El juez federal Julián Ercolini procesó a Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, por el delito de enriquecimiento ilícito. La resolución, a la que accedió Clarín, dispone un embargo sobre los bienes del imputado por 1.500 millones de pesos. La investigación abarca el período comprendido entre mayo de 2003 y diciembre de 2017, es decir, doce años y medio de gestión pública más dos años posteriores al cese de sus funciones. Este lapso coincide con la recaudación de sobornos por la que Baratta está siendo juzgado en el caso conocido como Cuadernos de las Coimas.
En el fallo, Ercolini sostuvo que el ex funcionario tuvo un incremento patrimonial “apreciable y sin justificación”. Durante la instrucción se habló de un “desfasaje patrimonial”. Baratta se desempeñó como Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal entre el 28 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015. La pericia contable determinó un incremento patrimonial apreciable e injustificado que, tras las rectificaciones efectuadas por el juzgado a favor del imputado, asciende a un déficit acumulado de 4.294.425,90 pesos a valores de origen, equivalente a casi la totalidad de los sueldos brutos percibidos en sus doce años de gestión. Los ejercicios deficitarios se concentraron principalmente entre 2012 y 2017.
El juez indicó que el enriquecimiento se “materializó mediante la compra de inmuebles, autos de alta gama, divisas en efectivo e inversiones utilizando interpósitas personas (testaferros) para ocultar o disimular su verdadera titularidad”. Entre los aspectos pesquisados se encuentra la quinta en el “Mapuche Country Club” (Pilar), una adquisición que Baratta realizó a través de su madre. En septiembre de 2012 se escrituró el lote 10 en Carahue (Pilar) a nombre de Marta Rosa Girola por 70.000 dólares pagados en efectivo. Entre 2012 y 2015 se edificó una vivienda familiar de 380 metros cuadrados con una inversión aproximada de 3.700.000 pesos. La cifra comprometida se abonó a través de treinta entregas de dinero —tanto dólares como pesos— en efectivo.
La justicia federal indicó que esa compra se “ocultó” del patrimonio declarado por Baratta ante la Oficina Anticorrupción (OA). En el fallo se remarcó que el arquitecto a cargo de la obra, Diego Gómez, fue citado como testigo y declaró en sede judicial que “trataba directamente con Baratta” y que los pagos los hacía “él personalmente o su secretario privado Nelson Lazarte”. El testigo explicó que las facturas se emitían a nombre de Baratta y que la vivienda que habría comprado su madre en realidad era utilizada por el ex funcionario y su núcleo familiar. Los análisis realizados a lo largo de la investigación determinaron que la madre del ex integrante de Planificación Federal “no contaba con los recursos ni ingresos para financiar semejante obra”.
En este sentido, Ercolini señaló que Baratta tuvo voluntad delictiva: “Sabía que su aumento patrimonial no se correspondía con sus posibilidades legítimas: no de otro modo se explica que las operaciones fueran realizadas en efectivo, con testaferros y sin declarar”. El magistrado también valoró el contexto en el que se produjeron los hechos, vinculándolos con la causa principal por la que Baratta ya está siendo juzgado oralmente. En Cuadernos de las Coimas, el ex funcionario está acusado de haber recibido sobornos de empresarios de la construcción y de la energía entre 2003 y 2015, cuando se desempeñaba en el Ministerio de Planificación Federal.
El procesamiento por enriquecimiento ilícito no es un hecho aislado en la carrera judicial de Baratta. En 2018, el juez Claudio Bonadío lo procesó por asociación ilícita y cohecho en el marco de la causa Cuadernos. Luego, en 2019, la Cámara Federal confirmó su procesamiento. Baratta permaneció detenido desde agosto de 2018 hasta febrero de 2021, cuando se le otorgó la libertad condicional. Actualmente, enfrenta un juicio oral junto a otros ex funcionarios, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, por los sobornos recaudados en el Ministerio de Planificación.
