La decisión de la fiscal Raquel Almada de liberar sin cargos a Matías Belloso, hijo del presidente del Club Atlético Rosario Central, Gonzalo Belloso, desató un conflicto institucional en el sistema judicial de Santa Fe. El hecho ocurrió cuando Belloso (26 años) fue detenido en un operativo policial en la zona norte de Rosario, junto a otras tres personas, entre ellas Fausto Carbajo, señalado en una investigación como intermediario de una red de apuestas online clandestinas. En el vehículo se halló un revólver calibre .22 sin registrar. La Fiscalía Regional liberó a Belloso argumentando que el arma no le pertenecía, pero la medida provocó el inmediato inicio de un sumario administrativo por parte de la Auditoría General de Gestión (AGG).
El caso adquiere relevancia no solo por la identidad del implicado, sino por el contexto de presión que enfrenta la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en múltiples frentes judiciales y administrativos. Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, es una figura con vínculos directos en la estructura de poder de la AFA, lo que agrega una dimensión política al incidente. La liberación de Matías Belloso se produjo en un momento de máxima exposición mediática sobre las operaciones de juego ilegal en el fútbol argentino, donde las apuestas online clandestinas han sido vinculadas a presiones sobre jugadores y a la manipulación de resultados.
Desde el punto de vista jurídico, la decisión de Almada contradice el criterio sostenido por el propio Ministerio Público de Santa Fe en casos similares. La figura de la “tenencia compartida” de armas de fuego, aplicada cuando varios ocupantes de un vehículo están expuestos al objeto ilegal, ha sido confirmada en antecedentes judiciales de la provincia, incluso con condenas firmes. La AGG decidió retirar el legajo de Almada y asignarlo al fiscal Fernando Dalmau, quien deberá evaluar si existió un apartamiento injustificado de la doctrina legal vigente. Este movimiento revela tensiones internas en el sistema de justicia santafesino, donde la autonomía de los fiscales se enfrenta a los mecanismos de control disciplinario.
El otro detenido en el operativo, Fausto Carbajo, ha sido denunciado públicamente por el futbolista Jonatan Gómez, exjugador de Rosario Central, Racing Club y actualmente en Sarmiento de Junín. Gómez presentó una denuncia formal meses atrás, donde describió una relación de dependencia y amenazas vinculada al juego online ilegal. Según su testimonio, Carbajo le proveía créditos para apostar en plataformas virtuales sin regulación, acumulando una deuda cercana a los 50.000 dólares. Cuando Gómez no pudo pagar, Carbajo y otros presuntos miembros de la organización comenzaron a exigirle el dinero bajo amenazas. Esta denuncia expone un mecanismo sofisticado: los usuarios reciben claves personales para acceder a casinos virtuales, mientras los denominados “cajeros” administran los créditos, cobran las apuestas y canalizan los pagos mediante transferencias bancarias, billeteras virtuales o efectivo, operando al margen de los controles oficiales.
Las implicancias de este caso trascienden lo penal. La presencia de un hijo de un dirigente de la AFA en un automóvil con un arma ilegal y un señalado operador de apuestas clandestinas coloca en entredicho los discursos de transparencia y combate al juego ilegal que han impulsado algunas entidades deportivas. La AFA, bajo la presidencia de Claudio Chiqui Tapia, enfrenta múltiples causas judiciales que investigan presuntos manejos irregulares de fondos, contratos de derechos televisivos y vínculos con operadores de apuestas. El hecho ocurre en un momento en que el gobierno nacional y provincial intensifican los controles sobre las plataformas de juego online, muchas de las cuales operan desde el extranjero sin licencia oficial.
La conclusión informativa del caso apunta a que la justicia santafesina deberá resolver si existió un trato preferencial hacia Matías Belloso, lo que implicaría una violación al principio de igualdad ante la ley. Paralelamente, la investigación sobre Carbajo y la red de apuestas ilegales sigue su curso, con potencial para salpicar a figuras del fútbol, la política y el poder judicial. El sumario a la fiscal Almada será monitoreado por la Auditoría General de Gestión, que deberá informar si hubo irregularidades en su proceder. Mientras tanto, la ciudad de Rosario, ya golpeada por la violencia asociada al narcotráfico y el crimen organizado, observa con atención cómo se entrecruzan el poder deportivo, la justicia y el juego clandestino en un caso que promete nuevas revelaciones.
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