La Corte Penal Internacional (CPI) vuelve a estar en el centro de una tormenta geopolítica. Este viernes, la Unión Europea (UE) emitió un comunicado en el que afirmó estar dispuesta a adoptar «todas las medidas necesarias» para que el tribunal internacional pueda continuar con su labor de investigación y enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La declaración se produjo horas después de que Estados Unidos anunciara la imposición de sanciones contra la CPI, coincidiendo con la concesión del Premio Nobel de la Paz a la exjueza de la corte, Navi Pillay.
El anuncio estadounidense no es un hecho aislado. Desde hace años, Washington ha manifestado su rechazo a cualquier jurisdicción internacional que pueda juzgar a sus ciudadanos o a sus aliados. En 2002, Estados Unidos retiró su firma del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, y desde entonces ha presionado para que la corte no actúe contra sus intereses. En 2020, la administración de Donald Trump impuso sanciones contra la entonces fiscal Fatou Bensouda y otros funcionarios por investigar presuntos crímenes de guerra en Afganistán. Esas sanciones fueron revocadas por la administración de Joe Biden en 2021, pero el nuevo anuncio de 2026 revive la confrontación.
La CPI es un tribunal permanente con sede en La Haya, creado en 1998 mediante el Estatuto de Roma. Su objetivo es juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión cuando los sistemas judiciales nacionales no puedan o no quieran hacerlo. Actualmente, 123 países son Estados parte, incluidos todos los miembros de la UE, pero no Estados Unidos, China, Rusia ni Israel, entre otros.
Las sanciones anunciadas por Washington incluyen, según fuentes del Departamento de Estado, restricciones de visado y congelación de activos contra jueces, fiscales y personal administrativo de la corte. Aunque los detalles completos no se han hecho públicos, se espera que afecten también a empresas y entidades que colaboren con la CPI. La UE, a través de la Comisión Europea, ha señalado que estas medidas podrían obstaculizar las investigaciones en curso, que abarcan desde crímenes en Ucrania hasta abusos en Sudán y Venezuela.
En su comunicado, la Comisión Europea subrayó que «la UE está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor tanto en la investigación como en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y para proteger los intereses de los operadores de la UE en el mercado único». Esta última frase es clave: Bruselas podría activar un reglamento de bloqueo para neutralizar las sanciones estadounidenses, una herramienta que ya utilizó en el pasado contra las medidas extraterritoriales de Washington contra Irán y Cuba.
El reglamento de bloqueo, conocido como Reglamento 2271/96, permite a las empresas y personas de la UE ignorar las sanciones extraterritoriales de terceros países y, además, les faculta para recuperar los daños sufridos mediante acciones legales. Si la UE lo aplica, las compañías europeas que colaboren con la CPI no estarían obligadas a cumplir con las restricciones estadounidenses, lo que debilitaría el impacto de las sanciones.
Pero la dimensión simbólica del anuncio es igualmente relevante. La concesión del Nobel de la Paz a Navi Pillay, exjueza de la CPI y exalta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, refuerza la legitimidad de la corte en un momento crítico. Pillay, de origen sudafricano, fue jueza en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y presidió la CPI entre 2009 y 2015. Su trayectoria está marcada por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. El Nobel, otorgado el mismo día del anuncio de sanciones, envía un mensaje de respaldo internacional a la labor de la corte.
Las implicancias de este pulso van más allá de lo simbólico. La CPI depende de la cooperación de los Estados para detener a sospechosos, obtener pruebas y proteger a testigos. Si Estados Unidos logra intimidar a los países que colaboran con el tribunal, las investigaciones podrían paralizarse. La UE, como principal bloque de Estados parte, tiene un interés directo en preservar la corte: muchos de los crímenes que investiga ocurren en regiones donde Europa tiene intereses estratégicos, como Ucrania, el Sahel o los Balcanes.
Además, las sanciones podrían afectar a ciudadanos europeos que trabajan en la CPI. La corte emplea a más de 900 personas de 100 nacionalidades, muchas de ellas europeas. Si Washington les niega el visado o les congela activos, la UE tendría que responder con medidas de represalia, como restricciones a funcionarios estadounidenses. El comunicado de la Comisión Europea menciona explícitamente la protección de «los intereses de los operadores de la UE en el mercado único», lo que sugiere que Bruselas está considerando contramedidas comerciales.
Este episodio también pone de relieve la fragilidad del orden multilateral. La CPI nació como un proyecto ambicioso para acabar con la impunidad de los crímenes más graves. Pero su eficacia depende de la voluntad política de las potencias. Estados Unidos, que no reconoce su jurisdicción, ha pasado de ignorarla a atacarla directamente. La UE, en cambio, se ha erigido como su principal valedora, aunque con limitaciones: varios de sus miembros han sido señalados por obstruir investigaciones que afectan a sus propios ciudadanos o aliados.
El futuro inmediato es incierto. La UE podría convocar una reunión de emergencia del Consejo de Asuntos Exteriores para coordinar una respuesta común. También podría llevar el caso ante la Organización Mundial del Comercio si las sanciones afectan a empresas europeas. Mientras tanto, la CPI ha reiterado su compromiso de continuar con sus investigaciones, pero sin cooperación internacional, su margen de acción se estrecha.
En definitiva, el anuncio de sanciones de Estados Unidos y la respuesta de la UE marcan un nuevo capítulo en la tensa relación entre Washington y Bruselas. La CPI, premio Nobel de la Paz mediante, se convierte en el campo de batalla de una disputa más amplia sobre quién tiene la última palabra en la justicia global. La UE ha dejado claro que no piensa abandonar al tribunal. Queda por ver si sus medidas serán suficientes para contrarrestar la presión estadounidense y garantizar que los crímenes de guerra no queden impunes.
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