La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la derogación de la Ley de Tierras, disposición incluida en el megadecreto 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei a poco de asumir. La decisión del máximo tribunal, conocida pasadas las 16 del martes, habilitó en la práctica la compra de tierras por parte de extranjeros sin las restricciones que imponía la normativa anterior, que limitaba la adquisición a un 15% del territorio nacional y establecía condiciones adicionales como la residencia o la utilidad pública. La noticia tomó por sorpresa a los integrantes de la mesa política del Gobierno, que se enteraron del contenido del fallo una hora después de finalizada su reunión semanal en la Casa Rosada. Según pudo saber Clarín, uno de los articuladores políticos de La Libertad Avanza consultado sobre el alcance de la sentencia respondió: “¿Qué dice el fallo? ¿Me lo pasás que no lo encuentro? (…) Está vigente la derogación de la Ley de Tierras”.
El fallo de la Corte Suprema se produce en un contexto de alta sensibilidad política. La Ley de Tierras, sancionada en 2011 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, establecía un límite del 15% para la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros y exigía que los adquirentes demostraran residencia permanente en el país o una actividad productiva vinculada. La norma también creaba un registro obligatorio y otorgaba al Estado herramientas para fiscalizar y expropiar en casos de incumplimiento. Su derogación, incluida en el DNU 70/2023, formó parte de un paquete de desregulaciones económicas que el Gobierno justificó como necesario para atraer inversiones y dinamizar el sector agropecuario. Sin embargo, la medida generó un fuerte rechazo en amplios sectores políticos y sociales, que la consideraron una amenaza a la soberanía nacional.
La cautelar que ahora quedó sin efecto había sido dictada en el marco de una causa iniciada por organizaciones civiles y legisladores opositores que cuestionaban la constitucionalidad del DNU. Esa medida mantenía vigente los límites de la ley derogada mientras se resolvía el fondo de la cuestión. Con el fallo del martes, la Corte Suprema revocó esa suspensión y permitió que la derogación despliegue todos sus efectos, excepto en las zonas de frontera, donde rigen restricciones específicas por razones de seguridad nacional. En concreto, ya no existe un tope del 15% para la compra de tierras por extranjeros, ni la obligación de acreditar residencia o actividad productiva. Tampoco resulta exigible la inscripción en el Registro Nacional de Tierras Rurales, aunque este punto podría quedar sujeto a reglamentación.
La decisión del máximo tribunal generó un inmediato cambio de agenda en el Gobierno. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que la estrategia será “dejar correr” la sentencia, evitando declaraciones públicas que puedan potenciar el conflicto y aglutinar a la oposición en el Congreso. La administración libertaria apuesta al silencio y a redirigir la atención hacia otros temas, como la discusión del Presupuesto 2027 y la ley de Discapacidad. Un funcionario de alto rango admitió en off the record: “El fallo perjudica más de lo que beneficia. Te mete en el barro de nuevo de un tema que al Gobierno le impactó negativamente. Esto no sirve para nada y pone en riesgo lo que queda del decreto 70 porque lo van a intentar voltear en Diputados”.
El temor a un revés legislativo es concreto. El DNU 70/2023 ya enfrenta un proceso de revisión en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, y varios diputados de partidos aliados habían manifestado su incomodidad con la derogación de la Ley de Tierras. La oposición podría aprovechar el fallo para impulsar una ley que restituya los límites, e incluso para intentar derogar el decreto en su conjunto. En ese sentido, la sorpresa del Gobierno no es menor: esperaban que la Corte se pronunciara primero sobre otros temas, como el conflicto por los fondos universitarios, donde la Justicia falló a favor de los rectores. “Si fuera un fallo con el tema universitario uno podría decir me vuelve a generar quilombo pero me salva el equilibrio fiscal. Acá ni eso”, se sinceró otro funcionario.
