En un contexto de creciente tensión política y ante la inminente visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional denunció este martes la existencia de «amenazas a funcionarios de primer nivel» y vinculó esas amenazas a los cambios implementados en el dispositivo de seguridad de la Quinta de Olivos, la residencia presidencial ubicada en la localidad bonaerense de Olivos. La modificación más significativa implica que la Casa Militar asumirá la «responsabilidad integral» de la seguridad de la residencia presidencial, así como de las viviendas transitorias utilizadas por el presidente Javier Milei y su familia. Además, se dispuso el despido del personal civil que cumplía labores domésticas en el lugar.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. Ravier explicó que los cambios responden a dos factores de riesgo: «Por un lado, amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido. Y en segundo lugar, a la visita del Papa León XIV, que nos implica reformas en seguridad». El funcionario subrayó que se trata de «un cambio en el eje de la política de seguridad nacional» y que «lo que refiere a la protección de la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada refiere a medidas de seguridad en general para darle seguridad al Presidente».
La decisión de que la Casa Militar se haga cargo de todas las residencias presidenciales, incluidas las transitorias, marca un giro en la doctrina de seguridad del actual gobierno. «Donde él esté, Casa Militar va a cuidar», afirmó Ravier, y confirmó que esto implicó cambios de personal, incluyendo el despido de trabajadores civiles que realizaban tareas domésticas en Olivos. Si bien no se especificó el número de despidos ni si se trató de personal de planta permanente o contratado, la medida generó repercusión en ámbitos sindicales y políticos.
La Quinta de Olivos, oficialmente Residencia Presidencial de Olivos, es un predio de 34 hectáreas situado en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Históricamente, su custodia estuvo a cargo de la Casa Militar, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, en coordinación con la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria en áreas perimetrales. En los últimos años, se había incorporado personal civil para tareas de mantenimiento y servicio doméstico, una práctica que ahora se revierte.
La decisión se enmarca en un contexto de amenazas contra altos funcionarios. Aunque el Gobierno no brindó detalles sobre la naturaleza ni el origen de esas amenazas, fuentes oficiales señalaron que se recibieron a través de canales digitales y que están siendo investigadas por la justicia federal. En los últimos meses, varios ministros y secretarios habrían recibido mensajes intimidatorios, lo que llevó a un refuerzo general de sus custodia. El Presidente Milei, por su parte, ya contaba con un esquema de seguridad reforzado desde su asunción en diciembre de 2023.
La visita del papa León XIV añade un componente de complejidad logística y de seguridad. El sumo pontífice llegará a la Argentina el 8 de noviembre procedente de Uruguay, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, y permanecerá hasta el miércoles 11. Tiene previstas actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, entre ellas una misa multitudinaria en el santuario de la Virgen de Luján y un encuentro con jóvenes en el estadio Monumental. Se espera la asistencia de cientos de miles de fieles, lo que requerirá un operativo de seguridad conjunto entre fuerzas federales, provinciales y municipales.
El Gobierno busca así mostrar una imagen de control ante un evento de alcance internacional. La Casa Militar, creada en 1943, tiene como función principal la seguridad del Presidente, sus familiares y las sedes de gobierno. Su rol se ha ampliado en las últimas décadas para incluir la coordinación de inteligencia y la protección de infraestructuras críticas. Con este cambio, el Gobierno parece priorizar un enfoque militarizado de la seguridad presidencial, en detrimento de la participación civil.
Especialistas en seguridad consultados señalaron que la medida puede leerse como una respuesta a un diagnóstico de amenaza más elevado, pero también como una señal política hacia adentro y hacia afuera. «La militarización de la seguridad presidencial no es nueva en Argentina, pero sí lo es el desplazamiento de personal civil en un contexto de anuncio de amenazas», indicó un analista que pidió reserva. «Puede interpretarse como una demostración de firmeza, aunque también genera interrogantes sobre la transparencia de esos riesgos», agregó.
En el ámbito sindical, el despido de trabajadores civiles de Olivos generó malestar. La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestaron su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y anunciaron que evalúan acciones legales. «No se nos informó oficialmente sobre los despidos ni sobre las razones. Vamos a pedir informes al Ministerio de Trabajo», señaló un delegado gremial.
La oposición política también se pronunció. Desde Unión por la Patria, la diputada Patricia Álvarez criticó la medida: «El Gobierno utiliza la seguridad como excusa para avanzar sobre derechos laborales. Las amenazas deben investigarse, pero no justifican despidos arbitrarios». En tanto, desde el PRO, el diputado Hernán Lombardi respaldó la decisión: «La seguridad del Presidente es prioridad. Si hay riesgos, hay que actuar con firmeza».
El contexto internacional también influye. La visita papal se produce en un momento de especial sensibilidad para la Iglesia católica argentina, tras años de tensas relaciones con el gobierno de Milei. La elección de León XIV, un papa de origen asiático conocido por su enfoque en la justicia social, ha generado expectativas en sectores progresistas. Su agenda incluye reuniones con organizaciones sociales y un mensaje que podría abordar temas como la pobreza y la desigualdad.
En materia económica, el operativo de seguridad tendrá un costo significativo. Según estimaciones extraoficiales, el despliegue de fuerzas federales y la logística asociada a la visita papal podrían superar los 5.000 millones de pesos, en un contexto de ajuste fiscal y recortes presupuestarios en varias áreas. El Gobierno no confirmó estas cifras, pero fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que se reasignarán partidas de otros programas.
La Quinta de Olivos, mientras tanto, ya muestra los cambios. El personal civil que se desempeñaba en tareas de cocina, limpieza y jardinería fue notificado de su despido en los últimos días, y se espera que la Casa Militar complete la transición en las próximas semanas. El Presidente Milei, que ha residido intermitentemente en Olivos desde su asunción, verá así reforzada su custodia, aunque también se expone a críticas por el uso de recursos militares en un contexto de crisis.
La conferencia de prensa de Ravier dejó más preguntas que respuestas. No se especificó qué funcionarios recibieron amenazas, ni cuál es la gravedad de las mismas, ni si hay detenidos. Tampoco se detalló el alcance de la participación de la Casa Militar en las residencias transitorias, ni si se extenderá a otros funcionarios. El vocero se limitó a reiterar que se trata de «medidas de seguridad en general» y que «la prioridad es el Presidente».
En los próximos días, se espera que el Ministerio de Seguridad brinde más información sobre el operativo papal y sobre las amenazas denunciadas. Mientras tanto, la oposición y los gremios anunciaron que presentarán pedidos de acceso a la información pública para conocer los detalles de los despidos y de los contratos de seguridad. La visita del Papa León XIV, que movilizará a miles de fieles, será la primera prueba de fuego para el nuevo esquema de seguridad presidencial.
El Gobierno argentino enfrenta así un doble desafío: garantizar la seguridad en un evento de magnitud histórica y contener las críticas por una medida que, si bien se justifica en la necesidad de proteger al Presidente, también genera interrogantes sobre la militarización de la seguridad y el respeto a los derechos laborales. En un año electoral, cada decisión de este tipo adquiere una sensibilidad especial. La sociedad argentina observa con atención, mientras la cuenta regresiva para la llegada del Papa ya comenzó.
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