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Milei intensifica su ofensiva contra Lula en medio de tensiones internas y reformas estructurales

En un nuevo capítulo de la creciente tensión diplomática entre Argentina y Brasil, el presidente Javier Milei lanzó este viernes un duro calificativo contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien describió como ‘el campeón de la campaña del miedo’. La declaración, realizada en el marco de una serie de declaraciones públicas, profundiza la grieta ideológica que separa a ambos mandatarios y añade un elemento más a la compleja relación bilateral, marcada por diferencias en materia económica, política exterior y visión sobre el rol del Estado.

El epíteto utilizado por Milei no es azaroso. ‘Campaña del miedo’ es una expresión que el libertario ha empleado recurrentemente para descalificar a sus adversarios políticos internos, a quienes acusa de sembrar temor en la población ante las reformas económicas de su gobierno. Trasladar esa etiqueta a Lula implica una escalada verbal que trasciende lo protocolar y sitúa al presidente brasileño en el centro de su diana retórica. La frase se suma a una serie de críticas previas, en las que Milei ha cuestionado el modelo económico brasileño y ha calificado a Lula de ‘corrupto’ y ‘comunista’ en diversas oportunidades.

La tensión entre ambos líderes se remonta a la campaña electoral argentina de 2023, cuando Milei ya había anticipado que no mantendría relaciones con gobiernos que considerara afines al ‘socialismo’. Sin embargo, la retórica se ha intensificado en los últimos meses, coincidiendo con la profundización de la crisis económica argentina y la necesidad de Milei de consolidar un discurso confrontativo que cohesione a su base electoral. Brasil, como principal socio comercial de Argentina en el Mercosur, representa un actor clave en cualquier estrategia de inserción internacional, pero la relación personal entre ambos presidentes se encuentra en su punto más bajo desde la asunción del libertario.

Paralelamente, el gobierno argentino avanza en su agenda de reformas estructurales. Este viernes, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), que se concretó mediante un proceso que transfirió el control de la empresa a manos privadas. ‘Reducir la corrupción y sacar al Estado del medio se festeja más que cualquier cosa’, afirmó Sturzenegger, en línea con la filosofía de desregulación y reducción del gasto público que promueve la administración Milei.

La privatización de AySA es solo el comienzo. Según el programa financiero presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno apunta a concretar nuevas privatizaciones y concesiones de activos estatales antes del final del primer mandato de Milei, en 2027. Entre las empresas en la mira se encuentran el Belgrano Cargas, una de las principales operadoras de transporte de carga ferroviaria del país, y las centrales nucleares. Estas operaciones generarían ingresos cercanos a los 1.500 millones de dólares en 2027, fondos que serían destinados al pago de vencimientos de deuda externa.

El plan de privatizaciones se enmarca en una estrategia más amplia de reducción del déficit fiscal y desregulación económica, que ha sido el eje central de la gestión de Milei desde su asunción. Sin embargo, estas medidas enfrentan una fuerte resistencia por parte de sectores sindicales, políticos de la oposición y organizaciones sociales, que advierten sobre el impacto negativo en el empleo y en la calidad de los servicios públicos.

En este contexto, la cuestión de las pensiones para personas con discapacidad se ha convertido en un nuevo foco de conflicto. El Congreso sancionó recientemente una ley de emergencia que aprueba un aumento en las pensiones para este sector, una medida que generó el rechazo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien cuestionó duramente su financiamiento. ‘Agarran un tema sensible y lo usan para afanar a cuatro manos’, declaró Caputo, sugiriendo que los legisladores se aprovechan de la sensibilidad social para desviar fondos.

En la misma línea, Santiago Caputo, asesor presidencial y primo del ministro, publicó un extenso mensaje en la red social X en el que calificó las prestaciones para personas con discapacidad como ‘un desastre’. ‘Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra. Lógicamente como los recursos son escasos producto de esta cantidad de pensiones truchas las prestaciones para aquellos que efectivamente tienen alguna discapacidad son un desastre’, escribió. Sus declaraciones apuntan a un supuesto fraude masivo en el otorgamiento de pensiones, aunque no presentó evidencia concreta que respalde sus afirmaciones.

Las palabras de los Caputo generaron una ola de repudios por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos de personas con discapacidad, que las consideran estigmatizantes y carentes de fundamento. Asimismo, legisladores de la oposición señalaron que el Ejecutivo busca deslegitimar una ley que amplía derechos y que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso.

Mientras tanto, en el ámbito judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó una decisión de relevancia en materia de tierras. Con un voto mayoritario y la participación de dos conjueces, el tribunal ordenó suspender interinamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que permitía la venta sin límites de tierras a extranjeros. De esta manera, se repuso la vigencia de la Ley de Tierras, que establece restricciones a la adquisición de superficies rurales por parte de foráneos.

La medida cautelar fue solicitada por la ONG ambientalista Árbol de Pie y el caso fue remitido a la justicia federal de Bariloche para que se determine si corresponde otorgar la medida de fondo. La decisión de la Corte fue celebrada por sectores opositores, entre ellos la senadora bonaerense Fernanda Raverta, quien destacó el fallo y lo atribuyó a una ‘marcha atrás’ del tribunal frente a las denuncias y la lucha de la gente. Raverta también criticó al Gobierno al afirmar que ‘la Corte es una vergüenza pero cada tanto encuentra un límite’.

El fallo judicial representa un revés para la estrategia desreguladora de Milei, que había incluido la liberalización de la venta de tierras en su megadecreto de reformas. La decisión de la Corte, aunque provisoria, marca un precedente en la puja entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que ya ha tenido otros episodios de tensión.

En el plano internacional, la escalada verbal contra Lula podría tener consecuencias en la relación bilateral. Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas, especialmente en el sector automotriz y agroindustrial, y cualquier enfriamiento diplomático podría impactar en el comercio. Además, ambos países comparten intereses en el Mercosur, bloque que Milei ha cuestionado en múltiples ocasiones por considerarlo un obstáculo para la inserción global de Argentina.

La declaración de Milei contra Lula se produce en un momento en que el Gobierno argentino busca avanzar en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y otros países, lo que podría alejar a Argentina de sus socios tradicionales. La retórica confrontativa con Brasil, sumada a las críticas a la Corte Suprema y a las medidas de ajuste, configura un escenario de alta conflictividad política y social.

En conclusión, el Gobierno de Javier Milei profundiza su estrategia de confrontación tanto en el frente externo como en el interno. La embestida verbal contra Lula da Silva se suma a una serie de políticas de desregulación, privatizaciones y recortes que generan resistencias y tensiones institucionales. La decisión de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y el rechazo a la ley de pensiones para personas con discapacidad evidencian los contrapesos que enfrenta el Ejecutivo. Mientras tanto, la relación con Brasil, socio estratégico, ingresa en una zona de incertidumbre que podría tener derivaciones económicas y diplomáticas en los próximos meses. El devenir de estas tensiones dependerá de la capacidad del Gobierno para sostener su agenda sin aislarse en el plano regional y de la respuesta de los actores políticos y sociales ante un modelo que prioriza el ajuste y la desregulación por sobre la cohesión y la equidad.

Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.

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