La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes el procesamiento de Facundo Leal, ex titular de ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La decisión judicial, dada a conocer por fuentes judiciales, rechaza la apelación presentada por la defensa del ex funcionario y lo deja en condiciones de ser enviado a juicio oral. Leal se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria con tobillera electrónica desde mayo pasado, cuando fue detenido en el marco de una investigación por presunta corrupción que derivó en el hallazgo de drogas y una suma millonaria en efectivo en su departamento de Palermo.
Los jueces Alejandro Slokar, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña consideraron que la apelación de la defensa «no reviste la calidad de sentencia definitiva» para que intervenga Casación. Asimismo, señalaron que Leal fue procesado por un juez de primera instancia y por la Cámara Federal «sin que se observe –ni la parte recurrente logre demostrar- la existencia de cuestión federal o verificación de un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento criticado que amerite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio». Con esta ratificación, el expediente avanza hacia la etapa de juicio oral, aunque aún restan instancias procesales.
El caso se originó en 2024 a partir de una investigación por el robo de material de ARSAT, que derivó en una causa por presuntos pagos de sobornos. En mayo de 2025, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez ordenaron una serie de allanamientos, entre ellos en dos propiedades de Leal. En el operativo se secuestraron 24 millones de dólares en efectivo y monedas de otros países, una valija con 19 elementos para espionaje y diversas sustancias estupefacientes: 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo. Un peritaje posterior determinó que el equipo de espionaje no había sido utilizado para ese fin.
La cantidad de droga secuestrada llevó al juez Mirabelli a considerar que estaba destinada a la comercialización y no al consumo personal, como argumentó Leal en su indagatoria. Un informe médico ratificó que el ex funcionario es consumidor, pero el magistrado procesó por tenencia con fines de comercialización. Además, resolvió que el expediente debía continuar en la Ciudad de Buenos Aires porque la droga se encontró en su departamento de Palermo, por lo que remitió la causa a los tribunales de Comodoro Py. Allí, la Cámara Federal confirmó el procesamiento y el juez federal Sebastián Ramos le otorgó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, tras considerar un informe del Cuerpo Médico Forense que indicaba que la cárcel de Ezeiza no era el lugar adecuado para su tratamiento por adicción.
En paralelo, Leal fue citado a indagatoria junto a otros imputados en la causa principal por corrupción, que aún se encuentra en instrucción. La trayectoria del ex funcionario incluye su rol como fundador de ARSAT durante el gobierno de Néstor Kirchner, su designación como titular del organismo en la gestión de Alberto Fernández y su continuidad con Javier Milei. En 2025 fue nombrado al frente del ORSNA, ente regulador de aeropuertos, cargo que dejó en febrero pasado para regresar a ARSAT como empleado de planta permanente.
La confirmación del procesamiento por parte de Casación Penal representa un paso procesal relevante, aunque no implica una condena. El caso combina dos investigaciones: una por presunta corrupción en el manejo de fondos públicos y otra por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La magnitud de los elementos secuestrados –tanto la droga como el dinero en efectivo y los equipos de espionaje– ha generado un fuerte impacto mediático y político.
En el plano judicial, la defensa de Leal aún puede intentar otras vías recursivas, pero la decisión de Casación clausura una etapa clave. El expediente por la droga queda ahora a un paso del juicio oral, mientras que la causa por corrupción sigue su curso. La situación de Leal, con prisión domiciliaria y tobillera electrónica, se mantiene hasta que se resuelva su situación procesal definitiva.
El fallo de la Sala I se apoya en criterios técnicos: la apelación no constituye sentencia definitiva y no se advierte arbitrariedad ni cuestión federal que justifique la intervención del tribunal. Esta es una doctrina habitual de Casación, que prioriza su rol de tribunal intermedio y evita pronunciarse sobre cuestiones que no cumplen los requisitos formales. Para la defensa, esto implica una dificultad adicional para revertir el procesamiento en esta instancia.
El impacto social y económico del caso es múltiple. Por un lado, expone la vulnerabilidad de las empresas estatales y los organismos reguladores frente a prácticas de corrupción. ARSAT, como empresa de telecomunicaciones estatal, y el ORSNA, como regulador aeroportuario, son áreas sensibles para la infraestructura y la seguridad del país. La presunta vinculación de un funcionario de alto rango con hechos de corrupción y tenencia de drogas para comercialización afecta la confianza pública en las instituciones.
Por otro lado, el hallazgo de 24 millones de dólares en efectivo y equipos de espionaje en una propiedad privada plantea interrogantes sobre el origen de esos fondos y su posible relación con actividades ilícitas. La justicia deberá determinar si esos elementos se vinculan con la causa principal por sobornos o si responden a otras operaciones. La cantidad de dinero, inusual para una vivienda particular, sugiere la necesidad de profundizar en la trazabilidad de esos activos.
En el ámbito político, el caso ha reavivado el debate sobre los mecanismos de control en las designaciones de funcionarios y la continuidad de gestores entre distintas administraciones. Leal transitó desde el kirchnerismo hasta el mileísmo, lo que ilustra la permeabilidad de ciertos cuadros técnicos en el Estado. Su regreso a ARSAT como empleado de planta permanente, luego de dejar el ORSNA, también plantea preguntas sobre los procesos de selección y los acuerdos políticos subyacentes.
La confirmación del procesamiento por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización no resuelve el fondo del asunto, pero consolida la imputación y habilita la etapa de juicio oral. En ese marco, la defensa podrá presentar pruebas y argumentos ante un tribunal oral. La causa por corrupción, por su parte, sigue en instrucción y podría deparar nuevas imputaciones o ampliaciones.
Para la opinión pública, el caso refuerza la percepción de que la corrupción y el narcotráfico pueden anidar en esferas de poder. La combinación de drogas, dinero y espionaje en un mismo operativo es un cóctel que alimenta la indignación y la desconfianza. Sin embargo, desde el punto de vista judicial, rige la presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso. Leal no ha sido condenado y su situación procesal podría cambiar si la defensa logra revertir alguna de las imputaciones.
El fallo de Casación también sienta un precedente sobre la interpretación de los requisitos para acceder a esa instancia. Al rechazar la apelación por no ser sentencia definitiva, el tribunal ratifica su criterio restrictivo. Esto implica que los procesados deben agotar otras vías antes de llegar a Casación, lo que puede dilatar los tiempos judiciales.
En síntesis, la confirmación del procesamiento de Facundo Leal por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización es un hito en una causa compleja que combina corrupción, drogas y espionaje. El ex funcionario queda más cerca del juicio oral, mientras la investigación por sobornos continúa. El caso seguirá generando atención mediática y política, y plantea desafíos para el sistema judicial en su lucha contra la corrupción y el narcotráfico. La sociedad observa con expectativa los próximos pasos de la justicia, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son demandas crecientes.
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