La próxima semana marcará un punto de inflexión en la carrera judicial de Martín Irurzun, juez de la Cámara Federal de Comodoro Py desde 1994. El sábado 18 de julio de 2026, el magistrado alcanzará los 75 años, la edad máxima que la Constitución Nacional establece para el ejercicio del cargo. Sin embargo, Irurzun juega su última carta para evitar la salida forzosa: un pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que podría permitirle continuar en funciones.\n\nEl artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, fija en 75 años la edad límite para los jueces federales, con la posibilidad de una prórroga de cinco años si el Poder Ejecutivo solicita un nuevo acuerdo del Senado. Irurzun realizó esa gestión ante el gobierno de Javier Milei, pero la solicitud fue rechazada. Desde entonces, el camarista inició un camino judicial que lo llevó a presentar una medida cautelar autónoma en la que solicita que se ‘suspendan de inmediato los efectos jurídicos’ del inciso constitucional que establece la restricción etaria.\n\nEl argumento central de la defensa de Irurzun es que, en 1994, la Convención Constituyente no tenía atribuciones para modificar la inamovilidad de los magistrados mediante la imposición de un límite de edad, ya que esa facultad no estaba delegada por el Congreso en la ley declarativa de la necesidad de la reforma. Esta tesis fue rechazada en primera instancia por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Alonso Regueira y, posteriormente, confirmada por la Sala de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Ante este doble rechazo, Irurzun presentó un recurso de apelación para llegar a la Corte Suprema, que ahora debe decidir si interviene en el caso.\n\nLa Cámara Contencioso Administrativa, antes de resolver si envía el expediente al máximo tribunal, solicitó al Poder Ejecutivo —como parte demandada en la causa— que emita su opinión en un plazo de 24 horas. El resultado de esta presentación será determinante para definir si la Corte Suprema acepta tratar el recurso, en una carrera contrarreloj que tiene como fecha límite el 18 de julio.\n\nEl caso de Irurzun no es un hecho aislado en el contexto judicial argentino. En los últimos años, otros magistrados han planteado recursos similares para extender su permanencia en el cargo, con resultados dispares. La administración de Javier Milei ha mostrado una postura restrictiva frente a estas prórrogas, exceptuando únicamente a Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, cuya continuidad fue aprobada por el Senado.\n\nLa salida de Irurzun, sin embargo, no solo tendrá un impacto en su carrera personal sino que también generará una reestructuración en la Cámara Federal de Comodoro Py. Este tribunal es clave para el sistema de justicia argentino, ya que tramita las causas de corrupción más relevantes del país, incluyendo las investigaciones contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Irurzun integró las salas que confirmaron varios de los procesamientos de la ex mandataria, y su ausencia dejará un espacio vacante en un momento de renovación del tribunal, donde también están en juego los cargos de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.\n\nDesde una perspectiva jurídica, el planteo de Irurzun abre un debate sobre la interpretación de la inamovilidad judicial y los límites del poder constituyente derivado. Si la Corte Suprema aceptara el recurso, podría sentar un precedente significativo para otros jueces que enfrentan situaciones similares. Sin embargo, el máximo tribunal tiene la facultad de rechazar el caso sin entrar en el fondo de la cuestión, lo que dejaría firme la decisión de la Cámara y obligaría a Irurzun a dejar el cargo el próximo sábado.\n\nEn conclusión, la resolución de la Corte Suprema en los próximos días definirá si Martín Irurzun continúa en la Cámara Federal de Comodoro Py o si, por el contrario, finaliza una trayectoria judicial de 32 años. El caso no solo involucra a un magistrado en particular, sino que también pondrá a prueba los límites de la interpretación constitucional sobre la edad máxima de los jueces en Argentina, en un contexto de renovación judicial y de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
