El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó en contra del pedido del juez de la Cámara Federal de Comodoro Py, Martín Irurzun, para continuar en el cargo una vez superados los 75 años de edad, límite máximo fijado por la Constitución Nacional para el ejercicio de la función judicial. El dictamen, presentado el jueves ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sienta las bases procesales para una eventual resolución del máximo tribunal, aunque las perspectivas de un fallo inmediato son inciertas.
El caso Irurzun se encuentra en una etapa judicial avanzada. Luego de que el Poder Ejecutivo Nacional no avalara su solicitud de extensión de mandato por cinco años adicionales —prerrogativa que la Constitución Nacional otorga a los jueces que han alcanzado la edad límite—, el magistrado inició un recurso judicial. En primera instancia, el juzgado contencioso administrativo federal rechazó su planteo de medida cautelar para continuar en funciones, decisión que fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Tras la apelación de Irurzun, el expediente llegó a la Corte Suprema, que solicitó la opinión del procurador general.
En su dictamen, Casal hizo referencia al fallo “Schiffrin”, emitido por la Corte Suprema en 2017, que avaló la constitucionalidad del límite de edad para los jueces. Irurzun, en su presentación, argumentó que dicho precedente no se encuentra vigente porque los magistrados que lo dictaron ya no integran el tribunal. No obstante, Casal consideró que el precedente sigue siendo aplicable y que, por tanto, la solicitud del juez no debía prosperar. La interpretación del procurador se alinea con la postura del gobierno, que se ha opuesto a la continuidad de Irurzun, quien forma parte del tribunal de Comodoro Py desde hace 32 años.
La resolución del caso queda ahora en manos de la Corte Suprema, que enfrenta un escenario complejo. El máximo tribunal no tiene previsto sesionar en el corto plazo, especialmente porque uno de sus miembros, Ricardo Lorenzetti, se encuentra de licencia. Los otros dos jueces actuales, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, no han programado reuniones para abordar el tema. En caso de que se requiera un cuórum, se debería convocar a un conjuez, opción que, según fuentes judiciales citadas por Clarín, no está en los planes inmediatos del tribunal.
Este vacío de decisión genera incertidumbre sobre el estado en que quedará Irurzun a partir del sábado. Existen interpretaciones divergentes. Por un lado, se menciona el antecedente de la exjueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, quien, según lo dispuesto por la Corte, debía cesar el mismo día de cumplir 75 años si el trámite administrativo de su continuidad no estaba completo. En ese caso, la decisión se tomó en un expediente administrativo. Sin embargo, en el caso de Irurzun, el proceso se sustancia en una causa judicial, lo que abre la posibilidad de que el juez pueda continuar en funciones hasta que se resuelva su planteo, incluso después de haber alcanzado la edad límite. Existe también la postura de que si se resuelve con el magistrado ya cumplidos los 75, el expediente podría devenir abstracto.
El contexto político es un factor relevante. El gobierno de Javier Milei no avaló la continuidad de Irurzun, a diferencia de otras extensiones que sí fueron aprobadas. Casos como los de Carlos Mahiques —padre del ministro de Justicia, Juan Mahiques— en la Cámara Federal de Casación Penal, o de Víctor Pesino, en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien obtuvo la aprobación un día después de fallar a favor de la reforma laboral impulsada por el gobierno, muestran un trato diferenciado que refuerza la percepción de que la decisión responde a criterios políticos más que estrictamente jurídicos. La administración Milei ha impulsado una renovación del tribunal de Comodoro Py, de la cual Irurzun es parte.
En conclusión, el juez Martín Irurzun se encamina a cumplir 75 años sin que la Corte Suprema se haya expedido sobre su pedido de permanencia. El dictamen del procurador Casal, que le es desfavorable, consolida la tesis de que carece de fundamento legal para continuar. Sin embargo, la falta de una resolución judicial firme antes de la fecha límite abre un campo de incertidumbre jurídica. La cuestión se reduce a determinar si la ausencia de un fallo equivale a un cese automático o si el proceso en curso suspende su aplicación. Lo que queda claro es que el caso Irurzun expone las tensiones entre la aplicación de un límite constitucional, la autonomía del poder judicial y la influencia del poder político en los nombramientos, en un contexto de profunda transformación del mapa judicial argentino.
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