La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro de actividades que comenzará el miércoles 30 de septiembre y se extenderá entre 48 y 72 horas, en coincidencia con la Marcha Federal convocada para esa misma jornada. La medida fue resuelta durante un plenario de secretarios y secretarias del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que busca articular la protesta con la CONADU Histórica. El reclamo central es la aplicación de la recomposición salarial establecida en la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, y que cuenta con una medida cautelar de la Justicia Federal que ordena su cumplimiento.
El origen del conflicto se remonta a la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, que en sus artículos 5 y 6 dispone una actualización de haberes para docentes y no docentes, así como de las becas estudiantiles. Según los gremios, el porcentaje adeudado asciende al 334%, en tanto que las universidades estiman una recomposición del 312%. La administración de Javier Milei no ha dado cumplimiento efectivo a la norma, lo que motivó una medida cautelar del juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo. Esa cautelar fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó firme tras un fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado. Esta semana, el magistrado intimó al Gobierno a que en un plazo de cinco días dé «cumplimiento total» a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la ley.
La CONADU advirtió que el paro solo se levantará si el próximo martes 29 de septiembre la administración nacional cumple con la recomposición salarial del 334% que prevé la ley y la intimación judicial. De lo contrario, la huelga se llevará a cabo con una duración que podría extenderse hasta 72 horas. La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que el objetivo es fortalecer la organización colectiva frente a un contexto marcado por la «fragmentación e individualismo» impulsados por el gobierno de Milei. «El Plenario de la Federación expresó el tiempo que vivimos. Lo colectivo está bajo asedio. Y es nuestra tarea a contrapelo de este momento histórico construir y fortalecer lo colectivo. Porque sabemos que en la unidad hay un antídoto importante contra la fragmentación e individualismo impuestos por el gobierno de Milei», planteó Chevalier.
La protesta se enmarca en un plan de lucha que incluye acciones de agite y visibilización en los días previos, y que culminará con la Quinta Marcha Federal Universitaria el próximo 15 de octubre. Según Conadu, esa movilización debe poner nuevamente en escena la situación crítica del sistema universitario nacional, no solo por el incumplimiento de la ley, sino también por lo que considera un proyecto de Presupuesto 2027 restrictivo. La organización anticipó que se llevarán adelante articulaciones parlamentarias con diputados y senadores de distintas provincias para potenciar el pedido.
El conflicto universitario se desarrolla en un contexto económico complejo. La inflación acumulada en los últimos doce meses, según datos oficiales, se sitúa en torno al 120%, lo que ha erosionado de manera significativa el poder adquisitivo de los salarios docentes. La recomposición exigida busca compensar esa pérdida, pero el Gobierno ha argumentado limitaciones fiscales para otorgar aumentos que superen lo previsto en el presupuesto nacional. Hasta el momento, la oferta oficial no ha sido aceptada por los gremios, que la consideran insuficiente.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso, con votos de diversos bloques políticos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo la observó parcialmente y luego la reglamentó de forma restrictiva, lo que derivó en el conflicto judicial. La Corte Suprema, al dejar firme la cautelar, sentó un precedente sobre la obligatoriedad de acatar las decisiones judiciales en materia de financiamiento educativo. El juez Cormick, al intimar al Gobierno, estableció un plazo perentorio que vence el próximo martes 29. Si no hay acatamiento, el conflicto podría judicializarse aún más, con posibles sanciones para los funcionarios responsables.
Las consecuencias del paro se extienden más allá del ámbito salarial. Las universidades nacionales, que dependen en gran medida de los fondos del Tesoro, han visto retrasos en los pagos de gastos de funcionamiento, lo que afecta la prestación de servicios básicos como bibliotecas, laboratorios y mantenimiento edilicio. Los estudiantes, por su parte, enfrentan la incertidumbre sobre la continuidad del ciclo lectivo y la eventual pérdida de días de clase. Las becas estudiantiles, cuyo ajuste también está previsto en la ley, son un componente crítico para garantizar el acceso y la permanencia de sectores vulnerables en el sistema universitario.
En el plano político, el conflicto pone a prueba la capacidad de diálogo entre el Gobierno y los sindicatos. La administración de Milei ha mantenido una postura firme de no ceder a lo que considera presiones corporativas, mientras que los gremios denuncian una política de desfinanciamiento deliberado. La Quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, podría convertirse en una demostración de fuerza de ambos lados. La CONADU ha llamado a participar a toda la comunidad educativa, incluyendo a estudiantes, docentes y no docentes, en lo que se perfila como una de las protestas más significativas del año.
El paro del 30 de septiembre coincidirá con la Marcha Federal, lo que multiplicará el impacto de la protesta. Se espera que la movilización se concentre en la Ciudad de Buenos Aires y se replique en las principales ciudades del interior. Los organizadores estiman una convocatoria masiva, similar a las anteriores marchas universitarias que reunieron a cientos de miles de personas. La duración de la huelga, de 48 a 72 horas, afectará las actividades académicas en todo el país, aunque algunas universidades podrían implementar guardias mínimas para garantizar servicios esenciales.
El Gobierno, por su parte, ha convocado a los gremios a una reunión para el lunes 28, en un intento de desactivar el conflicto antes de que se inicie. Sin embargo, los sindicatos han anticipado que no asistirán si no hay una propuesta concreta de recomposición salarial. La reunión, de concretarse, sería la última oportunidad para evitar el paro. Mientras tanto, el Ministerio de Educación ha reiterado que trabaja en una propuesta que se ajuste a las posibilidades fiscales, pero sin precisar montos ni plazos.
El desenlace de esta crisis dependerá de la capacidad de negociación de las partes y del cumplimiento de la intimación judicial. Si el Gobierno acata la medida cautelar, el paro podría levantarse. Si no lo hace, la huelga se profundizará y la marcha del 15 de octubre cobrará una dimensión aún mayor. En cualquier caso, el conflicto universitario se ha convertido en un termómetro de la tensión social y política en Argentina, y sus repercusiones se sentirán en el ámbito educativo, económico y judicial.
La comunidad universitaria aguarda expectante las definiciones de las próximas horas. El lunes 29 vence el plazo para que el Gobierno cumpla con la intimación. El martes 29, según el anuncio de CONADU, se evaluará si se mantiene el paro. El miércoles 30, las calles y las aulas serán el escenario de una disputa que trasciende lo salarial y pone en juego el modelo de financiamiento de la educación superior en el país.
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