El próximo martes, los abogados de todo el país concurrirán a las urnas para elegir a sus cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano constitucional encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales, así como de la administración del Poder Judicial. La elección, que se extenderá de 9 a 18 horas, presenta cuatro listas que compiten por los cuatro escaños disponibles, con mandato hasta 2030. Aunque el sufragio no es obligatorio, se estima que alrededor del 20 por ciento de los 180 mil abogados matriculados participará, lo que otorga un peso determinante a la ciudad de Buenos Aires, que representa el 40 por ciento del padrón.
El sistema electoral empleado es el D’Hondt, que asigna las bancas de manera proporcional a los votos obtenidos. En los comicios de 2022, las tres listas participantes lograron llevar representantes al Consejo, lo que anticipa una competencia reñida en esta ocasión.
Las cuatro listas en pugna combinan reclamos corporativos de la abogacía con alineamientos políticos partidarios. La defensa de la ley de honorarios profesionales y una mayor participación de los abogados en los concursos para jueces son las banderas comunes, pero los armados dejan entrever la injerencia de la UCR, el peronismo, el PRO y, por primera vez, La Libertad Avanza.
La lista «Unidad en defensa de la abogacía» está encabezada por Alberto Biglieri y Claudia Sarmiento. Biglieri, hombre cercano a Daniel Angelici, ex presidente de Boca Juniors y dirigente porteño de la UCR con fuerte influencia en la justicia federal, viene de desempeñarse como interventor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y fue integrante del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires. Sarmiento, por su parte, renunció a su cargo de secretaria de Relaciones Institucionales del gobierno de San Juan. La lista cuenta con el respaldo del radicalismo y del PRO, cuyo espacio «Abogados en Acción», liderado por la consejera saliente Jimena de la Torre, aportó la segunda candidata. Además, Ricardo Gil Lavedra, ex juez del histórico juicio a las juntas militares, ex ministro de Justicia y presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), es la cara visible de la unidad. Esta alianza repite las alianzas de la elección del Consejo del 2002 que ganó y de los últimos dos comicios en el CPACF en los que también se impuso. La expectativa es obtener tres de los cuatro lugares, basada en que en la última elección quedaron a 900 votos de ese objetivo.
La lista «Abogacía unidad y dignidad profesional» llega con el apoyo del peronismo y el kirchnerismo de la ciudad de Buenos Aires. Juan Manuel Olmos, hombre central en el PJ porteño y en la justicia de la ciudad, fue quien hizo el anuncio de la lista en redes sociales. Olmos es el primer candidato y representa la continuidad de la estructura justicialista en el Consejo.
Por el lado del PRO, la lista «Abogados en Acción» postula a Jimena de la Torre, actual consejera, quien busca renovar su banca con un perfil técnico y de gestión. De la Torre ha sido una voz crítica de la gestión judicial y ha impulsado reformas en el sistema de selección de jueces.
La novedad de estos comicios es la irrupción de La Libertad Avanza con una lista propia, que busca engrosar su bloque en el Consejo. Aunque el texto original no proporciona el nombre de los candidatos, esta fuerza política, liderada a nivel nacional por Javier Milei, pretende capitalizar el descontento con la denominada «casta judicial» y promover una agenda de reforma profunda del Poder Judicial.
El Consejo de la Magistratura es un órgano clave en el equilibrio institucional argentino. Creado por la reforma constitucional de 1994, tiene a su cargo la selección de jueces mediante concursos públicos, la elaboración de ternas para el Poder Ejecutivo y la instrucción de sumarios y acusaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento. Su composición ha sido motivo de controversia y reformas legales, como la de 2006 que amplió su número de miembros y la de 2013 que lo redujo, ambas judicializadas. La representación de los abogados es una de las cuatro minorías que lo integran, junto con jueces, legisladores y el Poder Ejecutivo.
La elección de este martes se produce en un contexto de alta politización de la justicia y de debate sobre la independencia judicial. Los candidatos hacen campaña con propuestas gremiales, pero sus padrinos políticos son evidentes. La UCR, a través de Angelici, busca mantener su influencia en el Consejo; el peronismo, con Olmos, pretende sostener su presencia; el PRO, con de la Torre, aspira a consolidar un perfil propio; y La Libertad Avanza intenta ingresar por primera vez a un espacio históricamente dominado por las estructuras tradicionales.
El nivel de participación será un factor determinante. Con solo el 20% de concurrencia estimada, los votos duros de cada lista cobran una relevancia extraordinaria. La ciudad de Buenos Aires, con el 40% del padrón, define en gran medida el resultado. En 2022, la lista ganadora obtuvo dos bancas y la segunda, una, mientras que la tercera también logró representación. Para esta elección, la lista «Unidad en defensa de la abogacía» aspira a tres bancas, lo que requeriría un amplio margen de votos y una distribución favorable del D’Hondt.
Las implicancias de estos comicios trascienden el ámbito corporativo. El Consejo de la Magistratura interviene en la designación de jueces, en la administración del presupuesto judicial y en los procesos disciplinarios. Por lo tanto, la orientación política de sus miembros puede influir en la independencia del Poder Judicial y en la transparencia de la selección de magistrados. La presencia de figuras vinculadas a partidos políticos en las listas de abogados genera suspicacias sobre la autonomía de la representación profesional.
Además, la irrupción de La Libertad Avanza en este espacio refleja la nacionalización de la política en todos los ámbitos, incluidos los colegios profesionales. Si bien el voto no es obligatorio, la elección del martes será una señal sobre la correlación de fuerzas en el sector jurídico y sobre la capacidad de las estructuras partidarias para movilizar a sus bases.
En conclusión, la elección de cuatro representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura se presenta como una contienda donde los intereses gremiales se entrelazan con las estrategias políticas de los principales partidos. Con 180 mil matriculados habilitados, pero una participación que históricamente ronda el 20%, el resultado dependerá de la movilización de los votantes cautivos. La ciudad de Buenos Aires, con su peso demográfico, será decisiva. Las cuatro listas, cada una con su anclaje político, buscan influir en un órgano que tiene la responsabilidad de seleccionar y acusar a los jueces, una tarea esencial para la calidad institucional del país. La primera incursión de La Libertad Avanza añade un elemento de incertidumbre y sugiere que la disputa por el Poder Judicial también se libra en el terreno de la abogacía organizada.
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