Una denuncia formulada por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, expuso una posible contradicción entre la política de sanciones por operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental y los mecanismos de promoción de inversiones del Estado. El legislador señaló que Harbour Energy, compañía británica sucesora legal de Premier Oil, participa con un 15% de las acciones en el consorcio Southern Energy, al cual el Gobierno nacional le otorgó beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a través de la Resolución 559/2025.
Según la presentación de Ferraro, la inhabilitación original contra Premier Oil fue establecida en 2013 mediante la Resolución 481/2013, fundamentada en la Ley 26.659, debido a operaciones de exploración y explotación realizadas sin autorización estatal en la plataforma continental argentina, específicamente en áreas cercanas a las Islas Malvinas. Dicha sanción estipulaba una vigencia que se extiende hasta el año 2028.
El núcleo de la controversia radica en el cambio de razón social efectuado en 2021. La empresa Premier Oil PLC, inscripta en el Reino Unido desde 2002, adoptó la denominación Harbour Energy. El diputado sostiene que esta modificación corporativa no altera la identidad jurídica de la compañía, por lo que la inhabilitación debería permanecer vigente y aplicable.
Ferraro expresó en su cuenta de la red social X: «El Estado argentino inhabilitó a Premier Oil hasta 2028 por violar la Ley 26.659. Hoy esa misma empresa bajo el nombre de Harbour Energy integra con un 15% de participación accionaria a Southern Energy, el consorcio al que el Gobierno le aprobó los beneficios del RIGI para desarrollar y exportar gas desde Río Negro».
El proyecto Southern Energy, aprobado mediante la Resolución 559/2025, contempla el desarrollo de infraestructura para la producción y exportación de gas natural desde la provincia de Río Negro. Este emprendimiento ha sido presentado oficialmente como parte de la estrategia nacional para incrementar las exportaciones energéticas y atraer capital extranjero de gran escala.
La denuncia cobra relevancia en el contexto de la reciente conferencia de prensa del presidente Javier Milei, posterior a la cual el Gobierno anunció una ofensiva destinada a sancionar a aproximadamente 45 empresas y personas físicas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas. Este anuncio genera una tensión adicional respecto a cómo se compatibilizan las sanciones existentes con la política de atracción de inversiones del RIGI.
El análisis normativo efectuado por el diputado señala que la Ley 26.659 no circunscribe sus efectos únicamente a la empresa operadora. El artículo 2 de dicha norma extiende las prohibiciones a los accionistas y controlantes de las compañías sancionadas. Más aún, el artículo 5 establece una restricción directa al Estado: prohíbe que cualquier órgano estatal contrate con las empresas inhabilitadas, sus controladas o sus accionistas.
En consecuencia, la situación planteada generaría un escenario de colisión legal. La Resolución 559/2025, que aprobó los beneficios, debería haber considerado la situación de todos los integrantes del consorcio Southern Energy. Ferraro enfatizó que ningún acto administrativo de carácter posterior puede ignorar una prohibición vigente emanada de una ley del Congreso Nacional.
El legislador exigió explicaciones formales al ministro de Economía, Luis Caputo, y al canciller Pablo Quirno. La pregunta central dirigida a los funcionarios es cómo se aprobó el proyecto de exportación de gas sin advertir la condición jurídica de Harbour Energy, y si se tiene previsto adoptar medidas correctivas ante esta circunstancia.
«Estaría bueno que los ministros brinden una explicación sobre cómo una empresa alcanzada por una inhabilitación firme hasta 2028 terminó formando parte de un proyecto beneficiado por el RIGI y si tienen previsto adoptar algún tipo de medida o consideración adicional frente a esta situación», publicó Ferraro.
La controversia se inscribe en un contexto geopolítico más amplio respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. El Reino Unido mantiene su posición sobre el control del archipiélago, mientras que Argentina sostiene su reclamo de soberanía basado en lo dispuesto por la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental han sido un punto de fricción recurrente entre ambas naciones.
Un aspecto relevante para el análisis es la evolución de la industria energética global. Argentino posee importantes reservas de gas no convencional, particularmente en la formación Vaca Muerta y en áreas offshore. La participación de empresas con capacidades técnicas y financieras resulta un elemento clave para el desarrollo de estos recursos. Sin embargo, los mecanismos de promoción no deberían entrar en conflicto con el marco regulatorio vigente.
Respecto a la situación de Harbour Energy, datos de mercado indican que la compañía cotiza en la Bolsa de Londres y se posiciona como uno de los actores independientes más relevantes del sector upstream británico. La empresa tiene operaciones en múltiples países, incluyendo Estados Unidos, Indonesia, México, Vietnam y el Mar del Norte. Su participación en proyectos sudamericanos se ha incrementado en los últimos años.
La presentación del diputado no formula una denuncia penal de manera directa, sino que plantea interrogantes sobre la legalidad del procedimiento administrativo utilizado para otorgar los beneficios. La respuesta de los ministerios involucrados podría determinar si existe un error procedimental subsanable o si se configura una situación de incompatibilidad normativa que requiera la revisión o revocación de la resolución.
La Ley 26.659 fue sancionada en el año 2011 con el objetivo de proteger los recursos naturales y la plataforma continental argentina frente a actividades no autorizadas que pudieran comprometer los derechos de soberanía. La norma fue utilizada como herramienta de política exterior para disuadir a empresas de operar en áreas en disputa sin la correspondiente autorización del Estado argentino.
En el ámbito de la diplomacia, la cuestión Malvinas mantiene su vigencia. Las recientes declaraciones oficiales han reafirmado la intención del Gobierno de avanzar en la negociación por la soberanía del archipiélago, aunque no se han producido avances sustanciales en el diálogo bilateral con el Reino Unido.
La evolución de este caso dependerá de la respuesta que los funcionarios nacionales proporcionen ante el pedido de informes formulado. Si se confirma que la inhabilitación de Harbour Energy se mantiene vigente y es oponible, la Resolución 559/2025 podría requerir una revisión en sus términos originales. La evaluación técnica y jurídica del caso por parte de los organismos competentes será determinante para establecer si se ha incurrido en un incumplimiento de las disposiciones legales.
El contexto internacional y las decisiones de política energética que adopte el Estado argentino en los próximos meses permitirán observar cómo se resuelve esta controversia entre la promoción de inversiones y el resguardo de las sanciones establecidas por ley.
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