La conducción del fútbol mundial atraviesa un período de cuestionamiento institucional sin precedentes recientes. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, remitió el lunes una carta al Consejo de la FIFA y a las 211 asociaciones miembro en la que propone someter el sistema de gobernanza del organismo a una revisión externa e independiente, además de impulsar una consulta directa y estructurada con las confederaciones y federaciones nacionales para rediseñar los procesos de toma de decisiones. La iniciativa se conoce luego del fracaso del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), un plan que contemplaba la entrada de inversores privados en participaciones vinculadas con la Copa del Mundo y otras competiciones organizadas por la FIFA.
La propuesta de Infantino será presentada formalmente en la próxima reunión del Consejo de la FIFA, prevista para el 15 de octubre. Según la carta a la que tuvo acceso The Associated Press, el dirigente suizo plantea que el Consejo evalúe la conveniencia de encargar una evaluación externa e independiente del actual marco de gobernanza para las principales iniciativas estratégicas, con el objetivo de que se recomienden posibles mejoras. Asimismo, propone que el Consejo establezca una consulta directa, estructurada y con plazos definidos con las confederaciones y las asociaciones miembro sobre cómo reforzar los procesos de toma de decisiones de la FIFA.
El proyecto FIFA Forward Enterprise consistía en la posibilidad de que inversores privados adquirieran participaciones económicas vinculadas con los derechos comerciales de la Copa del Mundo y de otros torneos organizados por la FIFA. La iniciativa trascendió públicamente antes de que se completara el proceso institucional interno previsto por el organismo. Esa filtración provocó críticas y profundizó las diferencias entre las asociaciones miembro. Algunos dirigentes de peso, entre ellos representantes vinculados con la UEFA, retiraron su respaldo al presidente de la FIFA.
En la carta, Infantino reconoció que la propuesta se hizo pública antes de que se completara el proceso institucional previsto y antes de que pudiera presentarse íntegramente al Consejo y a las asociaciones miembro. «Reconozco que sin el contexto completo esto generó preocupación y creó la impresión de que ya se habían tomado decisiones. No fue así», explicó el presidente de la FIFA. El dirigente sostuvo que la filtración distorsionó el alcance del proyecto y generó una reacción adversa en el ecosistema del fútbol mundial.
La controversia también derivó en acciones legales. El mes pasado, la UEFA comenzó a preparar denuncias penales contra Infantino ante tribunales de Estados Unidos por el proyecto FFE y solicitó la divulgación de los documentos relacionados con la iniciativa. La Confederación Europea de Fútbol, uno de los actores con mayor peso económico y deportivo dentro de la FIFA, ha sido uno de los principales focos de resistencia al plan de inversores privados. La posibilidad de que capital externo adquiera participación en los ingresos de la Copa del Mundo ha generado preocupación entre las federaciones europeas, que temen una pérdida de control sobre el principal activo comercial del fútbol mundial.
Pese al revés institucional, Infantino ratificó su intención de buscar nuevas fuentes de ingresos para la FIFA y aumentar los recursos destinados al desarrollo del fútbol. «Retirar esta propuesta no reduce nuestra ambición ni nuestra responsabilidad de reinvertir una mayor parte de los frutos del éxito de la FIFA en el fútbol. Seguiremos explorando formas sostenibles de aumentar los recursos de la FIFA», afirmó. Y añadió: «Lo que cambia no es la ambición sino la solidez del proceso».
La crisis de gobernanza se produce además en un contexto de creciente escrutinio sobre el modelo de gestión de la FIFA. Desde la reforma estatutaria de 2016, impulsada tras los escándalos de corrupción que derivaron en la intervención judicial de Estados Unidos y en la salida de Joseph Blatter, el organismo adoptó un sistema de gobernanza basado en la separación de poderes entre el Consejo, la Secretaría General y los comités independientes. Sin embargo, la concentración de poder en la figura del presidente y la influencia del Consejo en decisiones estratégicas clave han sido objeto de críticas recurrentes por parte de académicos, organizaciones de transparencia y algunas federaciones nacionales.
El proyecto FIFA Forward Enterprise, cuyo nombre remite al programa FIFA Forward de desarrollo, habría implicado la creación de una estructura de inversión con participación de capital privado en los derechos comerciales del Mundial. Según trascendidos, el plan contemplaba la venta de participaciones minoritarias a fondos de inversión y empresas privadas, con el objetivo de capitalizar el organismo y aumentar los recursos destinados a programas de desarrollo. La oposición de la UEFA y de otras confederaciones se centró en el riesgo de que la FIFA perdiera el control sobre la explotación comercial del torneo más rentable del mundo y en la falta de transparencia del proceso.
El fútbol mundial atraviesa un momento de reconfiguración económica. La Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, proyecta ingresos récord por derechos de televisión, patrocinios y venta de entradas. La FIFA ha expandido el formato del torneo a 48 selecciones, lo que aumentará el número de partidos y, en consecuencia, los ingresos comerciales. En ese contexto, la propuesta de incorporar inversores privados buscaba monetizar anticipadamente esos flujos futuros para financiar programas de desarrollo y reservas. La resistencia de las federaciones europeas se explica también por el temor a que una estructura de ese tipo diluya su influencia en la toma de decisiones y favorezca a los inversores en detrimento de los intereses deportivos.
