El caso del Vacunatorio VIP, que sacudió al gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia de coronavirus, entra en una nueva fase judicial. Este viernes, 2 de octubre de 2026, comenzarán las indagatorias ante la jueza María Eugenia Capuchetti. Los primeros en declarar serán los imputados por el delito de peculado, entre los que se encuentran figuras de alto perfil como el expresidente Eduardo Duhalde, el diputado nacional Eduardo Valdés, el excanciller Jorge Taiana y el periodista Horacio Verbitsky. La lista también incluye al exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto, el empresario Florencio Aldrey, el publicista Jorge “Topo” Devoto y Patricia Alsua, esposa del exfuncionario Carlos Zannini, entre otros. Las audiencias se desarrollarán en los tribunales de Comodoro Py y se extenderán hasta el 9 de diciembre.
La investigación, impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, se centra en el desvío de vacunas contra el COVID-19 a personas que no integraban los grupos prioritarios definidos por el Ministerio de Salud. Según la acusación, los beneficiarios conocían que no les correspondía recibir las dosis en ese momento y, al aceptarlas, contribuyeron sustancialmente a la consumación del delito. Taiano sostuvo que “los vacunados contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos al aceptar y recibir vacunas contra el COVID-19 pese a conocer que no integraban los grupos habilitados para acceder a ellas. Mediante sus intervenciones participaron en la disposición indebida de un recurso escaso favoreciendo el agotamiento de las dosis disponibles y privando el acceso de las personas que conforme a los criterios de prioridad vigentes tenían un derecho preferente a su recepción”.
El caso se originó a partir de una investigación periodística del diario Clarín, que reveló que en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas se vacunaba de manera reservada a personas que no estaban contempladas entre los grupos prioritarios. Esto generó un escándalo político de gran magnitud, que derivó en la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García, y en una serie de investigaciones judiciales.
El calendario de indagatorias es extenso y escalonado. La primera citada será Lucía Antolini el 2 de octubre. Luego deberán presentarse Irene Ibón López el 5; Néstor Eduardo Mandraccio el 7; y Adriana Mónica Avella el 9. Las audiencias continuarán con Rito Ramírez el 14 de octubre; Horacio Alejandro Cortez el 16; María Felisa Mango el 19; Marcelo Jorge Duhalde el 21; y Celina María Isabel Vega el 23. Para el 26 de octubre fue citado Claudio Daniel Pardo y para el 28 María Alejandra Cottini. En noviembre declararán Camilo Martelletti el día 2; Inés del Carmen Páez Dalessandro el 4; y Graciela Margarita Miranda el 6. Después será el turno de María de los Ángeles Domínguez el 9 de noviembre; Patricia Alsua el 11; Esteban Collazo el 13; Filomena Marta Burgos el 16; y Jorge Héctor Devoto el 18. Hugo Curto deberá presentarse el 20 de noviembre. El 25 fueron citados Seza Manukian y Horacio Verbitsky. Tres integrantes de la familia Noya Aldrey declararán el 27: Lourdes, Matilde y Dolores. Para el 30 de noviembre están convocados Félix Eulogio Guille y Florencio Aldrey. El 2 de diciembre deberán declarar Eduardo Duhalde, Eduardo Valdés y Jorge Taiana, entre otros. Las indagatorias culminarán el 9 de diciembre con los últimos citados.
Algunos de los convocados han solicitado declarar por Zoom para evitar el contacto con los periodistas en los tribunales, una modalidad que se ha vuelto común en procesos judiciales desde la pandemia. La jueza Capuchetti deberá resolver si acepta estas peticiones, considerando la naturaleza del caso y la seguridad de los imputados.
El delito de peculado, contemplado en el Código Penal argentino, castiga al funcionario público que sustraiga o desvíe bienes cuya administración le haya sido confiada. En este caso, se imputa a los acusados haber participado en la disposición indebida de las vacunas, un recurso escaso y crítico en el contexto de la emergencia sanitaria. La figura del peculado es grave y prevé penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El contexto histórico de la causa se remonta a los primeros meses de 2021, cuando Argentina atravesaba la segunda ola de contagios y el plan de vacunación se encontraba en una etapa inicial, con dosis limitadas y priorización para personal de salud, adultos mayores y grupos de riesgo. La revelación de que personas influyentes habían accedido a las vacunas generó indignación social y cuestionamientos a la transparencia del gobierno. La causa judicial se inició a partir de denuncias de distintos actores políticos y sociales, y fue acumulando imputados a medida que avanzaba la investigación.
Entre los implicados, se destacan figuras de distintos ámbitos: políticos, empresarios, periodistas y familiares de funcionarios. La inclusión de Eduardo Duhalde, expresidente de la Nación, añade un componente de alto impacto político, aunque su rol en el caso aún no ha sido detallado públicamente. Eduardo Valdés, diputado nacional y hombre de confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también enfrenta la acusación. Jorge Taiana, excanciller y exministro de Defensa, es otro de los nombres relevantes. Horacio Verbitsky, periodista y exdirector del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ha sido señalado por recibir la vacuna fuera de los grupos prioritarios.
Las implicancias de este proceso son múltiples. En el plano judicial, las indagatorias son un paso procesal clave que permite a los imputados ejercer su derecho a defensa antes de una posible elevación a juicio. La jueza Capuchetti deberá evaluar los argumentos de cada uno y decidir si dicta procesamientos o sobreseimientos. En el plano político, el caso continúa generando divisiones y debates sobre la ética pública y la igualdad ante la ley. La sociedad argentina, que atravesó duras restricciones durante la pandemia, observa con atención el desarrollo de la causa, que pone en evidencia las desigualdades en el acceso a recursos sanitarios esenciales.
Asimismo, el caso ha tenido un impacto en la opinión pública y en la confianza en las instituciones. La pandemia de COVID-19 exacerbó las tensiones sociales y económicas, y la percepción de que algunos privilegiados accedieron a las vacunas antes que el resto alimentó un profundo malestar. Organizaciones de la sociedad civil y expertos en transparencia han señalado la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en la administración pública.
En el ámbito internacional, casos similares se registraron en otros países, donde funcionarios y personalidades fueron acusados de saltarse las listas de priorización. Argentina no fue la excepción, y el Vacunatorio VIP se convirtió en un símbolo de la desigualdad en el acceso a la salud durante la emergencia global.
A medida que avanzan las indagatorias, se espera que surjan nuevos detalles sobre cómo se organizó el acceso irregular a las vacunas y quiénes fueron los responsables directos. La declaración de los imputados ante la jueza Capuchetti será crucial para determinar sus responsabilidades penales. El fiscal Taiano ha reunido evidencia que incluye registros de vacunación, testimonios y documentación del Ministerio de Salud y del Hospital Posadas.
El proceso judicial se extenderá hasta diciembre, con audiencias semanales que mantendrán el caso en la agenda mediática. La expectativa está puesta en la resolución de la jueza, que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en Argentina. La sociedad civil y los medios de comunicación seguirán de cerca cada paso, exigiendo transparencia y justicia.
En conclusión, las indagatorias por el Vacunatorio VIP representan un momento decisivo para la justicia argentina. La citación de figuras prominentes subraya la gravedad de las acusaciones y la determinación de los tribunales de investigar a fondo. El caso, que se originó en una investigación periodística, ha trascendido lo sanitario para convertirse en un examen sobre la ética pública y la igualdad ante la ley. El desenlace de este proceso será observado no solo por su relevancia jurídica, sino también por su impacto en la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.
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