Una jueza federal de Estados Unidos declaró ilegal el plan de la Administración de Donald Trump para despedir al 50 % del personal de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), según documentos judiciales difundidos este domingo. La jueza Susan Illston, del Distrito Norte de California, falló a favor de una demanda presentada por la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés) contra una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para recortar la plantilla de FEMA de 23.000 a 11.500 empleados para finales del año fiscal 2026.
El plan no llegó a ejecutarse por completo, por lo que Illston ordenó a los demandantes y al Gobierno reunirse para definir cómo remediar la querella. En su fallo, la magistrada consideró que el DHS —cuya secretaria era entonces Kristi Noem— «actuó de manera ilegal al usurpar la autoridad de la FEMA sobre su personal». Además, estableció que «FEMA y el DHS también actuaron de manera arbitraria y caprichosa» y agregó: «Francamente, la cifra del plan de personal de la FEMA parece sacada del aire».
El fallo, emitido la noche del viernes y conocido este domingo, representa un revés judicial para una de las iniciativas más controvertidas de la administración republicana en materia de gestión de desastres. La decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por la capacidad operativa de la agencia ante eventos climáticos extremos.
## Cómo entender el impacto de un recorte del 50% en FEMA
Para dimensionar la relevancia de este fallo, conviene comprender qué hace FEMA y por qué su personal es crítico. La agencia es la principal entidad federal encargada de coordinar la respuesta y la recuperación ante desastres naturales como huracanes, incendios forestales, inundaciones y terremotos. No se limita a la asistencia inmediata: también administra fondos de reconstrucción, gestiona refugios, distribuye ayuda alimentaria y coordina con gobiernos estatales y locales.
Un recorte del 50 % de su plantilla implicaría, en la práctica, reducir a la mitad la capacidad de respuesta del gobierno federal. Es como si un hospital decidiera despedir a la mitad de sus médicos y enfermeras en plena temporada de gripe: el sistema podría colapsar ante cualquier emergencia grave.
## Los hechos: lo que dice el fallo y lo que ya ocurrió
La demanda de la AFGE argumentó que el DHS no tenía autoridad para imponer recortes masivos en FEMA sin la aprobación del Congreso. La jueza Illston coincidió: el DHS usurpó funciones que corresponden a la dirección de FEMA. El fallo también calificó la medida de «arbitraria y caprichosa», un estándar legal que en el derecho administrativo estadounidense implica que la decisión careció de una base racional o fundamentada.
Aunque los recortes más agudos no se concretaron, la agencia ya sufrió pérdidas significativas. En el año fiscal 2025, el primero del mandato de Trump, FEMA separó de sus cargos a 4.300 empleados, lo que representa un incremento anual del 55 % en la cifra de trabajadores que dejaron la agencia, según datos de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO).
Además, el Consejo de Revisión de FEMA, nombrado por Trump, propone recortar hasta un máximo del 50 % del costo de los desastres en los reembolsos federales que reciben los gobiernos locales después de una catástrofe. Esta medida afectaría directamente la capacidad de estados y municipios para reconstruir infraestructura y asistir a los damnificados.
A esto se suman otras reducciones presupuestarias en áreas clave: 200 millones de dólares en programas de pronóstico climático de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y 150 millones de dólares en fondos para mejorar sistemas de observación del clima. Estas cifras fueron denunciadas por el Center for American Progress (CAP) en junio pasado. La combinación de menos personal en FEMA y menos datos meteorológicos precisos podría traducirse en respuestas más lentas y menos efectivas ante desastres.
## Implicancias: un golpe a la seguridad nacional y a la confianza pública
La decisión judicial no solo frena un plan específico, sino que sienta un precedente sobre los límites del poder ejecutivo para reestructurar agencias federales sin consultar al Congreso. En términos prácticos, el fallo reafirma que FEMA tiene autonomía sobre su personal, lo que podría dificultar futuros intentos de recorte unilateral.
Sin embargo, el daño ya está hecho en parte. La salida de 4.300 empleados en un solo año afecta la capacidad operativa de la agencia. Cada empleado de FEMA que se va representa menos manos para responder a emergencias, menos expertos para evaluar daños y menos personal para procesar solicitudes de ayuda. En un país propenso a huracanes en el Atlántico, incendios en el oeste e inundaciones en el medio oeste, la reducción de la fuerza laboral es un riesgo tangible.
Las implicancias económicas también son significativas. Los recortes en reembolsos federales a gobiernos locales podrían obligar a los estados a asumir mayores costos de recuperación, lo que a su vez podría llevar a recortes en servicios públicos o aumentos de impuestos. Las comunidades más pobres, que dependen en mayor medida de la ayuda federal, serían las más afectadas.
Desde una perspectiva geopolítica, la debilidad de FEMA podría proyectar una imagen de desorganización interna en Estados Unidos, justo cuando el cambio climático está intensificando la frecuencia y severidad de los desastres naturales. La comunidad internacional observa cómo la principal potencia económica maneja sus crisis internas.
## Conclusión informativa
La jueza Susan Illston declaró ilegal el plan de recortar el 50 % del personal de FEMA por considerar que el DHS actuó más allá de sus atribuciones y de forma arbitraria. El fallo ordena a las partes reunirse para remediar la situación, pero no revierte automáticamente los despidos ya ejecutados ni las reducciones presupuestarias en otros organismos. Mientras tanto, FEMA opera con 4.300 empleados menos que hace un año y enfrenta propuestas para reducir aún más los reembolsos a gobiernos locales. El caso sigue abierto y su resolución final podría definir el alcance del poder presidencial sobre las agencias federales de emergencia.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
