La decisión del Gobierno de avanzar con la venta de un predio perteneciente a la Armada en Ushuaia volvió a encender las alarmas dentro de las Fuerzas Armadas. Aunque oficialmente se trata de un terreno declarado «innecesario» para el servicio, fuentes militares consultadas sostienen que la medida forma parte de un proceso más amplio de desprendimiento de inmuebles estratégicos y cuestionan tanto el criterio con el que se los declara prescindibles como el destino final de los fondos que se obtengan de esas operaciones.\n\nLa Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) resolvió, mediante la Resolución 101/2026 firmada el 26 de junio, desafectar un predio de 2.939 metros cuadrados perteneciente a la Base Naval Ushuaia para incorporarlo al proceso de venta impulsado por el Poder Ejecutivo. El terreno está ubicado entre las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en un sector próximo a la planta Orión. Según el expediente administrativo, el inmueble fue declarado «innecesario» y «sin destino» luego de que el Ministerio de Defensa informara, en agosto de 2025, que no existían previsiones de utilización futura. Un informe técnico de la AABE señaló, además, que el lugar no registra ocupaciones permanentes, salvo un uso transitorio por parte de Camuzzi Gas del Sur como espacio de acopio de caños.\n\nEl debate dentro de la Armada, sin embargo, excede ampliamente ese lote puntual. Fuentes militares afirman que esos terrenos forman parte de una de las áreas más sensibles desde el punto de vista geopolítico del país. Ushuaia constituye la principal puerta de acceso nacional al Atlántico Sur, a la Antártida y al pasaje bioceánico entre los océanos Atlántico y Pacífico. En esa región convergen, además, intereses estratégicos de Estados Unidos y China, mientras persiste la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.\n\nLa preocupación también se vincula con proyectos que durante años fueron analizados para fortalecer la presencia militar en la ciudad fueguina. Entre ellos, figuraba la posibilidad de desarrollar una base naval integrada que concentrara capacidades de la Armada y permitiera ampliar la infraestructura logística para operaciones en el Atlántico Sur y la Antártida. «La ubicación de esos terrenos tiene un valor estratégico que excede completamente su valor inmobiliario», resumió un oficial consultado. Otro jefe militar utilizó una comparación para expresar el malestar dentro de la fuerza: «Es como si Estados Unidos decidiera venderle al mercado un terreno estratégico del Comando Sur en Florida».\n\nEl trasfondo de estas desvinculaciones es la política del gobierno de financiar parte del reequipamiento militar mediante la venta de inmuebles estatales. El denominado Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar prevé que las Fuerzas Armadas reciban el 70% de lo obtenido por la venta de inmuebles propios y el 10% cuando se trate de bienes pertenecientes a otros organismos. Sin embargo, las fuentes militares consultadas expresan dudas sobre la ejecución real de este plan y cuestionan la falta de transparencia en la asignación de estos recursos. La enajenación de tierras en puntos neurálgicos como Ushuaia, advierten, podría comprometer la capacidad de proyección estratégica de la Armada en un contexto de creciente competencia geopolítica en la región subantártica. La decisión de la AABE, más allá de su argumentación administrativa, abre un nuevo capítulo en el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la preservación de los activos soberanos en el extremo sur del continente.
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