La figura del enriquecimiento ilícito está tipificada en el artículo 268 del Código Penal argentino y castiga a aquel funcionario público que, durante el ejercicio de sus funciones y hasta dos años después de haber cesado, hubiera aumentado su patrimonio de manera significativa y sin justificación. La pena prevista es de dos a seis años de prisión, multa del cincuenta al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena. Para la configuración del delito, no es necesario probar el origen ilícito de los fondos, sino la falta de justificación del incremento patrimonial en relación con los ingresos lícitos del funcionario.
En el caso de Baratta, la pericia contable analizó sus declaraciones juradas patrimoniales, sus ingresos como empleado público, los movimientos bancarios y las compras de bienes. El déficit acumulado de 4.294.425,90 pesos a valores de origen representa una diferencia sustancial entre lo que ganó y lo que gastó. Ese monto, según el juez, se explica por el ingreso de dinero no declarado, que la acusación vincula con los sobornos del caso Cuadernos. La coincidencia temporal entre el período de enriquecimiento y el de la recaudación de coimas refuerza la hipótesis judicial.
El embargo de 1.500 millones de pesos es una medida cautelar destinada a asegurar la eventual reparación del daño y las costas del proceso. Se calcula sobre la base del enriquecimiento estimado y de los intereses devengados. Esta cifra supera ampliamente el déficit patrimonial detectado, lo que indica que el juez tuvo en cuenta la evolución de los precios y la posible plusvalía de los bienes adquiridos. Entre los bienes embargados se incluirían la quinta en Pilar, vehículos de alta gama, cuentas bancarias y otras inversiones.
El procesamiento de Baratta se enmarca en una serie de causas de corrupción que marcaron la agenda judicial argentina en la última década. El caso Cuadernos de las Coimas se originó a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que registraban entregas de bolsos con dinero a funcionarios del gobierno kirchnerista. La investigación derivó en múltiples imputaciones y juicios orales. Baratta es uno de los principales acusados y su procesamiento por enriquecimiento ilícito añade una nueva dimensión a su situación legal.
La decisión de Ercolini también alcanza a otros imputados en la causa por enriquecimiento ilícito, aunque Baratta es el principal. La resolución fue apelada por la defensa, que sostiene que no hay pruebas suficientes para acreditar el origen ilícito de los fondos y que el déficit patrimonial se debe a errores contables o a la inflación. Sin embargo, el juez consideró que las explicaciones del imputado no resultan verosímiles y que la utilización de testaferros y el pago en efectivo son indicios claros de la maniobra.
En el plano político, el procesamiento de Baratta reaviva el debate sobre la corrupción durante los gobiernos kirchneristas. Organizaciones no gubernamentales como Poder Ciudadano y la Asociación Argentina de Derecho Administrativo han señalado la importancia de que la justicia avance en este tipo de causas. La Oficina Anticorrupción, que había sido querellante en el caso, celebró la medida aunque evitó pronunciarse sobre el fondo. Por su parte, el kirchnerismo denunció una persecución judicial y politicó la decisión de Ercolini.
El caso también tiene implicancias económicas. La existencia de un déficit patrimonial no justificado en un funcionario público de alto rango pone de relieve la necesidad de fortalecer los controles sobre las declaraciones juradas y los mecanismos de fiscalización. La Argentina ha sido señalada en informes internacionales por la debilidad de sus instituciones anticorrupción. Este procesamiento, junto con otros similares, podría contribuir a disuadir futuras conductas ilícitas, aunque también genera cuestionamientos sobre la selectividad de la justicia.
En conclusión, el procesamiento de Roberto Baratta por enriquecimiento ilícito con un embargo de 1.500 millones de pesos representa un nuevo capítulo en la causa Cuadernos de las Coimas. La justicia federal sostiene que el ex funcionario incrementó su patrimonio de manera injustificada entre 2003 y 2017, utilizando testaferros y efectivo para ocultar bienes. La defensa apelará la medida, mientras el juicio oral por los sobornos continúa. El caso refleja la complejidad de las tramas de corrupción y la dificultad de probar el origen de los fondos ilícitos, pero también la persistencia de los tribunales en investigar estos hechos.
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