El viernes 23 de octubre de 2026, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a los once investigados en el caso $LIBRA, aceptando el pedido del fiscal Eduardo Taiano. La decisión puso fin a un expediente que se extendió durante un año y medio y que giraba en torno al lanzamiento de un criptoactivo promocionado por el presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025. El fallo abarcó al propio mandatario, a su hermana Karina Milei, a los criptolobbistas Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, al empresario estadounidense Hayden Mark Davis y a media docena de personas más. La causa se cerró sin que ninguno de los implicados haya prestado declaración indagatoria ni haya sido citado a los tribunales de Comodoro Py.
El proyecto $LIBRA consistía en un token digital que, según el tuit presidencial, serviría para financiar empresas argentinas con los fondos de los compradores. Sin embargo, nunca se explicó el mecanismo de financiamiento ni las condiciones. La página web que respaldaba la iniciativa estaba alojada en un documento de Google Drive creado horas antes del anuncio. Tras la publicación del mensaje, el valor del token se disparó desde unos pocos centavos hasta casi cinco dólares, para luego desplomarse abruptamente.
Los primeros beneficiarios fueron 74 billeteras cripto que, con presunta información privilegiada, adquirieron casi 13 millones de dólares en tokens el mismo día del lanzamiento y antes del tuit de Milei. Uno de ellos obtuvo ganancias cercanas a los 8 millones de dólares. Las identidades de estos ganadores nunca se esclarecieron. Tampoco se determinó quién proporcionó al presidente el contrato inteligente que aparecía en su tuit: un código alfanumérico de 44 caracteres, indispensable para comprar $LIBRA, que según las declaraciones de Milei estaba disponible en internet, pero que en la práctica no era de acceso público.
En el teléfono de Novelli, peritado por la Justicia, se halló un borrador que mencionaba un presunto pago de 5 millones de dólares acordado con «H.» por el apoyo de Milei. El texto decía: «$1.5M de tokens o cash como pago adelantado. $1.5 millones en tokens o cash – Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsien/familia Davis». Luego se refería a un desembolso de $2M con la siguiente nota: «Contrato firmado en persona por Milei para la asesoría de Blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y una revisión con Javier y Karina sobre estos dos cuatrimestres». El fiscal Taiano descartó esta prueba al considerar que no se pudo probar que ese acuerdo haya sido enviado desde el celular de Novelli a otra persona.
El sobreseimiento se fundamentó en la falta de pruebas que acreditaran los delitos investigados, principalmente fraude y abuso de autoridad. Sin embargo, la instrucción no avanzó sobre los puntos clave: no se identificó a los beneficiarios de información privilegiada, no se determinó el origen del contrato inteligente ni se investigó el supuesto acuerdo económico entre los lobbistas y el entorno presidencial. Tampoco se citó a declarar a ningún funcionario, incluido el propio presidente, quien celebró la decisión en redes sociales y cuestionó a la prensa.
El caso $LIBRA plantea interrogantes sobre la transparencia en la promoción de activos digitales por parte de figuras públicas y sobre los límites de la investigación judicial en delitos económicos complejos. La ausencia de respuestas deja abierta la discusión sobre la responsabilidad política y la necesidad de mecanismos de control más efectivos en el ámbito de las criptomonedas.
El cierre de la causa se produjo sin que se haya tomado declaración a ninguna de las partes, lo que impidió esclarecer los hechos. La decisión del juez Martínez de Giorgi se basó en el pedido del fiscal Taiano, quien consideró que no se reunieron elementos suficientes para sostener la imputación. No obstante, la investigación dejó sin abordar las preguntas centrales que la opinión pública y diversos sectores políticos habían planteado desde el inicio del escándalo.
Entre las incógnitas no resueltas se destacan: quién o quiénes diseñaron el contrato inteligente y cómo llegó a manos del presidente; cuál fue el mecanismo de financiamiento prometido y por qué nunca se instrumentó; quiénes fueron los 74 billeteros que compraron antes del anuncio y con qué información contaban; y si existió un acuerdo económico entre los lobbistas y el presidente o su entorno, tal como sugería el borrador encontrado en el teléfono de Novelli.
La causa también reveló la existencia de una red de contactos entre criptolobbistas, empresarios y funcionarios. Novelli y Terrones Godoy habrían actuado como nexos entre Hayden Davis y el círculo íntimo de Milei. La pericia telefónica mostró indicios de una negociación, pero la Justicia no profundizó en ella. La falta de imputaciones concretas y la ausencia de medidas de prueba adicionales sellaron el destino del expediente.
El sobreseimiento de todos los implicados implica que, desde el punto de vista judicial, no hay responsabilidad penal. Sin embargo, las consecuencias políticas y económicas del caso $LIBRA persisten. El episodio generó pérdidas para miles de inversores minoristas que compraron el token tras el tuit presidencial y luego vieron desplomarse su valor. También puso en evidencia los riesgos de la promoción de activos especulativos por parte de autoridades y la necesidad de regulaciones más estrictas en el mercado de criptoactivos.
La decisión judicial no clausura el debate público. Diversas organizaciones de la sociedad civil y especialistas en transparencia han señalado que la falta de respuestas deja un manto de duda sobre la integridad de las instituciones. El caso $LIBRA se suma a una serie de episodios que cuestionan los límites entre la actividad pública y los intereses privados en el ámbito de las nuevas tecnologías financieras.
A un año y medio del lanzamiento, la causa judicial se cierra sin que se hayan esclarecido los hechos. El sobreseimiento de todos los implicados, incluido el presidente Milei, pone fin a la instancia penal, pero las preguntas sobre el contrato inteligente, los beneficiarios de información privilegiada y el supuesto acuerdo económico siguen sin respuesta. La sociedad argentina queda con la sensación de que la verdad completa sobre el criptoescándalo aún no ha sido contada.
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