El clima electoral comienza a permear la agenda legislativa, y la oposición ha decidido tomar la delantera en un tema sensible: la emergencia en discapacidad. Un conjunto de fuerzas políticas, que incluye desde Unión por la Patria hasta aliados ocasionales del oficialismo, impulsa un proyecto para prorrogar por un año adicional la vigencia de la Ley 27.793, que actualmente estipula la emergencia hasta diciembre de 2026. La iniciativa, presentada por el diputado Juan Marino y el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, ha logrado reunir firmas de legisladores de distintos espacios, configurando un arco de apoyo que podría garantizar su aprobación en el recinto.
La Ley 27.793, sancionada en 2024, declaró la emergencia en materia de discapacidad en todo el territorio nacional, estableciendo un marco regulatorio especial para el sector. Entre sus principales disposiciones, creó la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, una prestación mensual equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, y estableció una compensación de emergencia para los prestadores de servicios, que sufrieron una pérdida significativa de poder adquisitivo debido a la inflación entre 2023 y 2024. No obstante, el proyecto de prórroga sostiene que la implementación de la ley fue tardía y limitada, en gran parte por el veto del presidente Javier Milei, la posterior insistencia del Congreso y las trabas administrativas que dificultaron su aplicación, así como diversos fallos judiciales que frenaron avances.
El proyecto de prórroga cuenta con el respaldo de la jefa del bloque Provincias Unidas, la santafesina Gisela Scaglia, cuyo bloque agrupa a 18 miembros; Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; la Izquierda, representada por Nicolás Del Caño; y legisladores de Misiones y Salta que integran el bloque Innovación Federal. También se suman la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández, quienes tienen monobloques. La sumatoria de estos apoyos, si todos concurren al recinto, alcanzaría el quórum necesario para aprobar la iniciativa. Sin embargo, el desafío más complejo radica en la obtención del dictamen, puesto que La Libertad Avanza no convoca a comisiones que no considera prioritarias.
El camino opositor se presenta con obstáculos. El oficialismo giró el proyecto a tres comisiones: Discapacidad, Salud y Presupuesto, todas ellas presididas por legisladores libertarios, quienes tienen la facultad de convocar a un plenario para discutir el tema. Ante la inacción, los firmantes del proyecto que integran la comisión de Discapacidad —Marino, la jujeña María Inés Zigarán, el salteño Bernardo Biella y Del Caño— presentarán en los próximos días una nota para exigir al presidente de la comisión, Gerardo Huessen, que convoque a una reunión. Si no obtienen respuesta, la oposición deberá recurrir al mecanismo de emplazamiento, un procedimiento más largo que requiere una votación especial en el recinto para forzar el tratamiento.
La emergencia en discapacidad responde a una crisis estructural que afecta a un sector vulnerable. Desde el Foro de Discapacidad, una organización que agrupa a personas con discapacidad, familias, trabajadores y prestadores, han manifestado su preocupación por el incumplimiento de la ley. En un comunicado difundido en redes sociales, señalaron: «Los aranceles están muy por debajo de lo necesario. Nunca se realizó el estudio de costos previsto por la ley. Siguen sin otorgarse pensiones por discapacidad. Las compensaciones de emergencia no se están pagando». El foro subrayó que «esta exigencia es de todos: personas con discapacidad, familias, trabajadores, prestadores y sociedad en general», evidenciando que la prórroga es vista como una necesidad urgente más que como una medida política.
Las implicancias de esta disputa trascienden el ámbito legislativo. La extensión de la emergencia tendría un impacto directo en la vida de miles de personas que dependen de los servicios y prestaciones previstas, así como en los prestadores que enfrentan una situación financiera delicada. Desde una perspectiva económica, la compensación de emergencia y la actualización de aranceles son cruciales para mantener la sostenibilidad del sistema de atención. La demora en el tratamiento no solo afecta la implementación de la ley, sino que también genera incertidumbre en un sector que ya ha sido golpeado por la inflación y la falta de medidas efectivas.
El contexto electoral añade un componente estratégico. Con las elecciones legislativas de 2025 en el horizonte, la oposición busca posicionarse en temas sensibles para la ciudadanía, y la discapacidad es uno de ellos. El oficialismo, por su parte, podría aprovechar la oportunidad para negociar modificaciones a la ley o para retrasar su tratamiento, en función de sus prioridades legislativas. La disputa por el dictamen evidencia la fragmentación política y la dificultad para lograr consensos en un Congreso polarizado.
En conclusión, la iniciativa para prorrogar la emergencia en discapacidad por un año más se basa en argumentos fácticos de incumplimiento de la ley vigente, pero su destino dependerá de la capacidad de la oposición para forzar el debate en comisiones. Mientras tanto, el Foro de Discapacidad y las organizaciones del sector continúan reclamando medidas concretas. La resolución de este conflicto no solo definirá el futuro de la Ley 27.793, sino que también sentará un precedente sobre cómo el Congreso prioriza las políticas sociales en un año electoral.
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