El 5 de agosto de 2026, un grupo de familiares de peruanos presuntamente reclutados por Rusia para luchar en la guerra contra Ucrania se congregó frente a la embajada rusa en Lima. La protesta, que reunió a decenas de personas, tuvo como objetivo exigir información sobre el paradero de sus allegados, especialmente aquellos que resultaron heridos en combate. Según los manifestantes, después de meses de denuncias, no han recibido respuestas concretas ni de las autoridades rusas ni de la Cancillería peruana.
Este fenómeno, que comenzó de manera esporádica en 2025, ha tomado mayor relevancia en los primeros meses de 2026. En Perú, al menos 150 casos han sido reportados ante la Fiscalía, aunque la cifra exacta sigue siendo incierta. Norma, una de las representantes del grupo de víctimas, cuyo hijo figura como desaparecido, afirmó que “al menos 150 están muertos, pero no tenemos la confirmación oficial de la Cancillería”. Esta declaración refleja la desesperación de las familias, que aseguran que Rusia ha mostrado una “total indiferencia” hacia la situación de los reclutados, tratándolos “como esclavos”.
El caso de José, un peruano que logró comunicarse por videollamada desde un sanatorio cerca de Moscú, ilustra la gravedad del asunto. José, quien viajó a Rusia con un contrato para trabajar como personal de limpieza y paramédico, afirmó que después de unos meses fue sometido a un entrenamiento militar y enviado a primera línea de batalla. En el hospital, donde permanece ingresado, presenta esquirlas alojadas cerca de la arteria pulmonar y el corazón. “No me han operado, tengo esquirlas en el corazón”, dijo visiblemente afectado. Su hermana, Carolina Fernández, denunció que los médicos le indicaron que “tiene que sobrevivir con eso” y que será reenviado al frente el 15 de agosto.
La modalidad de reclutamiento, según los testimonios, se basa en la promesa de empleos bien remunerados en Rusia, pero una vez en el país, los peruanos son obligados a firmar contratos militares y enviados a zonas de conflicto. Este patrón ha sido denunciado también en otros países de América Latina, como Argentina, donde se han reportado casos similares. La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha emitido alertas para prevenir este tipo de tráfico de personas.
En el plano institucional, la Fiscalía de Perú ha abierto investigaciones por presuntos delitos de trata de personas. Sin embargo, los familiares denuncian que los reclutadores, quienes operan con engaños y se aprovechan de la falta de oportunidades económicas en el país, siguen en libertad y sus casos “duermen en la Fiscalía”. Norma, quien se reunió con la entonces presidenta electa Keiko Fujimori, expresó: “Esos estafadores están estafando, engañando, aprovechándose del dolor ajeno, prometiendo por la falta de oportunidades aquí”.
Las implicancias de este fenómeno son múltiples. Por un lado, evidencia una red de tráfico de personas que opera a nivel internacional, con ramificaciones en países en crisis económica. Por otro, plantea un desafío diplomático para el Perú, que debe equilibrar sus relaciones con Rusia y la protección de sus ciudadanos. Además, la falta de transparencia por parte de las autoridades rusas y la lenta respuesta de la Cancillería peruana generan un clima de desconfianza y descontento social. Las familias exigen acciones concretas, no solo promesas.
En conclusión, el reclutamiento de peruanos por Rusia para la guerra en Ucrania es un problema que trasciende lo individual y se convierte en un asunto de derechos humanos. La comunidad internacional debe prestar atención a estas denuncias y presionar para que se garantice el regreso seguro de los ciudadanos engañados. Mientras tanto, los familiares continúan su lucha, con carteles que dicen “Devuélvanlos” y “Justicia”, mientras sostienen un ataúd de cartón simbólico, esperando que sus voces no queden en el silencio.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