La revisión independiente que propone Infantino apunta a reconstruir la legitimidad institucional del organismo. La evaluación externa del marco de gobernanza para iniciativas estratégicas podría incluir aspectos como la transparencia en la formulación de propuestas, la participación de las confederaciones en las decisiones de inversión, los mecanismos de rendición de cuentas y los conflictos de interés. La consulta estructurada con las 211 asociaciones miembro, por su parte, buscaría ampliar la base de legitimidad de las reformas y evitar que un grupo reducido de federaciones concentre el poder de decisión.
El antecedente inmediato de esta crisis es la reforma estatutaria de 2016, que creó un Consejo con mayor representación de las confederaciones y estableció límites de mandato para el presidente. No obstante, la práctica política ha mostrado que el presidente mantiene una influencia decisiva en la agenda y en la designación de cargos clave. La propuesta de Infantino de someter la gobernanza a una revisión independiente puede interpretarse como un intento de desactivar la crisis y de recuperar la confianza de las federaciones críticas, aunque también como una maniobra para dilatar las decisiones y preservar su posición hasta la próxima reunión del Consejo.
La UEFA, por su parte, ha endurecido su postura. Además de preparar denuncias penales ante tribunales de Estados Unidos, el organismo europeo ha solicitado la divulgación de documentos relacionados con el proyecto FFE. La vía judicial estadounidense es relevante porque la FIFA tiene sede en Zúrich, pero sus operaciones comerciales y contratos con empresas de medios y patrocinadores están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos, país que ha sido escenario de los principales casos de corrupción en el fútbol internacional. La posibilidad de que se inicien acciones penales contra Infantino añade un factor de riesgo jurídico y reputacional para el presidente.
El impacto de esta crisis trasciende la interna dirigencial. Las asociaciones miembro, especialmente las de menor tamaño y recursos, dependen de los programas de desarrollo de la FIFA para financiar infraestructura, formación de entrenadores y competiciones juveniles. La incertidumbre sobre el futuro de los ingresos y sobre la gobernanza del organismo puede afectar la planificación de esos programas. Asimismo, los patrocinadores y socios comerciales de la FIFA observan con atención la evolución institucional, ya que la estabilidad de la gobernanza es un factor clave para la valoración de los activos comerciales.
En el plano geopolítico, la crisis refleja las tensiones entre Europa, que concentra el mayor peso económico y deportivo del fútbol mundial, y otras regiones que han ganado influencia en los últimos años. La FIFA ha impulsado la expansión del torneo y la diversificación de ingresos, pero la oposición de la UEFA evidencia que el equilibrio de poder dentro del organismo sigue siendo frágil. La propuesta de consulta directa con las 211 asociaciones miembro podría interpretarse como un intento de Infantino de ampliar su base de apoyo más allá de Europa, apelando a las federaciones de África, Asia y América, que suelen respaldar sus iniciativas.
La reunión del Consejo del 15 de octubre será determinante para el futuro inmediato de la gobernanza de la FIFA. En ese encuentro se debatirá la propuesta de revisión independiente y la consulta estructurada. Si el Consejo aprueba la iniciativa, se abriría un proceso de evaluación externa que podría derivar en reformas estatutarias y en un nuevo marco para las decisiones estratégicas. Si, por el contrario, la propuesta no prospera, la crisis institucional podría profundizarse y trasladarse a otras instancias, incluidas las judiciales.
Infantino ha mantenido hasta ahora una posición de continuidad en la búsqueda de recursos, pero ha debido ceder terreno en el método. La frase «lo que cambia no es la ambición sino la solidez del proceso» resume su estrategia: preservar el objetivo de aumentar los ingresos, pero someterlo a un proceso de legitimación institucional que permita reconstruir el consenso. El éxito de esa estrategia dependerá de la capacidad del presidente para gestionar las demandas de las confederaciones, especialmente de la UEFA, y de la disposición de las asociaciones miembro a participar en una consulta que podría redefinir el equilibrio de poder en el fútbol mundial.
La crisis también expone las limitaciones del modelo de gobernanza adoptado tras 2016. La separación formal de poderes no ha impedido que las decisiones estratégicas de mayor impacto se concentren en la cúpula del organismo. La propuesta de revisión independiente, si se implementa con autonomía y transparencia, podría convertirse en un precedente para otras federaciones internacionales. Si, en cambio, se limita a una operación de imagen, la desconfianza de las federaciones críticas se mantendrá y el conflicto podría reemergir en el futuro.
El desenlace de esta crisis tendrá consecuencias para la organización de la Copa del Mundo de 2026 y para la relación de la FIFA con sus socios comerciales y con los gobiernos de los países anfitriones. La estabilidad institucional es un requisito para la planificación de un torneo de la magnitud del Mundial. La revisión independiente y la consulta estructurada propuestas por Infantino buscan, precisamente, restaurar esa estabilidad. El tiempo y la respuesta de las 211 asociaciones miembro determinarán si el organismo logra superar la crisis o si entra en una etapa de mayor fragmentación.
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