectiva geopolítica, el caso ha tenido repercusión internacional, ya que Argentina ha sido señalada en informes de transparencia por sus altos niveles de corrupción. La condena o absolución de los imputados podría enviar una señal sobre la fortaleza del estado de derecho en el país y su capacidad para procesar a los responsables, independientemente de su poder político. Además, el desenlace de este juicio podría influir en la percepción de riesgo de inversores extranjeros, quienes observan con atención la evolución de los procesos judiciales por corrupción.
El juicio continúa con la declaración de más testigos y la presentación de pruebas documentales. Se espera que en las próximas audiencias se profundice en el rol de Cristina Kirchner y de Ernesto Clarens, así como en la participación de otros empresarios y funcionarios. La defensa de los acusados sostiene que las acusaciones carecen de sustento y que se trata de una persecución política. No obstante, los testimonios como el de Palluchini refuerzan la hipótesis de un sistema estructurado de corrupción que operó durante más de una década.
El caso ‘camarita’ se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad en Argentina. La decisión del TOF 7 será crucial para determinar si el sistema de coimas en la obra pública fue una política de Estado o una desviación de funcionarios corruptos. Cualquiera sea el fallo, el testimonio de empresarios como Palluchini deja al descubierto las consecuencias devastadoras para quienes se negaron a participar. Su historia, marcada por la resistencia a pagar sobornos y la casi quiebra de su empresa, refleja el dilema ético y económico que enfrentaron muchos contratistas durante esos años. La sociedad argentina aguarda con expectativa el veredicto, que podría sentar un precedente importante en la persecución de delitos de corrupción de cuello blanco.
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