El Poder Ejecutivo Nacional formalizó este martes una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Comodoro Py contra las personas físicas y jurídicas vinculadas al proyecto de exploración y explotación hidrocarburífera offshore conocido como Sea Lion, que se desarrolla en la Cuenca Malvinas Norte, dentro de la Plataforma Continental Argentina. La presentación, de 19 páginas y con énfasis en delitos de acción pública, fue firmada por el canciller Pablo Quirno y el Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y quedó radicada en los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objeto central de la denuncia es el desarrollo de actividades hidrocarburíferas sin la habilitación de las autoridades nacionales, en contradicción con lo establecido por la Ley 26.659, sancionada en 2011. Dicha norma regula la actividad en la Plataforma Continental Argentina y establece un régimen de sanciones para quienes operen sin permiso, autorización o concesión otorgada por el Estado Nacional. La denuncia menciona explícitamente la existencia de un esquema empresarial integrado, cuya composición definitiva deberá ser determinada durante la investigación, y se dirige contra las sociedades Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic Limited, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La presentación judicial se enmarca en una secuencia de acciones ejecutadas por el Gobierno Nacional en días recientes. El jueves pasado, el Poder Ejecutivo realizó una cadena nacional para informar sobre las medidas a adoptar. Posteriormente, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 868/2026, que introduce modificaciones en la aplicación de la Ley 26.659, ampliando las facultades de control y sanción sobre actividades no autorizadas en la plataforma continental. La denuncia penal constituye un paso complementario en esa estrategia, orientada a proteger los derechos soberanos de la República Argentina sobre sus recursos naturales.
La Procuración del Tesoro, en defensa de los intereses del Estado, considera que es deber del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal iniciar una investigación penal para esclarecer los hechos relacionados con el Proyecto Sea Lion y las licencias conexas ubicadas en la Cuenca Malvinas Norte. En el texto de la denuncia se afirma: «Vengo a formular denuncia penal por la posible comisión de delitos de acción pública… contra las sociedades ‘Navitas Petroleum Development & Production Ltd.’ y ‘Navitas Petroleum Atlantic Limited’… ‘Navitas Petroleum LP’… ‘JHI Associates Inc.’… y ‘Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.’…».
El escrito precisa que la denuncia también se dirige contra los directores, administradores, representantes y demás personas humanas que hubieren intervenido en la adopción o ejecución de las decisiones vinculadas con las actividades denunciadas. No obstante, se aclara que la presentación no pretende formular una imputación definitiva respecto de personas determinadas, sino poner en conocimiento de la Justicia Federal hechos que podrían configurar delitos de acción pública.
En cuanto al fundamento fáctico, la Procuración del Tesoro y la Cancillería expresaron que el Estado Nacional tomó reciente conocimiento del «inminente inicio de actividades de explotación hidrocarburífera offshore» correspondientes al Proyecto Sea Lion. Según la documentación societaria e institucional que obra en poder del Ejecutivo, el desarrollo denominado Sea Lion Northern Development habría alcanzado la instancia conocida como Final Investment Decision (FID), que es la etapa en la que se aprueba formalmente la inversión para proceder con la extracción de hidrocarburos.
Las implicancias de esta denuncia son de diversa índole. En el plano jurídico, sienta un precedente sobre la interpretación que el Estado Nacional hace de la Ley 26.659 y su aplicabilidad a operaciones que se realizan en áreas marítimas en disputa de soberanía. En el plano político, refuerza la posición histórica de la Argentina respecto de la cuestión Malvinas, que es de carácter permanente e irrenunciable según lo establece la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. En el plano económico, la acción judicial podría afectar las operaciones de las empresas mencionadas y eventualmente disuadir futuras inversiones no autorizadas en la región.
La investigación judicial determinará si las actividades del proyecto Sea Lion constituyen una violación de la normativa Argentina y si los delitos denunciados son efectivamente configurados. El avance del proceso dependerá de la recolección de pruebas, la cooperación internacional y las decisiones de los tribunales. En el contexto de la disputa por la soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, esta denuncia añade un elemento contencioso de relevancia en el plano bilateral con el Reino Unido, aunque las implicancias diplomáticas no son objeto de esta presentación. El caso, identificado como un expediente por delitos de acción pública, queda ahora en manos de la Justicia Federal argentina para su trámite y resolución conforme a derecho.
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