La Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena maya k’iche’ Rigoberta Menchú Tum, ha lanzado una advertencia que resuena con la gravedad de quien ha sido testigo de medio siglo de historia guatemalteca: las redes de impunidad han cooptado el sistema de justicia del país centroamericano. En una entrevista concedida con motivo del homenaje que le rendirá la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2026), Menchú afirmó que «la justicia está en manos de quien puede ejercer la justicia», una declaración que sintetiza décadas de frustración institucional.
«Aquí la justicia está en manos de quien puede ejercer la justicia y eso es lo más triste», sostuvo Menchú, quien señaló directamente a los «poderes ocultos» y al crimen organizado como los actores que secuestraron las instituciones que debían proteger a la ciudadanía. La activista, cuyo activismo le valió el reconocimiento internacional más alto en el ámbito pacifista, eligió el marco de la antesala del 30.° aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz —celebrados en diciembre de 1996— para realizar un balance crítico de lo ocurrido tras el fin de 36 años de conflicto armado interno.
El saldo de esa guerra civil, que enfrentó al Estado guatemalteco con grupos insurgentes entre 1960 y 1996 en el contexto de la Guerra Fría, fue devastador: más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, según la estimación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, un organismo auspiciado por Naciones Unidas. La mayoría de las víctimas eran indígenas mayas, una realidad que marcó a fuego la lucha de Menchú, cuya propia familia sufrió la represión estatal.
«A mí me impresiona mucho porque creo que después de los acuerdos de paz se posicionaron efectivamente el narcotráfico, el crimen organizado y los poderes ocultos», explicó la Premio Nobel al ser consultada sobre el devenir del país tras la firma de la paz. «Fueron muy estrategas; ocuparon los espacios que queríamos blindar para que la justicia no estuviera al servicio de la impunidad», sentenció. Según su análisis, el Estado guatemalteco «no se despertó a tiempo» para impedir que estas estructuras parasitaran el sistema judicial.
Las declaraciones de Menchú se producen en un contexto donde los indicadores de integridad institucional en Guatemala son alarmantes. Según los datos más recientes de la OCDE, correspondientes a 2025 y recogidos en el informe «Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026», Guatemala cumple apenas el 59 % de los criterios normativos sobre integridad judicial y solo el 8 % de los criterios prácticos —frente a un promedio del 66 % y 45 % entre los países miembros de la OCDE—. En materia de fiscalía, el cumplimiento práctico es de apenas el 11 %. Estas cifras dibujan un sistema de justicia que formalmente cuenta con marcos legales, pero cuya aplicación real es casi inexistente.
Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2026, documentó que el Ministerio Público de Guatemala solo logró presentar acusaciones o conseguir condenas en menos del 9 % de los 3,8 millones de expedientes cerrados desde 2018, según datos citados por la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados. Esa misma relatora, tras una visita al país en mayo de 2025, calificó la situación como una «crisis de independencia judicial sin precedentes».
Menchú citó casos concretos que ilustran, a su juicio, el teatro judicial que avergüenza al país. Mencionó al periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador del extinto diario elPeriódico, quien pasó 1.295 días en prisión preventiva desde agosto de 2022 hasta febrero de 2026, en un proceso que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional calificaron como una persecución judicial en represalia por su labor investigativa. Zamora fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional y su caso fue examinado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que consideró su detención como arbitraria.
La lideresa k’iche’ también recordó a los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes fueron detenidos el 23 de abril de 2025 y permanecen en prisión preventiva acusados de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal. Su delito, según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, fue haber participado en las protestas pacíficas de octubre de 2023 que defendieron los resultados electorales que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo. Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia en mayo de 2026, señalando que su encarcelamiento constituye «un castigo arbitrario por haber participado en protestas pacíficas». «Es un teatro que verdaderamente avergüenza a Guatemala. Hace que el país siga siendo emblemático en el mundo no por las buenas cosas que hace sino porque realmente aquí la justicia está en manos de quien puede ejercer la justicia», afirmó Menchú.
La activista también puso el foco sobre los programas de resarcimiento para las víctimas de la guerra civil. El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), creado en 2003 mediante el Acuerdo Gubernativo 258-2003, fue diseñado para reparar los daños provocados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. Sin embargo, Menchú señaló que «hemos encontrado una enorme cantidad de vicisitudes como, por ejemplo, la no tipificación exactamente de quién es víctima y quién no en los acuerdos de paz», lo que ha generado controversias sobre el reconocimiento de las víctimas y ha dejado a miles de familias sin reparación integral.
Para la Premio Nobel, la raíz del problema es estructural y se remonta a la falta de implementación genuina de un marco que reconozca a Guatemala como un territorio pluricultural, multiétnico y multilingüe. «Eso perpetúa una brecha histórica entre las decisiones estatales adoptadas desde la capital y las realidades que viven las comunidades ancestrales», advirtió. Esta desconexión entre el Estado central y los pueblos indígenas ha sido una constante en la historia guatemalteca y, según Menchú, sigue vigente tres décadas después de la firma de la paz.
El homenaje que Filgua 2026 rinde a Menchú —una feria que se celebra del 7 al 19 de julio bajo el lema «Vamos por un país de más lectores», con más de 800 actividades programadas y Alemania como país invitado de honor— sirve como plataforma para que la activista recuerde que la cultura de paz que ella misma ha promovido durante décadas sigue siendo «una utopía con grandes obstáculos y enemigos», en palabras que ya pronunciara en 2018 ante Naciones Unidas. La coincidencia con los 30 años de los Acuerdos de Paz no hace sino acentuar la paradoja: el país que logró poner fin a una de las guerras civiles más cruentas de América Latina enfrenta hoy una captura silenciosa pero sistemática de sus instituciones por parte de las mismas fuerzas que prometió desmantelar.
La expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, un mecanismo respaldado por la ONU que logró la condena de un expresidente, varios exministros y más de 160 funcionarios de gobierno a través de 204 investigaciones, marcó un punto de inflexión. Según datos de la propia CICIG, durante su mandato la tasa de homicidios se redujo casi un 50 %. Tras su salida, más de 40 exfiscales y exjueces se han visto forzados al exilio, al menos nueve fiscales han sufrido encarcelamiento arbitrario y el sistema judicial ha retrocedido a niveles de impunidad que recuerdan los peores momentos de la posguerra. Las palabras de Rigoberta Menchú no son, por tanto, una opinión aislada: son la constatación de un fracaso institucional que las cifras, los informes internacionales y los casos concretos confirman con una precisión implacable.
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