La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una denuncia pública que involucra al contador Daniel Neira, un funcionario que se desempeñaba en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y que, según la acusación, cobró una indemnización estatal superior a los $100 millones al momento de su desvinculación, ocurrida el 31 de julio. Al día siguiente, el 1 de agosto, fue incorporado como Gerente de Contabilidad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con un sueldo cercano a los $5 millones mensuales. La denuncia, difundida por el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, califica el hecho como «el robo del siglo en el Estado» y apunta a un presunto fraude sin precedentes en la Administración Pública.
Según los detalles aportados por el sindicato, Neira coordinó su salida del Enacom y su simultánea contratación en el INTA con anticipación. Los trámites para su incorporación al organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca habrían comenzado el 1 de julio, es decir, 23 días antes de que se le notificara formalmente la rescisión de su contrato en el Enacom. «Pasó de un organismo a otro sin un solo día de desocupación y con los bolsillos llenos», señalaron desde ATE en un comunicado. La indemnización percibida asciende a $109.781.999, una cifra que, según el sindicato, contrasta con los salarios de los trabajadores del INTA, que oscilan entre $800.000 y $1.500.000 mensuales.
El mecanismo denunciado implica una posible violación de los principios de transparencia y equidad que rigen la Administración Pública Nacional. La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188) establece restricciones para la aceptación de cargos públicos por parte de quienes hayan cobrado indemnizaciones, y la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley 25.917) regula el uso de los recursos del Estado. Asimismo, el Decreto 882/2016 y sus modificatorios sobre contrataciones en el sector público exigen que los procesos de selección se realicen mediante concurso abierto y competitivo, con excepciones acotadas. La designación directa de Neira en el INTA, sin un proceso de selección público y con un salario significativamente superior al de otros empleados, configura una posible irregularidad administrativa que ATE exige investigar.
El Enacom es un organismo descentralizado creado por la Ley 26.522 en 2009, que tiene a su cargo la regulación de las comunicaciones y la promoción de la competencia en el sector. Su presupuesto anual supera los $50.000 millones y cuenta con más de 1.000 empleados. Por su parte, el INTA es un organismo autárquico creado en 1956, referente en investigación agropecuaria, con un presupuesto anual de aproximadamente $80.000 millones y una plantilla de más de 7.000 trabajadores. La denuncia de ATE sugiere que el traspaso de Neira podría haber sido coordinado entre ambas entidades, lo que implicaría un uso discrecional de los fondos públicos.
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, amplificó la denuncia a través de su cuenta en la red social X: «$109.781.999 de liquidación en el Enacom y al otro día Gerente de Contabilidad en el INTA con $5 millones por mes. Es un escándalo. Imagino que a este funcionario lo sacarán esposado del INTA». Aguiar también advirtió que, si no se adopta una medida ejemplificadora, el gremio no descarta avanzar con una medida de fuerza. «Le pagan más de $100 millones a una persona y al otro día la recontratan mientras los trabajadores del INTA cobran entre $800.000 y $1.500.000 por mes. Tenemos que ponerle un freno antes de que terminen de fundir todos los organismos y saquear el erario público», declaró.
El sindicato argumenta que el Estado es un único empleador y que no puede alegarse desconocimiento sobre los antecedentes laborales de un funcionario de alto rango. En un comunicado, ATE calificó el caso como «una estafa de grandes magnitudes» y exigió «una investigación profunda que determine quién orquestó el pase de Neira». Además, reclamó al presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, la urgente convocatoria a comisión directiva para anular la designación, que, según el sindicato, «pone al desnudo cómo La Libertad Avanza llegó para servirse del Estado mientras hace alarde de su austeridad».
El contexto político agrega complejidad al caso. El gobierno de Javier Milei, asumido en diciembre de 2023, ha impulsado una política de ajuste fiscal y retiros voluntarios en el sector público, con el objetivo declarado de reducir el déficit. Sin embargo, denuncias como la de ATE señalan una posible contradicción entre el discurso de austeridad y la práctica de otorgar indemnizaciones millonarias y recontrataciones inmediatas. La Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del Ministerio de Economía, no se ha pronunciado sobre el caso. Tampoco lo ha hecho la Oficina Anticorrupción, que podría intervenir de oficio.
Las implicancias económicas del caso son significativas. La indemnización de $109,8 millones equivale a más de 100 salarios mínimos vitales y móviles, que a septiembre de 2026 rondan los $1.000.000. Se trata de un monto que, en términos presupuestarios, representa aproximadamente el 0,02% del presupuesto anual del INTA, pero que adquiere relevancia simbólica en un contexto de restricción fiscal. Además, el salario de $5 millones mensuales para un gerente de contabilidad supera en más de tres veces el salario promedio de un director nacional y en más de 60 veces la jubilación mínima. Esta disparidad podría agravar el conflicto laboral en el INTA, donde los sindicatos ya han manifestado su rechazo a las políticas de ajuste.
En el plano legal, el caso podría derivar en acciones judiciales. ATE evalúa presentar una denuncia penal por presunto fraude contra la Administración Pública, cohecho y violación de los deberes de funcionario público. El Código Penal Argentino tipifica el fraude en perjuicio de la administración pública en el artículo 269, con penas de dos a seis años de prisión, y la malversación de caudales públicos en el artículo 260, con penas de dos a diez años. Hasta el momento, no hay imputados ni causas judiciales confirmadas.
La repercusión mediática del caso ha sido inmediata. Diversos medios nacionales se hicieron eco de la denuncia, y dirigentes de la oposición solicitaron informes al Poder Ejecutivo. La diputada nacional Mónica Macha (Unión por la Patria) presentó un pedido de acceso a la información pública para conocer los detalles de la contratación de Neira en el INTA. Por su parte, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que agrupa a varios gremios estatales, expresó su respaldo a ATE y advirtió sobre un posible patrón de irregularidades en la administración pública.
El INTA, a través de su oficina de prensa, no respondió a las consultas de este medio. Tampoco lo hizo el Enacom. No obstante, fuentes anónimas del organismo agropecuario señalaron que la designación de Neira se habría realizado por decreto del presidente del INTA, con el aval del Ministerio de Agricultura. De confirmarse, esto implicaría una violación del artículo 7 del Decreto 1.023/2001, que exige que los cargos gerenciales sean cubiertos mediante procesos de selección transparentes.
En síntesis, la denuncia de ATE pone en evidencia un posible caso de corrupción que combina una indemnización millonaria con una recontratación inmediata en otro organismo del Estado. Más allá de la veracidad de los hechos, el episodio reaviva el debate sobre la transparencia en la Administración Pública y la consistencia entre el discurso oficial y las prácticas de gestión. La investigación periodística continuará a la espera de respuestas oficiales y de eventuales acciones judiciales que esclarezcan el caso. La sociedad civil y los organismos de control tienen la palabra.
Este artículo se basa en la información proporcionada por ATE y en datos públicos de los organismos involucrados. Hasta el momento de la publicación, ni Daniel Neira ni los organismos mencionados han emitido declaraciones. Se recomienda a los lectores seguir las actualizaciones de este caso a través de fuentes oficiales.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
