En una jornada de alta densidad política y diplomática, el canciller argentino Pablo Quirno fue tajante respecto a la postura del país ante Chile por el Estrecho de Magallanes, un paso estratégico que conecta los océanos Atlántico y Pacífico y que ha sido objeto de controversia histórica entre ambas naciones. La declaración se produce en un contexto de múltiples frentes abiertos para la administración de Javier Milei: la defensa de un fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras, la promoción del denominado Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), y una gira asiática que busca atraer capitales al sector de infraestructura digital.
El Estrecho de Magallanes, ubicado en el extremo sur del continente americano, es un corredor marítimo de 570 kilómetros de longitud y 32 kilómetros de ancho máximo en su punto más estrecho. Su importancia geopolítica y económica es incuestionable: representa una alternativa al Canal de Panamá para el tránsito de buques de gran calado, especialmente aquellos que no pueden cruzar las esclusas panameñas. El Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado entre Argentina y Chile con la mediación del Vaticano, delimitó la soberanía de ambos países sobre el estrecho y las aguas circundantes, otorgando a Chile el control de la mayor parte del paso y a Argentina la soberanía sobre la costa oriental y la boca atlántica. Sin embargo, persisten interpretaciones divergentes sobre derechos de navegación y explotación de recursos en la zona.
La declaración de Quirno, realizada en el marco de su visita a Singapur para presenciar el Gran Premio de Fórmula 1, se produjo luego de que el funcionario se reuniera con los ministros de Comercio y Energía de ese país y con el CEO de la F1, Stéfano Domenicali, a quien le transmitió la aspiración argentina de volver a ser sede de un Gran Premio. Aunque el canciller no ofreció detalles específicos sobre las medidas que adoptará Argentina respecto al Estrecho de Magallanes, su énfasis en la postura argentina sugiere que el tema sigue siendo una prioridad en la agenda bilateral con Chile. Fuentes diplomáticas consultadas señalan que la controversia se centra en la interpretación del artículo 10 del Tratado de 1984, que establece que ‘la navegación en el Estrecho de Magallanes se ajustará a las normas del derecho internacional’ y que ‘las naves de terceros países gozarán de libertad de navegación’. Argentina sostiene que Chile ha intentado ejercer un control excesivo sobre el tránsito de buques pesqueros y de investigación científica en la zona, lo que ha generado protestas formales en los últimos años.
En paralelo, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para instar al Congreso a aprobar el Súper RIGI, un proyecto de ley que amplía los beneficios fiscales y aduaneros para inversiones superiores a los 200 millones de dólares en sectores estratégicos como minería, hidrocarburos, infraestructura y tecnología. ‘Este tipo de inversiones es lo que nos espera si el Congreso aprueba el Súper RIGI’, escribió Milei al compartir un posteo de Quirno sobre su reunión con DayOne Data Centers, un gigante de la infraestructura digital con sede en Malasia que evalúa ‘futuras inversiones’ en Argentina. El canciller destacó que el país ofrece ‘ventajas competitivas’ en materia energética y de conectividad para centros de datos, aunque no precisó montos ni plazos.
El Súper RIGI, que ya cuenta con media sanción en el Senado, enfrenta resistencias en la Cámara de Diputados, donde algunos bloques opositores advierten sobre el riesgo de ‘primarización’ de la economía y la pérdida de soberanía sobre recursos naturales. Según datos del Ministerio de Economía, Argentina necesita inversiones por al menos 30.000 millones de dólares anuales para sostener un crecimiento del 4% del PIB, cifra que el régimen actual de incentivos no ha logrado alcanzar. En los primeros ocho meses de 2026, el RIGI original atrajo proyectos por 8.500 millones de dólares, principalmente en minería de litio y cobre, según la Secretaría de Industria y Comercio.
