La desaparición de la docente rural Nanci Godoy (52) en la localidad de El Malezal, provincia de Corrientes, ha dado un giro judicial significativo con la imputación de cuatro detenidos como coautores del crimen, aunque el cuerpo de la víctima aún no ha sido hallado. Según fuentes de la investigación consultadas por Clarín, la principal hipótesis sostiene que el móvil del femicidio fue un ataque sexual, pero la ausencia del cuerpo representa un obstáculo probatorio considerable. Este caso, ocurrido en un entorno rural de difícil acceso, pone de relieve las complejidades de la investigación criminal en contextos donde la evidencia física es esquiva y las pruebas indiciarias cobran un peso determinante.
El viernes 23 de octubre de 2026, la causa experimentó un avance procesal cuando se agravó la imputación de cuatro de los cinco detenidos. Irineo Zarza, Felipe Sandoval y Nahuel Rojas fueron imputados como coautores de femicidio, mientras que Rosa Leguizamón fue imputada como coautora de homicidio simple, debido a que, por su condición de mujer, no puede ser acusada de femicidio según la tipificación legal vigente en Argentina. Por su parte, Ezequiel Bordón sigue imputado por falso testimonio. En paralelo, ese mismo viernes se inspeccionaban tres antiguos pozos de agua en la estancia El Curupí, ubicada cerca de la escuela donde trabajaba la maestra rural. La acusación sitúa en ese lugar al capataz del predio, Irineo Zarza, quien hasta el momento se ha negado a declarar. También se llevó a cabo la audiencia de medidas de coerción, en la que se definieron las condiciones de detención de los implicados.
La investigación se sustenta en datos técnicos obtenidos mediante el análisis de antenas de telefonía celular. La fiscalía tiene probado que la última activación del celular de la víctima fue el miércoles 7 de octubre a las 20:45. Sin embargo, los investigadores advierten sobre la posibilidad de que alguien más haya enviado un mensaje desde el dispositivo de Godoy y que Leguizamón haya mentido al afirmar que la vio el viernes 9. «Es una cuestión difícil porque alguien pudo haber mandado el mensaje del miércoles y Leguizamón mentir que la vio el viernes 9», explicó una fuente cercana al caso. Esta incertidumbre temporal es crucial para reconstruir los últimos movimientos de la docente y establecer la responsabilidad de los imputados.
El entorno de la investigación se circunscribe a la estancia El Curupí, donde trabajaban todos los detenidos. No hay más peones en el predio, por lo que, por el momento, no se prevén nuevas detenciones. En el caso de Bordón, el jueves fue imputado formalmente y se le dictó la prisión preventiva hasta el juicio, en un claro mensaje hacia los otros sospechosos. «Dio tres versiones diferentes. Fue el primero en hablar de abuso sexual seguido de muerte. Estaba visiblemente atemorizado con terror al que lo hizo», señaló el investigador consultado. Esta declaración inicial de Bordón, aunque inconsistente, resulta una pieza clave para la fiscalía, que busca consolidar la hipótesis del ataque sexual como móvil del femicidio.
Los fiscales tienen plazo hasta el día siguiente para llevar a cabo las audiencias imputativas de Zarza, Leguizamón, Rojas y Sandoval, y dictarles la prisión preventiva hasta el juicio, tal como ocurrió con Bordón. Si bien para los investigadores la principal hipótesis es la de un femicidio motivado por un posible ataque sexual, desde la familia de la víctima sostienen que no hay que descartar la denuncia que Nanci había hecho por el mal estado de la escuela en agosto de 2026. Esta denuncia, que revela tensiones en el ámbito laboral, introduce una línea de investigación alternativa que, aunque no es la principal, mantiene su vigencia.
En el plano personal, los audios enviados por Nanci a una compañera de cursada revelan aspectos de su vida cotidiana y su situación laboral. «Yo también tengo un lindo quilombito si vos supieras te vas a caer de espaldas», le dijo Nanci a su compañera, en un mensaje que denota la existencia de conflictos personales no especificados. En el momento en que recibió el ofrecimiento para hacer la suplencia como directora de la escuela rural 626 en El Malezal, estaba estudiando una formación en educación especial y llevaba 10 años sin trabajo fijo. «Yo estoy viajando a mi escuela, sigo hasta noviembre, así no sé qué voy a hacer con la carrera, si la voy a dejar ahí o continuar. Tengo la licencia hasta el 8 de noviembre, pasa que necesito trabajar, así que bueno, nunca trabajé así de corrido, es la primera vez en 10 años», expresó. Estas palabras reflejan la precariedad laboral y el esfuerzo de la docente por mantener su empleo, así como la complejidad de su día a día en un entorno rural.