El impacto político se ve agravado por el contexto internacional. El Gobierno había apoyado activamente los reclamos por la soberanía de Malvinas, una bandera que le permitió construir una agenda transversal y sumar apoyos en el Congreso. La derogación de la Ley de Tierras, en cambio, debilita ese discurso al facilitar la compra de extensiones estratégicas por parte de capitales extranjeros, incluidos los británicos, en un momento de máxima sensibilidad por la cuestión Malvinas. De hecho, el efecto Malvinas, potenciado por el triunfo deportivo contra Inglaterra en el Mundial, había movilizado a la sociedad civil contra la modificación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsaba el Gobierno, obligando al oficialismo a retirar finalmente ese capítulo ante la negativa de sus aliados.
La decisión de la Corte Suprema también expone una interna en el oficialismo. Mientras el presidente Milei se encontraba en París para participar de la Argentina Week, donde mantuvo reuniones con Emmanuel Macron, empresarios y trece gobernadores, la noticia del fallo lo sorprendió en el avión presidencial. Según trascendió, el mandatario dedicó parte de su tiempo a tuitear contra periodistas, pero no se refirió al fallo de la Corte. Su silencio, sin embargo, no oculta la incomodidad. El jefe de Gabinete había lamentado días atrás que los referentes políticos del oficialismo se mostraran sorprendidos por la decisión judicial.
En el plano económico, la derogación de la Ley de Tierras podría tener efectos dispares. Por un lado, el sector agropecuario y los inversores extranjeros celebran la eliminación de restricciones, argumentando que facilitará la llegada de capitales y tecnología al campo. Por otro, organizaciones ambientalistas, sindicatos rurales y partidos de izquierda advierten sobre el riesgo de extranjerización de la tierra, la pérdida de soberanía alimentaria y la posible concentración en manos de fondos de inversión. Datos oficiales indican que, antes de la derogación, los extranjeros poseían aproximadamente el 6% de las tierras rurales del país, muy por debajo del 15% permitido. Sin embargo, en provincias como Misiones, Corrientes o Santa Cruz, ese porcentaje superaba el 10%, y en algunos departamentos fronterizos alcanzaba el 20%. Con la eliminación del tope, esas cifras podrían incrementarse significativamente.
El fallo de la Corte Suprema no resuelve el fondo de la cuestión: la constitucionalidad del DNU 70/2023 sigue pendiente de debate. Pero sus efectos prácticos son inmediatos. La derogación queda vigente hasta que el Congreso se pronuncie o la Justicia se expida definitivamente. En ese lapso, cualquier extranjero, persona física o jurídica, podrá adquirir tierras rurales sin las limitaciones de la ley 26.737, excepto en las zonas de frontera, donde rige la ley 27.253 que impone restricciones adicionales por razones de seguridad. Estas zonas incluyen una franja de 50 kilómetros desde el límite internacional, donde la compra por extranjeros requiere autorización del Ministerio de Defensa.
El Gobierno busca ahora descomprimir el escenario. La prioridad es avanzar con el Presupuesto antes de la llegada del Papa Francisco, prevista para noviembre. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vicejefe, José Rolandi, mantienen conversaciones con gobernadores y legisladores para asegurar los votos. También intentan encauzar la discusión por la ley de Discapacidad, un tema menos conflictivo que podría servir para recomponer relaciones con la oposición. Sin embargo, el fantasma de un rechazo al DNU 70/2023 en Diputados sigue latente. Si el Congreso logra reunir los votos para derogarlo, la Ley de Tierras volvería a tener vigencia, aunque el fallo de la Corte ya habría causado un daño reputacional al Gobierno.
En síntesis, el fallo de la Corte Suprema que habilitó la compra de tierras por extranjeros sin los límites de la Ley de Tierras tomó por sorpresa a un Gobierno que prefería mantener el tema fuera de la agenda. La estrategia de “dejar correr” la sentencia busca evitar que la oposición se una en el Congreso, pero también refleja la debilidad política del oficialismo en un tema sensible para la soberanía nacional. Mientras el Presidente se encuentra de gira por Europa, la Casa Rosada intenta minimizar el impacto y redirigir la atención hacia el Presupuesto y otras iniciativas legislativas. El futuro del DNU 70/2023 y de la Ley de Tierras queda ahora en manos del Congreso, que podría convertirse en el escenario de una nueva batalla política. Lo que está claro es que la decisión de la Corte Suprema reabrió un debate que el Gobierno hubiera preferido mantener cerrado.
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