Otro de los frentes calientes es la defensa que hizo el ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, del fallo que repuso la Ley de Tierras, que limita la venta de grandes extensiones a extranjeros. Lorenzetti sostuvo que el máximo tribunal ‘siempre defendió la protección de los recursos naturales’ y criticó el ‘humo digital’ de las redes sociales, asegurando que la Corte ‘no se deja presionar’. El fallo, emitido la semana pasada, declaró inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo que había flexibilizado los límites a la compra de tierras por parte de foráneos, estableciendo un tope de 1.000 hectáreas por persona física o jurídica extranjera en zonas de seguridad de frontera. La decisión generó rechazo en el sector agroexportador y en cámaras empresarias, que argumentan que ahuyentará inversiones en un contexto de necesidad de divisas.
La Ley de Tierras, sancionada originalmente en 2011 y modificada en 2015, establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país ni más del 30% de las tierras de una misma provincia. Datos del Registro Nacional de Tierras Rurales indican que actualmente los extranjeros controlan el 6,2% del total nacional, con una concentración significativa en provincias como Misiones, Corrientes y Salta. La Corte Suprema falló a favor de un amparo presentado por organizaciones ambientales y de derechos humanos que denunciaron que el decreto de 2024 permitía la extranjerización de zonas estratégicas para la seguridad hídrica y alimentaria.
En el plano económico, el viceministro de Economía, José Luis Daza, respondió con dureza a quienes acusan al Banco Central de haber perdido 1.000 millones de dólares por inversiones en oro. A través de la red social X, Daza utilizó una metáfora: ‘Dime que eres ignorante sin decir que eres ignorante. Compré seguro contra incendio pero como no se incendió la casa perdí en operación respaldada por la casa’. El mensaje fue compartido por Milei, quien respaldó la estrategia de diversificación de reservas del organismo. Según el Banco Central, las tenencias de oro alcanzan las 62 toneladas, valuadas en aproximadamente 4.200 millones de dólares, y forman parte de una política de cobertura contra la volatilidad del dólar y los bonos. Críticos de la medida, entre ellos exfuncionarios del BCRA, sostienen que la compra de oro a precios máximos históricos generó una pérdida contable de 1.000 millones de dólares en el último trimestre.
El ministro de Economía, Luis Caputo, también fue protagonista de la jornada al cumplirse casi seis meses de su promesa de ‘los mejores 18 meses de la historia’ para la economía argentina, formulada el 14 de abril de 2026. Los datos del primer semestre muestran un panorama mixto: el PIB creció un 1,8% interanual, la inflación acumulada fue del 42% (la más alta desde 1991), y el riesgo país se mantuvo por encima de los 1.200 puntos básicos. La recaudación fiscal aumentó un 28% en términos reales, pero el gasto público consolidado creció un 35%, lo que llevó a un déficit primario del 1,2% del PIB, incumpliendo la meta de equilibrio fiscal comprometida con el FMI.
Por último, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, envió un mensaje a la interna del Gobierno al señalar que ‘sería mucho más fácil cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas’. Sus declaraciones se producen en medio de las negociaciones que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, mantiene con distintos gobernadores para asegurar apoyos legislativos al Súper RIGI y al presupuesto 2027. La Libertad Avanza cuenta con 38 diputados sobre 257, por lo que necesita el respaldo de bloques provinciales y de la oposición dialoguista para aprobar cualquier iniciativa. Menem no especificó a qué gobernadores se refería, pero fuentes parlamentarias mencionan contactos con mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén, quienes condicionan su apoyo a la inclusión de obras de infraestructura en sus distritos.
En síntesis, la jornada refleja la complejidad del tablero político y económico argentino: una diplomacia activa en Asia para atraer inversiones, una pulseada interna por el Súper RIGI, un fallo judicial que reafirma límites a la propiedad extranjera, y una defensa cerrada de las reservas en oro. La postura ante Chile por el Estrecho de Magallanes se enmarca en una estrategia de afirmación de soberanía en un contexto de creciente competencia por recursos estratégicos en el Atlántico Sur, donde la pesca ilegal, la exploración hidrocarburífera y la proyección antártica son temas sensibles. Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que las inversiones extranjeras y la estabilidad macroeconómica lleguen antes de las elecciones legislativas de 2027, aunque los números del primer semestre aún no convalidan esa expectativa.
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