Un nuevo capítulo en la disputa por el modelo editorial argentino comenzó a escribirse en las últimas horas. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, remitió a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia un anteproyecto de ley de desregulación de carácter ómnibus que, entre decenas de modificaciones que abarcan desde el negocio inmobiliario hasta el régimen de gas licuado y la ley de farmacias, dedica su título III al régimen del libro y del doblaje. El punto central de la controversia es la derogación de la Ley 25.542, sancionada en noviembre de 2001 y promulgada de hecho en enero de 2002, que establece el precio uniforme de venta al público (PVP) para todos los libros comercializados en el territorio nacional.
La iniciativa del Ejecutivo sostiene que el objetivo es «eliminar restricciones, fomentar la libre competencia y reducir la intervención estatal en distintos mercados». En concreto, el anteproyecto busca eliminar la obligación que tienen los editores, importadores y representantes de fijar un único precio de venta al público y prohibir que los vendedores —librerías pequeñas, medianas, cadenas o grandes superficies— apliquen descuentos no autorizados. De prosperar la medida, cada punto de venta podría determinar libremente el precio final del libro, compitiendo abiertamente por el consumidor mediante promociones, rebajas y estrategias de descuento que hoy están vedadas por la normativa vigente.
«El proyecto tiene por objetivo que los libros sean más accesibles para los lectores. Para lograrlo, elimina una restricción que hoy impide que las librerías compitan en precios mediante descuentos, promociones u otras estrategias comerciales. Cuando hay más competencia, los consumidores tienen más opciones y mejores precios», argumentaron fuentes del ministerio de Sturzenegger consultadas por este medio. Desde el oficialismo se remarcó además que la iniciativa no afecta los derechos de autor, las políticas culturales ni la existencia de editoriales o librerías como tales: «Lo que elimina es una prohibición para competir en precios».
Como respaldo empírico de la postura oficial, se menciona la experiencia del Reino Unido, donde en 1995 se eliminó el Net Book Agreement, un sistema de precios fijos que había regido desde 1899. Las fuentes oficiales afirman que tras esa desregulación «no solo no desaparecieron las librerías ni la producción editorial, sino que aumentó la cantidad de títulos publicados. No existe evidencia en el mundo de que el precio fijo sea necesario para preservar la bibliodiversidad».
Sin embargo, la evidencia internacional que presentan las organizaciones del libro pinta un panorama notablemente distinto. Según datos recogidos por la Alianza Internacional de Editores Independientes y por diversos estudios académicos citados por la Cámara Argentina del Libro, entre 1995 y 2005 cerraron entre 300 y 500 librerías independientes en el Reino Unido como consecuencia directa de la eliminación del precio fijo. El fenómeno fue descrito en el informe «Glosario de la edición independiente»: las grandes cadenas como Waterstone’s y los supermercados comenzaron a ofrecer descuentos agresivos sobre los best sellers (hasta un 23% por debajo del precio de tapa), lo que erosionó la base de ingresos de las librerías pequeñas. Paralelamente, el precio del 99% restante de los libros —aquellos que no eran superventas— aumentó por encima de la inflación: con una inflación acumulada del 17,8% entre 1995 y 2003, los libros subieron un 29,6%, y el libro de bolsillo, destinado a lectores de menor poder adquisitivo, se encareció entre un 33% y un 40%.
El contraste con Francia es recurrente en los argumentos del sector. Allí, la Ley Lang de 1981 estableció un sistema de precio único que aún se mantiene vigente. Una evaluación oficial realizada en 2009 concluyó que «la ley del 10 de agosto de 1981 sigue siendo relevante, incluso en tiempo de Internet. Es una ley de desarrollo sostenible, a la vez cultural, económica y territorial, cuya valoración es indiscutiblemente positiva». En 2014, Francia contaba con 2.500 librerías independientes que representaban el 22% de las ventas del mercado editorial; en el mismo año, en el Reino Unido, las librerías independientes representaban tan solo el 4% del mercado, tras haber perdido un tercio de sus puntos de venta en una década. Alemania, con un sistema de precio fijo desde 1888, experimentó una caída de solo el 3% en su red de librerías independientes entre 1995 y 2002, frente al 12% que registró el Reino Unido en el mismo período.
