La justicia federal de Comodoro Py tendrá a su cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por su rol como titular de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
La Cámara Federal de Comodoro Py resolvió este martes que el caso debe ser tramitado en esa jurisdicción, luego de una disputa con la justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien ya había intervenido en un expediente previo contra Tapia por irregularidades en contratos de la AFA, cerrado en 2021.
El origen de la investigación se remonta a una denuncia presentada en abril pasado por el empresario Guillermo Tofoni, exsocio comercial del dirigente a través de la firma World Eleven, que organizaba partidos amistosos de la selección argentina y cuyo contrato fue rescindido por la gestión de Tapia en la AFA.
La denuncia de Tofoni se centra en un análisis de las declaraciones juradas presentadas por Tapia como funcionario público del CEAMSE. Según el documento, el dirigente experimentó un incremento patrimonial que el empresario calificó como «aproximadamente del 1.000%» entre 2017 y 2024. En su presentación, Tofoni afirmó que este crecimiento «excede con creces cualquier índice inflacionario del período» y que «no encuentra correlato en los ingresos lícitos declarados por el propio Tapia» durante ese lapso.
Los registros que obran en la denuncia indican que en 2017 Tapia declaró un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con un valor fiscal de 17 millones de pesos, un vehículo y activos por 15 millones de pesos. El salto patrimonial más marcado, según el análisis, se produjo en 2019, cuando Tapia habría adquirido cuatro propiedades en zonas de alto valor inmobiliario de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
El cargo que Tapia ocupaba en el CEAMSE es el eje central de la acusación. Esta empresa pública, de capital mixto entre el gobierno de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, es responsable de la gestión de residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Tapia fue designado como vicepresidente del ente en 2014, por decisión de Mauricio Macri, entonces jefe de gobierno de la Ciudad. Permaneció en ese cargo hasta 2024, cuando asumió como presidente de la entidad tras una designación efectuada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Esta causa constituye el primer expediente judicial que apunta específicamente al patrimonio de Tapia en el marco de su función como funcionario público. El resto de los procesos que afronta el dirigente están vinculados a su gestión al frente de la AFA. Entre ellos figuran el procesamiento por retención indebida de impuestos de la entidad, junto al tesorero Pablo Toviggino, y las investigaciones por el manejo de fondos en el exterior mediante presuntas facturas apócrifas. También se investiga la compra de una mansión en Pilar que se atribuye al tesorero.
La resolución de la Cámara Federal sobre la competencia del caso introduce un elemento técnico en el proceso judicial. La definición del tribunal de alzada dirime un conflicto entre la Justicia Federal y la Justicia Penal de la Ciudad, una cuestión procesal que suele generar demoras en la definición de los casos en el ámbito porteño.
El juez Lijo, a quien corresponderá la investigación, ya tiene antecedentes vinculados a Tapia. En 2021, Lijo cerró una causa contra el dirigente por presuntas irregularidades en contratos firmados por la AFA. En aquel expediente también fue sobreseído Tofoni, el ahora denunciante.
La investigación del patrimonio de Tapia adquiere relevancia en el contexto de la gestión de residuos del AMBA, uno de los problemas ambientales más significativos de la región. El CEAMSE administra los rellenos sanitarios que reciben aproximadamente 17.000 toneladas de residuos diarias, lo que convierte a su presidencia en una posición de alta exposición pública y manejo de recursos.
Según la información disponible, la denuncia de Tofoni fue presentada en abril pasado, pero recién ahora obtuvo una definición sobre el tribunal que la investigará. Esta demora en la asignación de competencia evidencia las complejidades del sistema judicial argentino para procesar casos que atraviesan jurisdicciones distintas.
El expediente que se abre en Comodoro Py se enfoca en la evolución patrimonial de Tapia durante un período de siete años, en el cual el dirigente mantuvo un vínculo formal con el Estado a través de su cargo en el CEAMSE. Las declaraciones juradas que Tapia presentó anualmente en su carácter de funcionario público servirán como base documental para que la justicia determine si el incremento patrimonial denunciado tuvo un origen legítimo.
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