Introducción: El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que establece un impuesto del 25% sobre los ingresos brutos anuales de los centros de detención privados que operan bajo contrato con el gobierno federal, estatal o local. La norma, conocida como AB 1633 y bautizada como Ley de Impuestos a los Centros de Detención Privados, entrará en vigor el 1 de julio de 2028. La medida representa un nuevo capítulo en la confrontación entre el estado más poblado del país y la administración de Donald Trump en materia de política migratoria.
Desarrollo: La legislación no es un hecho aislado. California alberga ocho centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), todos gestionados por empresas privadas. Según datos citados por Fox News, la empresa GEO Group posee cinco de estas instalaciones, mientras que una pertenece a Imperial Valley Gateway Center. En julio pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adquirió otras dos, aunque ambas continúan bajo administración de CoreCivic. El impuesto anual equivaldrá al 25% de los ingresos brutos obtenidos por cada operador durante el ejercicio fiscal anterior. Los fondos recaudados serán depositados en el Fondo de Debido Proceso para Todos, creado por la misma ley en la Tesorería Estatal, y deberán destinarse, una vez asignados por la Legislatura, a servicios relacionados con inmigración.
La justificación oficial se centra en la privatización de la aplicación de las leyes migratorias federales. «Si no podemos expulsar a las instalaciones privadas, iremos tras sus ganancias», afirmó Newsom en un comunicado difundido por Fox News. La firma de esta ley se suma a otras medidas relacionadas con las operaciones migratorias, como la prohibición de la práctica que el gobernador calificó de «orwelliana» de usar guantes con descargas eléctricas en las actividades de aplicación de la ley.
Implicancias: La norma genera dudas sobre el futuro de las instalaciones y sobre la capacidad del gobierno federal para mantener su infraestructura de detención en California. Hans von Spakovsky, investigador jurídico sénior de Advancing American Freedom, sostuvo a Fox News Digital que el impuesto podría llevar a los operadores privados a abandonar sus contratos. «Está muy claro que este gigantesco aumento de impuestos en California tiene un único propósito», afirmó. Según su análisis, el gobierno federal podría buscar propiedades de su propia jurisdicción para convertirlas en centros de detención, como almacenes o espacios de oficinas. El especialista también señaló que, si California deja de ofrecer suficiente espacio, el gobierno federal podría recurrir a estados vecinos: «Iría a Arizona. Posiblemente iría a Nevada».
Spakovsky explicó que ICE depende en parte de contratistas privados para evitar los costos asociados con la construcción de instalaciones propias. Según los datos que citó, el organismo tiene capacidad para albergar a unos 66.000 extranjeros en todo Estados Unidos. La medida californiana podría alterar ese equilibrio, encareciendo la operación en el estado y forzando una reubicación de recursos hacia jurisdicciones más favorables.
Conclusión: La entrada en vigor del impuesto, prevista para el 1 de julio de 2028, marca un precedente fiscal en la relación entre estados y el gobierno federal en materia migratoria. Mientras California busca desincentivar la operación privada de detención, los operadores y sus aliados advierten sobre posibles consecuencias no deseadas, como la migración de contratos a otros estados. El pulso entre Newsom y Trump añade un nuevo frente a la ya tensa política migratoria estadounidense, con implicaciones que trascienden las fronteras de California y podrían redefinir el mapa de la detención de inmigrantes en el país.
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