El Poder Ejecutivo Nacional descartó oficialmente la realización de una auditoría interna para esclarecer los gastos con tarjetas de crédito atribuidos al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien renunció a su cargo en medio de un escándalo por supuestas irregularidades financieras. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial Adrián Ravier durante su conferencia de prensa del martes, marcando un contraste con declaraciones previas del propio funcionario.\n\nHace una semana, Ravier había señalado que el caso motivaba una investigación puertas adentro de la administración libertaria, al responder afirmativamente cuando se le consultó si se estaba evaluando una auditoría interna. Sin embargo, esta semana el portavoz corrigió su postura: “El tema está claramente en la Justicia, estas personas tienen que declarar. No hay un mecanismo aparte nuestro”, afirmó, en referencia tanto a Adorni como a Laura Schiuma y Luis Aluju, miembros de la Jefatura de Gabinete involucrados en la causa.\n\nLa investigación judicial, a cargo del fiscal federal Juan Pedro Pollicita, reveló que Adorni realizó consumos con tarjetas de crédito por un total de 139.110.716,6 pesos anuales, cifra que supera ampliamente su sueldo como funcionario público. Además, se detectó que el exjefe de Gabinete utilizó tarjetas de terceras personas para efectuar compras adicionales por 5.183.795 pesos, de los cuales 2.184.999,05 corresponden a Schiuma y 3.663.590 a Aluju. Schiuma declaró como testigo que Adorni le devolvió el dinero en efectivo.\n\nEl Gobierno ratificó que Adorni conservará la custodia oficial “por motivos de seguridad”, pese a su salida del Ejecutivo nacional. Ravier descartó cualquier mecanismo administrativo paralelo y se limitó a señalar que la causa sigue su curso en el fuero federal. El fiscal aguarda el informe final de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para determinar si solicita la indagatoria del exfuncionario. Si ello ocurre, la suerte de Adorni quedará en manos del juez federal Ariel Lijo.\n\nLa postura del Gobierno genera interrogantes sobre el control interno de los gastos en la administración pública, especialmente cuando se trata de funcionarios de alto rango. La decisión de no realizar una auditoría interna contrasta con las prácticas habituales en casos de esta naturaleza y deja toda la responsabilidad investigativa en el ámbito judicial, lo que podría ralentizar el proceso. Desde el punto de vista político, el caso añade presión sobre la gestión libertaria, que busca mantener una imagen de transparencia a pesar de las controversias.\n\nEl caso Adorni expone las fisuras en los mecanismos de control administrativo del Poder Ejecutivo y subraya la dependencia exclusiva del sistema judicial para resolver presuntas irregularidades financieras. A medida que la investigación avanza, la falta de una auditoría interna podría interpretarse como una señal de debilidad institucional, aunque el Gobierno insiste en que la justicia es el ámbito adecuado para dirimir estas cuestiones. El desenlace dependerá de los informes técnicos y de las decisiones del fiscal Pollicita, quien podría definir el futuro judicial de Adorni en las próximas semanas.
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