Las condiciones de trabajo en la escuela rural 626 implicaban largas travesías. «Acá estamos esperando los caballos para llegar a la escuela porque es todo un día de viaje, salí a las 6 de la mañana de casa. Así que de acá me quedan 2 horas y media de caballo y después recién llega», relató Nanci en otro audio. Esta descripción del acceso al lugar subraya el aislamiento geográfico y las dificultades logísticas que enfrentaba a diario, factores que también inciden en la investigación, ya que limitan la cantidad de personas que pudieron haber tenido contacto con ella en sus últimos días.
El caso presenta múltiples aristas que lo convierten en un desafío para la justicia. Por un lado, la ausencia del cuerpo de la víctima dificulta la comprobación del hecho delictivo y la determinación de las circunstancias de la muerte. En casos de femicidio, la materialización del cuerpo es a menudo crucial para establecer la causa de muerte, la data y la mecánica del crimen. Sin embargo, la fiscalía cuenta con pruebas indiciarias, como las declaraciones de Bordón, los registros de antenas celulares y la ubicación de los imputados, que podrían ser suficientes para sostener la acusación en juicio. La doctrina legal argentina permite la condena sin cuerpo del delito si existe un cúmulo de pruebas que acrediten la existencia del hecho y la responsabilidad de los acusados.
Por otro lado, la imputación diferenciada de Rosa Leguizamón como coautora de homicidio simple, y no de femicidio, refleja la aplicación de la perspectiva de género en la tipificación penal. El femicidio, como figura agravada del homicidio, requiere que el sujeto activo sea un hombre y que la víctima sea una mujer, mediando violencia de género. Al ser Leguizamón una mujer, su imputación se encuadra en el homicidio simple, lo que no implica una menor gravedad en su participación, sino una adecuación a la normativa vigente. Esta distinción es relevante para el análisis de las consecuencias penales y para la estrategia de la defensa.
La inspección de los pozos de agua en la estancia El Curupí es una medida urgente para intentar hallar el cuerpo y consolidar la prueba. La ubicación de Zarza en ese lugar, según la acusación, refuerza la sospecha sobre su participación. La negativa de Zarza a declarar es un factor que los investigadores interpretan como un indicio de responsabilidad, aunque legalmente no puede ser considerado como tal. La presión sobre los imputados se incrementa con la prisión preventiva de Bordón, que envía un mensaje claro sobre la determinación de la justicia de llegar a la verdad.
En cuanto a las implicancias sociales, este caso ha conmocionado a la comunidad de El Malezal y a la opinión pública en general, visibilizando la vulnerabilidad de las mujeres en entornos rurales y la precariedad de las condiciones laborales de los docentes en zonas alejadas. La desaparición de Nanci Godoy se suma a una larga lista de femicidios en Argentina, que según estadísticas oficiales continúa siendo una problemática grave. La reacción de la familia, que insiste en no descartar la denuncia por el mal estado de la escuela, sugiere posibles conflictos institucionales que podrían haber motivado el crimen, aunque la fiscalía se inclina por el ataque sexual.
La causa también plantea interrogantes sobre la eficacia de los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas en zonas rurales. La demora en la activación de la búsqueda y las dificultades de acceso podrían haber contribuido a la desaparición del cuerpo. Las autoridades judiciales y policiales enfrentan ahora el reto de obtener pruebas contundentes sin la víctima, apoyándose en testimonios, peritajes telefónicos y análisis de contexto.
En conclusión, la imputación de cuatro detenidos como coautores del femicidio de Nanci Godoy marca un hito en la causa, pero la ausencia del cuerpo mantiene la incertidumbre sobre el desenlace judicial. La fiscalía deberá construir un caso sólido basado en pruebas indiciarias, mientras la defensa de los imputados intentará desacreditar las acusaciones. La sociedad correntina y el país entero esperan que la justicia esclarezca el hecho y que se haga justicia por Nanci Godoy, cuya vida y labor como docente rural quedan como testimonio de una realidad compleja y muchas veces invisibilizada.
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