La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que rodea al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo este lunes. El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa, solicitó una serie de medidas de prueba adicionales tras analizar las 78 páginas de justificación patrimonial presentadas por el ex funcionario. Entre las diligencias requeridas, la más relevante es la apertura y peritaje técnico-criptográfico de las billeteras de Bitcoin que Adorni dijo poseer, pero que durante años mantuvo fuera de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
La decisión del representante del Ministerio Público Fiscal refleja una profunda desconfianza hacia los argumentos esgrimidos por quien fuera una de las figuras más visibles del gobierno de Javier Milei. Adorni sostiene que su patrimonio se explica, en gran parte, por la venta de criptomonedas entre 2014 y 2018, operaciones que le habrían reportado casi 600.000 dólares. Sin embargo, el fiscal considera que las pruebas aportadas no son suficientes para acreditar el origen lícito de esos fondos ni su trazabilidad.
El eje del conflicto: la diferencia patrimonial
Según el escrito fiscal, durante el período investigado la familia Adorni habría sumado recursos lícitos por 229.752.283,20 pesos, mientras que afrontó gastos por 272.820.832,20 pesos. La diferencia no explicada asciende a 43.068.549 pesos, una cifra que, según la fiscalía, no encuentra respaldo en los ingresos declarados. Este desbalance es el núcleo del requerimiento de justificación que pesa sobre el ex funcionario.
Adorni intentó cubrir ese bache argumentando que poseía ahorros en efectivo por casi 600.000 dólares, producto de la venta de bitcoins. En su declaración jurada inicial de 2023 (rectificativa 1), consignó bajo el rubro «venta de activos» un monto de 565.000 dólares en efectivo, que según él provendrían de esas operaciones con criptomonedas. No obstante, el fiscal Pollicita observó que esa explicación no se condice con la magnitud de los gastos realizados, muchos de ellos en dólares cash: viajes al exterior, compra de propiedades y refacciones en su casa del country Indio Cuá.
La ruta de las criptomonedas: de la opacidad a la justicia
El punto más delicado para Adorni es el manejo de sus criptoactivos. Durante años, el ex jefe de Gabinete no declaró ante el fisco la tenencia de bitcoins, ni siquiera cuando ya ocupaba un cargo público de máxima responsabilidad. Recién en 2023, con la presión judicial encima, incorporó esas tenencias en una declaración jurada rectificativa. Pero las explicaciones sobre el origen y destino de esos fondos no convencieron al fiscal.
Pollicita puso la lupa sobre las ocho direcciones criptográficas que Adorni presentó como propias. El fiscal quiere constatar judicialmente la titularidad de esas billeteras y reconstruir el circuito completo de las transacciones. Para ello, solicitó un peritaje técnico-criptográfico que permita rastrear los movimientos de bitcoins desde 2014 hasta la actualidad.
La sospecha se profundiza porque, según el requerimiento de justificación, la SIFRAI-DAFI (unidades especializadas en delitos financieros) habría relacionado las cuentas del ex funcionario con un circuito de billeteras virtuales. Adorni había informado capital ante una billetera virtual al validar su identidad, pero ese capital no fue exteriorizado en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Esa omisión es, precisamente, uno de los puntos que la fiscalía busca esclarecer.
El fiscal también pidió que se explique el origen y destino de los criptoactivos incorporados en la declaración rectificativa de 2023, y su vinculación con las cuentas detectadas por los organismos de control. La hipótesis oficial apunta a que Adorni habría utilizado las criptomonedas como un mecanismo para blanquear fondos de origen desconocido, aprovechando la opacidad que durante años caracterizó al mercado de activos digitales.
Las transacciones declaradas por Adorni, según el escrito fiscal, «demostrarían el origen de los USD 565.000 en efectivo en el país incluidos en la Declaración Jurada Inicial 2023 (Rectificativa 1) consignados bajo el rubro de ‘venta de activos'». Pero esa demostración, para Pollicita, es insuficiente: se necesitan pruebas periciales que confirmen que esas operaciones existieron realmente y que los fondos provinieron de actividades lícitas.
Implicancias políticas y judiciales
El caso Adorni tiene un fuerte impacto en el tablero político argentino. El ex jefe de Gabinete fue una de las caras más reconocidas del gobierno libertario y su salida del Ejecutivo, forzada por esta investigación, representó un golpe para la administración de Milei. Ahora, la decisión del fiscal Pollicita de avanzar con el peritaje de las billeteras cripto mantiene viva la causa y expone al ex funcionario a un escrutinio público cada vez más intenso.
La causa por enriquecimiento ilícito podría tener derivaciones penales más graves si se comprueba que Adorni ocultó deliberadamente activos o proporcionó información falsa en sus declaraciones juradas. El delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo 268 del Código Penal, prevé penas de prisión para funcionarios públicos que no puedan justificar un incremento patrimonial significativo durante el ejercicio de sus funciones.
Más allá del aspecto legal, el caso plantea un debate sobre la transparencia en la gestión pública y el uso de criptomonedas como refugio de valor. La falta de regulación específica sobre criptoactivos en Argentina hasta hace pocos años facilitó que muchos funcionarios y particulares mantuvieran tenencias fuera del radar del fisco. La declaración tardía de Adorni, ya con la investigación en curso, refuerza la percepción de que intentó regularizar su situación solo cuando se vio acorralado.
El rol de la Oficina Anticorrupción y los organismos de control también queda bajo la lupa. La SIFRAI-DAFI, que habría detectado el circuito de billeteras vinculado a Adorni, demuestra que los mecanismos de fiscalización existen, pero su efectividad depende de la voluntad política de aplicarlos. En este caso, fue la justicia federal la que tomó la iniciativa, no los organismos administrativos.
Conclusión: un caso que recién comienza
El pedido del fiscal Gerardo Pollicita de abrir las billeteras cripto de Manuel Adorni marca un nuevo estadio en la investigación por enriquecimiento ilícito. Las explicaciones del ex jefe de Gabinete, plasmadas en 78 páginas, no lograron disipar las dudas sobre el origen de casi 600.000 dólares en bitcoins ni sobre la diferencia patrimonial de 43 millones de pesos.
El peritaje técnico-criptográfico será clave para determinar si las transacciones declaradas son auténticas y si los fondos Provenían de actividades lícitas. Si el resultado no respalda la versión de Adorni, el ex funcionario podría enfrentar consecuencias penales más severas y un daño reputacional irreversible.
Mientras tanto, el caso sigue generando interrogantes sobre la conducta de los funcionarios públicos en un contexto de creciente digitalización financiera. La transparencia y la rendición de cuentas vuelven a estar en el centro de la escena, y esta vez las criptomonedas juegan un papel protagónico. La justicia tiene la palabra.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
