La Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal permanente creado para juzgar crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión, enfrenta uno de los desafíos más severos desde su fundación en 2002. El viernes, Estados Unidos incluyó a la propia institución en su régimen de sanciones, sumándose a las medidas ya impuestas contra 17 personas vinculadas al tribunal, entre jueces y fiscales. La respuesta no se hizo esperar: la mesa de la Asamblea de los Estados Partes, compuesta por 21 miembros en representación de los 125 países que integran el Estatuto de Roma, emitió un comunicado el sábado en el que lamentó profundamente la decisión y la calificó como «un intento lamentable de obstaculizarla».
¿Cómo entender el alcance de estas sanciones y por qué generan tanta preocupación? Para dimensionarlo, imaginemos que la CPI es como un árbitro en un partido de fútbol global. Su función es garantizar que quienes cometen las faltas más graves no queden impunes, sin importar su poder o nacionalidad. Ahora, uno de los jugadores más fuertes del campo decide no solo desconocer al árbitro, sino también congelarle sus recursos y prohibirle operar. Eso es, en esencia, lo que representan las medidas de Washington.
**Contexto: una relación tensa desde el inicio**
La hostilidad de Estados Unidos hacia la CPI no es nueva. Durante la administración de George W. Bush, el país retiró su firma del Estatuto de Roma y presionó a otros estados para que firmaran acuerdos bilaterales de inmunidad. En 2020, el entonces presidente Donald Trump autorizó sanciones contra la fiscal Fatou Bensouda y otros funcionarios por investigar presuntos crímenes de guerra de tropas estadounidenses en Afganistán. Esas medidas fueron revocadas por Joe Biden en 2021, pero la desconfianza mutua persistió.
El actual episodio se enmarca en un contexto de creciente activismo judicial de la CPI. En marzo de 2023, el tribunal emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la deportación de niños ucranianos, lo que tensó aún más las relaciones con Moscú. Más recientemente, la fiscalía ha avanzado en investigaciones sobre la situación en Palestina, lo que ha generado roces con Israel y sus aliados, incluido Estados Unidos. Aunque el comunicado de la Asamblea no menciona casos específicos, analistas señalan que las sanciones buscan desincentivar los procesos que afectan a intereses estratégicos de Washington.
**Hechos concretos: el contenido de las sanciones**
El anuncio del viernes implica, en principio, el bloqueo de bienes e intereses de la CPI en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses. Además, se restringen las transacciones con la institución, lo que podría afectar su capacidad para adquirir servicios financieros, tecnológicos o logísticos con proveedores estadounidenses. También se suma a las sanciones previas contra 17 individuos, que incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrada a territorio estadounidense.
La mesa de la Asamblea, en su comunicado, expresó su «apoyo a la Corte, a todos sus funcionarios y a todas las personas que contribuyen al cumplimiento de su mandato judicial de conformidad con el Estatuto de Roma». Asimismo, denunció que «la escalada en el uso sin precedentes de medidas coercitivas constituye un intento lamentable de obstaculizar a la Corte y a su personal en el ejercicio de sus funciones judiciales independientes». Y añadió: «Tales medidas pretenden cuestionar directamente una institución jurídica internacional construida con gran esfuerzo para garantizar que prevalezcan la rendición de cuentas y no la impunidad».
El órgano también reiteró su «determinación de defender los principios de justicia internacional y la independencia del poder judicial» e hizo un llamamiento «a la comunidad internacional para que se mantenga firme en la defensa de la Corte ante estas medidas sin precedentes» y para que «sean revocadas inmediatamente».
**Implicancias: un golpe a la arquitectura de justicia global**
Las sanciones contra la CPI no solo afectan a la institución, sino que sientan un precedente peligroso. Si una potencia como Estados Unidos puede castigar económicamente a un tribunal internacional por investigar a sus ciudadanos o aliados, ¿qué impide que otros países hagan lo mismo? La CPI carece de fuerza policial propia; su autoridad depende de la cooperación de los estados. Al minar su capacidad operativa, las sanciones podrían retrasar investigaciones, dificultar la protección de testigos y desalentar a funcionarios de alto rango de unirse al tribunal.
Además, estas medidas podrían erosionar el principio de complementariedad, piedra angular del Estatuto de Roma: la CPI solo actúa cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren juzgar. Si los estados perciben que la Corte está debilitada, podrían sentirse tentados a proteger a sus propios nacionales con mayor impunidad.
En el plano diplomático, la reacción de la Asamblea refleja una fractura creciente entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales. Muchos países europeos, que apoyan firmemente a la CPI, podrían verse en la incómoda posición de condenar las sanciones sin romper lazos con Washington. La Unión Europea ya ha expresado su respaldo al tribunal en ocasiones anteriores. Sin embargo, la efectividad de las sanciones dependerá de cómo se implementen y si otros actores, como China o Rusia, aprovechan la situación para promover sus propias narrativas sobre el orden internacional.
**La respuesta internacional y los próximos pasos**
Hasta ahora, las reacciones han sido mayoritariamente de condena. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han calificado las sanciones como un ataque directo a la justicia universal. Varios estados parte han anunciado que buscarán medidas para contrarrestar el impacto, aunque no está claro qué herramientas concretas tienen a su disposición. La Asamblea podría convocar una reunión de emergencia para coordinar una respuesta colectiva, pero requeriría consenso entre 125 países con intereses diversos.
La CPI, por su parte, ha guardado silencio oficial más allá del comunicado de la Asamblea. Fuentes internas citadas por medios internacionales señalan que el tribunal está evaluando el alcance legal de las sanciones y explorando vías para mitigar sus efectos, como recurrir a proveedores no estadounidenses o establecer fondos de reserva.
**Conclusión: una encrucijada para la justicia internacional**
El pulso entre Estados Unidos y la CPI no es solo un conflicto burocrático. Representa una disputa más profunda sobre quién tiene la autoridad final para juzgar los crímenes más graves. La Asamblea de Estados Partes ha dejado clara su postura: defenderá la independencia del tribunal y llamará a la comunidad internacional a no ceder ante presiones coercitivas. Pero el desafío es monumental. Si las sanciones persisten, la CPI podría verse obligada a reducir sus operaciones, justo cuando más se necesita su labor en conflictos como los de Ucrania, Gaza o Sudán. La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿puede sobrevivir un sistema de justicia global cuando una de las mayores potencias decide atacarlo? La respuesta dependerá de la firmeza de los 125 países que, con su voto, crearon este tribunal para que la impunidad no prevalezca.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
