La disputa geopolítica entre las dos potencias más grandes del mundo escaló esta semana a un nuevo frente, esta vez en el corazón de la Patagonia argentina. La embajada de China en Buenos Aires emitió un comunicado oficial el jueves 6 de agosto de 2026 en el que rechazó de manera contundente las presiones del gobierno de Estados Unidos sobre los directivos de la Cooperativa CALF (Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada), la principal empresa eléctrica de la provincia de Neuquén.
El origen del conflicto se remonta a una investigación periodística de Clarín que reveló que la embajada estadounidense en la Argentina había advertido a los directivos de CALF sobre la posibilidad de revocarles las visas de entrada a territorio norteamericano si avanzaban con un acuerdo comercial con Huawei, el gigante tecnológico chino especializado en telecomunicaciones y equipamiento para redes 5G.
La respuesta desde Beijing no se hizo esperar. En un texto titulado «Declaración de Portavoz de la Embajada de China en Argentina sobre la arbitraria obstrucción de la cooperación entre China y Argentina por parte de Estados Unidos», la misión diplomática china sostuvo que estas prácticas «reflejan plenamente la arrogancia y los prejuicios de Estados Unidos», y las calificó como «una grave falta de respeto hacia la soberanía de otros países» y «un grave menoscabo de los principios del libre mercado».
El comunicado chino fue más allá al cuestionar la narrativa de Washington: «Estados Unidos siempre ha alardeado de sus valores de democracia y libertad, pero no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país, lo que pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita». Esta declaración refleja una escalada retórica que inscribe el caso CALF en un conflicto diplomático de mayor escala.
Huawei, la compañía objetivo de las restricciones estadounidenses, es considerada por el gobierno de Estados Unidos como una extensión del Partido Comunista Chino y de las Fuerzas Armadas de ese país. Desde 2019, la administración estadounidense ha implementado sanciones y restricciones que afectan tanto a empresas estadounidenses como a compañías de terceros países que mantengan vínculos comerciales con la firma china. El caso de CALF se inscribe en este marco de presión extraterritorial.
El gobierno argentino se encuentra en una posición delicada. El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, designado por la administración de Donald Trump, salió al cruce de las acusaciones de injerencia al aclarar que no se trata de una cuestión que afecte la «soberanía argentina», sino de una preocupación por la «seguridad de los Estados Unidos». Lamelas confirmó la información publicada por Clarín y la contextualizó dentro de la política exterior norteamericana de protección de sus intereses de seguridad nacional.
En el ámbito interno, el caso ha generado un cimbronazo político en la provincia de Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa mantiene una relación estrecha con Estados Unidos, tanto en el plano de los negocios nacionales como provinciales relacionados con Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales más importante de Argentina. La tensión entre la cooperación comercial con empresas estadounidenses en el sector energético y el avance de acuerdos tecnológicos con China coloca al gobernador en una encrucijada diplomática de difícil resolución.
CALF, con su carácter cooperativo y su rol central en el suministro eléctrico de la región patagónica, se ha convertido involuntariamente en un escenario donde se materializa la disputa global por el dominio tecnológico. La cooperativa, que presta servicios esenciales a decenas de miles de asociados, deberá ahora navegar en un campo minado de presiones internacionales que exceden por completo la lógica del servicio público local.
Los 18 directivos de CALF que podrían ver afectadas sus visas estadounidenses se enfrentan a una situación que combina la legitimidad de las decisiones empresariales internas con las consecuencias directas de la geopolítica global, donde las decisiones comerciales se entrelazan con las consideraciones estratégicas de seguridad nacional de las superpotencias.
El comunicado de la embajada china concluye con un llamado directo: «Instamos a la parte estadounidense a que corrija su percepción de China y ponga fin a sus prácticas hegemónicas y a sus maniobras políticas». Esta frase condensa la posición oficial china ante lo que considera un caso de injerencia extranjera en las relaciones comerciales bilaterales entre Argentina y China.
El impacto potencial de este conflicto trasciende el ámbito de una cooperativa eléctrica provincial. El sistema de pagos internacionales, los flujos de inversión extranjera directa y la arquitectura de las telecomunicaciones en Sudamérica están siendo moldeados por esta tensión entre bloques. Argentina, con su papel de socio comercial tanto de Washington como de Beijing, queda atrapada en esta disputa de manera cada vez más visible.
El caso CALF podría sentar precedente para otras empresas argentinas y latinoamericanas que evalúan acuerdos con Huawei en la región. Estados Unidos ha anunciado en los últimos años sanciones económicas para quienes realicen acuerdos con la empresa china, dentro y fuera de su territorio, lo que extiende la influencia de Washington más allá de sus fronteras. La cooperativa neuquina deberá sopesar los costos y beneficios de su decisión comercial en un entorno internacional cada vez más polarizado.
Hasta el momento, ni CALF ni las autoridades del gobierno nacional argentino han emitido pronunciamientos oficiales sobre el conflicto, a la espera de que las tensiones diplomáticas entre ambas potencias se resuelvan en términos que no perjudiquen los intereses económicos y energéticos de la provincia y del país.
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