La disputa entre La Pampa y Mendoza por los recursos hídricos y energéticos del río Atuel ha escalado a su punto más álgido en décadas. El viernes, un decreto del presidente Javier Milei modificó el esquema de distribución de las regalías de la represa Los Nihuiles, otorgando el 100% de los ingresos a Mendoza, que antes compartía al 50% con La Pampa. Esta medida, que deroga el Decreto 1560/73 vigente desde hace 53 años, ha generado una reacción inmediata del gobernador pampeano Sergio Ziliotto, quien calificó la acción como un «robo» y anunció acciones legales. El conflicto, que involucra reclamos por US$ 680 millones y tensiones políticas internas en ambos frentes, refleja la profundidad de una disputa territorial y de recursos que trasciende los partidos políticos.
El origen del conflicto se remonta a la década de 1970, cuando se estableció un reparto equitativo de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado en territorio mendocino pero que aprovecha las aguas del río Atuel, cuyo cauce también atraviesa La Pampa. Durante más de cinco décadas, ambas provincias recibieron partes iguales de los ingresos, que en 2025 totalizaron aproximadamente US$ 25 millones, según datos oficiales. Sin embargo, el precio de la energía en ese período estaba depreciado, y Mendoza sostiene que con la actualización tarifaria, el monto podría incrementarse significativamente en los próximos años. El decreto firmado por Milei y el ministro de Economía Luis Caputo no solo cambia la distribución, sino que también habilita una nueva licitación del sistema hidroeléctrico por 30 años, un proceso que podría redefinir el control de los recursos.
La reacción de La Pampa no se hizo esperar. El gobernador Ziliotto, del Partido Justicialista, denunció en redes sociales: «No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei que deroga el Decreto 1560/73 nos quitan sus regalías. ¡No nos quedaremos quietos! El Río Atuel también es pampeano!!!». Su gobierno prepara una medida cautelar para frenar el decreto, aunque aún no la ha presentado formalmente. Lo llamativo es que ha recibido apoyo de la oposición pampeana, incluido el senador nacional de la UCR Daniel Kroneberger, quien afirmó: «Los intereses de La Pampa están por encima de cualquier gobierno. Frente a la decisión del Gobierno nacional de quitarle a nuestra provincia las regalías de Los Nihuiles debemos defender nuestros derechos con todos los instrumentos institucionales disponibles». Esta postura refleja un consenso provincial inusual, donde las diferencias partidarias se diluyen frente a lo que se percibe como una amenaza externa.
En Mendoza, en cambio, la situación es más compleja. El decreto fue recibido con beneplácito por el gobierno provincial, liderado por el radical Alfredo Cornejo, quien ve en la medida un reconocimiento a la soberanía mendocina sobre sus recursos. Sin embargo, el frente interno de la UCR mendocina muestra fisuras. El exgobernador Rodolfo Suárez criticó públicamente al diputado nacional Luis Petri, quien se postula para la gobernación en 2027 y celebró el decreto. Suárez, que también aspira a liderar el radicalismo local, cuestionó la postura de Petri, evidenciando una interna que podría condicionar las alianzas electorales futuras. Mientras tanto, el peronismo mendocino, que gobierna varios municipios clave, no se ha pronunciado oficialmente, lo que sugiere una estrategia de bajo perfil para no desgastar su imagen en un tema sensible.
El trasfondo hídrico agrava la disputa. En julio de 2020, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de La Pampa, ordenando a Mendoza liberar un caudal mínimo de 32 metros cúbicos por segundo del río Atuel en el ingreso al norte pampeano, a la altura del Puente de los Vinchuqueros. Hasta la fecha, Mendoza no ha cumplido cabalmente con la manda judicial, argumentando que se trata de «una meta» y que La Pampa no ha realizado las obras necesarias para recibir ese volumen de agua. Este incumplimiento ha sido uno de los argumentos esgrimidos por La Pampa para exigir compensaciones económicas y ahora se suma al reclamo por las regalías, elevando el monto total de la demanda a US$ 680 millones, según estimaciones oficiales.
El impacto económico de la medida es significativo. Para La Pampa, la pérdida de las regalías representa una merma en sus ingresos fiscales, que podrían afectar obras públicas y servicios esenciales. Según el presupuesto provincial 2026, los fondos provenientes de Los Nihuiles representaban el 1,5% de los recursos totales, pero en un contexto de ajuste fiscal, cualquier reducción es crítica. Mendoza, por su parte, argumenta que la inversión en infraestructura hidroeléctrica y el mantenimiento del complejo justifican su reclamo de la totalidad de las regalías. No obstante, expertos en derecho de aguas señalan que el principio de equidad interprovincial, consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional, podría jugar en contra de la postura mendocina si el caso llega a la Corte Suprema.
La dimensión política del conflicto es igualmente relevante. La Pampa, gobernada por el peronismo, ha encontrado en este tema un punto de unidad con la oposición radical, lo que podría fortalecer la posición de Ziliotto de cara a las elecciones de 2027. En Mendoza, la interna radical entre Suárez y Petri anticipa una batalla por el liderazgo provincial que podría debilitar al frente oficialista. A nivel nacional, el decreto de Milei se inscribe en una estrategia de reordenamiento de recursos energéticos que ya ha generado tensiones con otras provincias, como Neuquén y Río Negro, por el manejo de represas en la cuenca del Comahue.
El conflicto por el Atuel también tiene una dimensión ambiental y social. La escasez hídrica en la región cuyana ha sido motivo de preocupación durante años, y la falta de acuerdo entre las provincias ha impedido una gestión integral de la cuenca. Organizaciones ambientalistas han advertido que la sobreexplotación del río podría afectar ecosistemas frágiles y comunidades que dependen del agua para actividades agrícolas y ganaderas. En La Pampa, la ausencia de un caudal mínimo ha llevado a la desertificación de tierras productivas, mientras que en Mendoza se prioriza el uso para riego de viñedos y otras producciones intensivas.
La judicialización del conflicto parece inevitable. La Pampa ya ha anunciado que recurrirá a la Corte Suprema para impugnar el decreto, argumentando que viola el principio de no regresión ambiental y los derechos adquiridos sobre las regalías. Mendoza, por su parte, defenderá la legalidad de la medida y tratará de demostrar que el reparto anterior era injusto. Mientras tanto, el Gobierno nacional se mantiene firme en su decisión, aunque fuentes oficiales admiten que podrían buscar una salida negociada para evitar un fallo adverso que siente precedente para otros conflictos interprovinciales.
En conclusión, el decreto de Milei ha reavivado una disputa histórica entre La Pampa y Mendoza, con implicancias económicas, políticas y ambientales de largo alcance. La decisión de otorgar el 100% de las regalías a Mendoza no solo afecta los ingresos pampeanos, sino que también cuestiona el equilibrio federal en la distribución de recursos naturales. La interna radical mendocina y el apoyo opositor pampeano evidencian que el conflicto trasciende lo partidario y se ha convertido en una causa provincial. Con un reclamo de US$ 680 millones de por medio y un fallo judicial pendiente de cumplimiento, el camino hacia una solución parece largo y complejo, con ambas provincias aferradas a sus posiciones y el Gobierno nacional en el centro de la tormenta.
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