La justicia federal argentina ha intensificado su investigación sobre el patrimonio del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo, a cargo del Juzgado Federal N° 4, ordenó este viernes el envío de un exhorto diplomático a Suiza con el fin de obtener información detallada sobre transferencias bancarias que el dirigente habría recibido de parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). La medida, solicitada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, busca esclarecer el origen y destino de casi 200 mil dólares que ingresaron a una cuenta personal de Tapia entre 2018 y 2020, y que no habrían sido declarados ante las autoridades fiscales argentinas.
El exhorto, dirigido a las autoridades suizas, requiere que la FIFA remita ‘el detalle de la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al nombrado desde 2016, con indicación de los cargos o comisiones en virtud de los cuales se efectuaron y las cuentas de destino’. Esta solicitud se fundamenta en que la sede central de la FIFA se encuentra en Zúrich, Suiza, y se enmarca en la cooperación internacional en materia penal. La investigación se centra en tres transferencias específicas recibidas por Tapia en una cuenta del Banco Credicoop: 49.585,53 dólares en diciembre de 2018; 124.583,56 dólares en junio de 2019; y 15.408,09 dólares en marzo de 2020. Estas sumas, que totalizan 189.577,18 dólares, fueron liquidadas en pesos argentinos por un monto de 985.049,15 pesos. La justicia sospecha que estos ingresos podrían estar vinculados a su rol como dirigente deportivo y no habrían sido incluidos en sus declaraciones juradas de bienes.
En paralelo, el magistrado ha dispuesto medidas adicionales que amplían el espectro de la investigación. Una de ellas es el levantamiento del secreto fiscal y bursátil sobre Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del sindicalista Hugo Moyano, líder del Sindicato de Choferes de Camiones. El objetivo es analizar su patrimonio y detectar posibles inconsistencias que pudieran estar relacionadas con el enriquecimiento del dirigente. Además, Lijo requirió a la propia AFA información sobre transferencias a Tapia, lo que sugiere que la pesquisa indaga en todas las fuentes de ingresos del presidente de la entidad.
La causa por enriquecimiento ilícito se originó a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien ha tenido enfrentamientos públicos con Tapia. Tofoni alegó que el dirigente habría incrementado su patrimonio de manera injustificada durante su gestión como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), una empresa estatal que gestiona los residuos del área metropolitana de Buenos Aires. Tapia fue designado vicepresidente del CEAMSE en 2014 por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y permaneció en el cargo hasta 2024, cuando asumió la presidencia del organismo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. La denuncia dio lugar a una investigación formal que llevó a la imputación de Tapia por parte del fiscal Pollicita el mes pasado.
Los movimientos bancarios detectados en la cuenta personal de Tapia incluyen no solo las transferencias de la FIFA, sino también acreditaciones provenientes del Sindicato de Choferes de Camiones, que conduce Hugo Moyano. Según la información judicial, entre enero de 2016 y enero de 2019, Tapia recibió 37 acreditaciones bancarias en una cuenta sueldo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sumando un total de 1.494.678,79 pesos. El juez Lijo solicitó al gremio que remita copia del legajo de Tapia y precise los cargos o funciones que desempeñó durante ese período, con el fin de determinar si estos pagos corresponden a una relación laboral legítima o si constituyen un mecanismo para canalizar fondos de manera irregular.
El contexto de la investigación se desarrolla en un momento de alta exposición para Tapia, quien esta misma semana participó en una reunión del consejo de la FIFA en Suiza junto a su presidente, Gianni Infantino. Este hecho añade complejidad al caso, ya que la justicia argentina busca cooperación internacional para obtener datos que podrían comprometer al dirigente. La causa por enriquecimiento ilícito se sustenta en el artículo 268 (2) del Código Penal argentino, que sanciona a los funcionarios públicos que, de manera ilegítima, incrementen su patrimonio. Aunque Tapia ya no ocupa un cargo público desde 2024, los hechos investigados ocurrieron durante su gestión en el CEAMSE, lo que mantiene la competencia federal.
Las implicancias de este caso son múltiples. En el ámbito judicial, la solicitud de información a Suiza representa un paso significativo en la cooperación internacional para delitos financieros, aunque puede enfrentar demoras burocráticas. En el plano institucional, la investigación sobre el presidente de la AFA podría afectar la imagen del fútbol argentino, especialmente en un contexto donde la transparencia en la gestión deportiva está bajo escrutinio global. La vinculación con el sindicato de Moyano también introduce un elemento político, dado el peso del gremio en la estructura de poder argentina. Asimismo, la revisión del patrimonio de Paola Moyano sugiere que la justicia busca desentrañar posibles redes de influencia y flujos financieros que podrían extenderse más allá de Tapia.
Hasta el momento, no se ha presentado una acusación formal y Tapia goza de la presunción de inocencia. Sin embargo, la acumulación de medidas de prueba indica que la investigación avanza con firmeza. El exhorto a Suiza es particularmente relevante porque la FIFA, como organización internacional, maneja fondos significativos y sus pagos a dirigentes deben estar sujetos a escrutinio. La falta de declaración de estos ingresos ante la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) podría constituir una infracción tributaria adicional, lo que agravaría la situación del dirigente.
En conclusión, la decisión del juez Lijo de enviar un exhorto a Suiza y de profundizar en las finanzas de Tapia y su entorno marca un hito en la causa por enriquecimiento ilícito. La investigación se centra en transferencias de la FIFA y en pagos del sindicato de Moyano, dos fuentes de ingresos que, de no ser justificadas, podrían configurar el delito imputado. El caso sigue en etapa de instrucción y se espera que las autoridades suizas y las entidades requeridas aporten la documentación solicitada en los próximos meses. La justicia argentina busca así determinar si el patrimonio de Tapia se incrementó de manera incompatible con sus ingresos declarados como funcionario público, un asunto que no solo tiene implicancias legales, sino también políticas y deportivas de gran alcance.
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