La reacción del ecosistema editorial argentino fue inmediata y contundente. La Cámara Argentina del Libro y la Fundación El Libro emitieron comunicados de manera conjunta en los que advierten sobre «los perjuicios para el ecosistema editorial» si se deroga la ley de defensa de la actividad librera. El Consejo de Administración de la Fundación El Libro, organizadora de la Feria del Libro de Buenos Aires, sostuvo que «esta normativa no constituye un simple mecanismo comercial: es la columna vertebral que garantiza la diversidad bibliográfica, condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de las librerías independientes en cada rincón de nuestro territorio. Se trata, además, de una ley que cuenta con el consenso unánime de todo el sector del libro —editores, libreros, distribuidores, autores y gráficos— que durante más de dos décadas la ha sostenido y defendido como pilar de la actividad».
Las instituciones del libro plantean que, en ausencia de un precio uniforme, la competencia no se da en igualdad de condiciones. Las grandes cadenas comerciales y las plataformas digitales pueden absorber márgenes más reducidos en ciertos títulos —los más vendidos— para atraer clientes, mientras que las librerías independientes, con menor volumen de facturación y menor poder de negociación frente a distribuidores, no pueden sostener esa guerra de precios. El resultado previsible, señalan, es la concentración del mercado en unos pocos actores, que terminan determinando no solo el precio sino también qué se publica y qué se lee. «Las librerías son patrimonio cultural de nuestro país —agregó la Fundación El Libro— y la red de librerías argentinas, reconocida a nivel internacional por su densidad, riqueza e historia, no representa meros puntos de venta de mercancía. Son verdaderos faros culturales, espacios de encuentro y promoción de la lectura».
A nivel político, la iniciativa ya cosechó rechazos desde la oposición. La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman y el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionaron la medida, advirtiendo que «favorecería la concentración del mercado editorial y pondría en riesgo a librerías y editoriales independientes». Ferraro sostuvo que «el objetivo es claro: beneficiar a unos pocos, concentrar el mercado y debilitar la diversidad editorial que caracteriza a la Argentina», y vinculó la iniciativa con otras medidas del Gobierno en áreas como ciencia, tecnología y organismos de investigación.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tomó posición. Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño, defendió la actividad librera señalando que «las librerías de Buenos Aires son parte fundamental de la vida cultural de los porteños y de los barrios. Hay más de 350 librerías independientes y se llega a 400 con las cadenas. Pero no son solo eso: son además espacios culturales, de encuentro, el lugar donde se teje la trama de la Ciudad».
El debate que se abre en Argentina no es nuevo en la región. México vivió un proceso similar: en 2006, una iniciativa de ley de precio único fue vetada tras la presión de la Comisión Federal de Competencia, que argumentó que favorecía la creación de monopolios. Posteriormente, el veto fue superado, la ley se aprobó en 2008 y en 2011 la Suprema Corte de Justicia confirmó su constitucionalidad. Hoy, México mantiene un sistema de precio único que el sector editorial local considera fundamental para la supervivencia de las librerías independientes.
El anteproyecto de Sturzenegger no es el primer intento del oficialismo de eliminar el precio único del libro. Ya en enero de 2024, durante la discusión de la denominada «Ley Ómnibus» original, se había incluido un artículo similar que finalmente no prosperó tras la fuerte presión del sector. En aquella ocasión, la Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara Argentina del Libro y la Fundación El Libro habían logrado torcer el brazo legislativo. La pregunta que flota sobre el presente es si, en un contexto político diferente y con un anteproyecto más amplio y articulado, la resistencia del mundo del libro logrará nuevamente frenar la avanzada desreguladora.
Lo cierto es que, mientras el anteproyecto espera ser girado al Congreso, el sector editorial argentino se encuentra en estado de alerta máxima. El desenlace de esta pulseada definirá no solo el modelo de comercialización del libro en el país, sino también el perfil cultural de un sector que, según datos de la Cámara Argentina del Libro, produce anualmente miles de títulos y sostiene una red de distribución que llega a todos los rincones del territorio nacional. La decisión final, como siempre en estos casos, quedará en manos del poder legislativo.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
