El lunes 19 de octubre de 2026, las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a más de dos docenas de extranjeros en California, acusados de registrarse y votar ilegalmente. La operación, denominada ‘Operación Proteger el Voto’, se llevó a cabo en distintas partes del estado y forma parte de un esfuerzo del gobierno del presidente Donald Trump por erradicar el voto de no ciudadanos antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, programadas para el próximo mes. Sin embargo, los datos disponibles muestran que el problema es sumamente raro, difícil de probar y no ha alterado el resultado de ninguna contienda.
Los arrestos representan una nueva escalada en la disputa sobre los padrones electorales entre el gobierno federal y California, agravada la semana pasada cuando el Departamento de Justicia (DOJ) demandó al estado y luego advirtió que los trabajadores electorales locales que a sabiendas procesen o tabulen boletas presentadas por votantes no ciudadanos corren el riesgo de ser investigados y potencialmente procesados.
Según el DOJ, todos los arrestados son residentes permanentes legales pero no ciudadanos, y por lo tanto no podían votar legalmente. Se les acusa de delitos que incluyen hacer declaraciones falsas en una solicitud de naturalización y presentar registros de votantes fraudulentos.
El gobierno federal ha convertido el voto de no ciudadanos en una prioridad este año, exigiendo a los estados información detallada de los votantes, incluidas fechas de nacimiento, direcciones, números de licencia de conducir y números parciales del Seguro Social. Antes del lunes, el Departamento de Justicia había acusado a unas 90 personas por diversas irregularidades electorales en lo que va del año, incluidas 50 a quienes se les atribuye haber votado como no ciudadanos. Para ponerlo en perspectiva, hubo más de 227 millones de votantes registrados en Estados Unidos durante la elección presidencial de 2024.
California, un estado mayoritariamente demócrata que por lo general no se considera en disputa, surge como punto crítico de la disputa. Más de 23 millones de personas están registradas en todo el estado, y aunque el resultado presidencial no está en juego, sí hay un puñado de contiendas competitivas para el Congreso que podrían determinar qué partido controla la Cámara de Representantes durante los dos últimos años del mandato de Trump.
La demanda federal presentada la semana pasada busca impedir que California cuente las boletas enviadas por correo de personas que el gobierno federal ha identificado como ‘probables’ no ciudadanos hasta que pueda confirmarse su estatus migratorio. La acción legal se produjo después de que a funcionarios de California se les dio un plazo de 48 horas que no cumplieron para revisar una memoria USB protegida con contraseña que contenía una lista de 20.000 nombres. El gobierno federal afirma que se trata probablemente de no ciudadanos a quienes se les enviaron boletas para participar en la elección del 3 de noviembre, aunque la secretaria de gobierno de California ha cuestionado la validez de esos datos.
## Cómo entender la magnitud real del fenómeno
Para dimensionar el alcance de esta operación, conviene recurrir a una analogía sencilla: imaginar un estadio con capacidad para 227 millones de personas. En ese contexto, los 90 casos acumulados en lo que va del año representan una fracción infinitesimal, comparable a unas pocas butacas vacías. La evidencia empírica disponible, tanto de estudios académicos como de auditorías electorales, coincide en que el voto de no ciudadanos es un evento excepcional y que, cuando ocurre, suele deberse a errores administrativos más que a intentos deliberados de fraude.
¿Pero qué implicaría que el gobierno federal tenga razón en su lectura de los datos? La disputa no es solo sobre los hechos, sino sobre la interpretación de un listado de 20.000 nombres que el estado se niega a validar sin verificación. La secretaria de gobierno californiana ha señalado que la lista contiene imprecisiones y que parte de esos nombres podrían corresponder a ciudadanos naturalizados o a personas que se registraron erróneamente en oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).
## Implicancias de una escalada sin precedentes
El análisis de las consecuencias de esta operación debe considerar varias dimensiones:
– **Impacto institucional**: La advertencia del DOJ a los trabajadores electorales locales introduce un elemento de presión sin precedentes. Si los funcionarios procesan boletas de votantes cuya ciudadanía está en duda, podrían enfrentar investigaciones federales. Esto podría generar un efecto disuasorio en la administración electoral y ralentizar el procesamiento de votos por correo en un estado clave.
– **Efecto político**: California aporta 54 votos electorales y cuenta con varias contiendas congressionales competitivas. La operación busca, según sus impulsores, salvaguardar la integridad del sufragio; sus críticos sostienen que apunta a desmovilizar a votantes de comunidades inmigrantes en distritos disputados.
– **Consecuencias legales**: Los arrestados enfrentan cargos que incluyen declaraciones falsas en solicitudes de naturalización y registro fraudulento. Estos delitos pueden acarrear penas de prisión y la deportación, aunque el historial de casos previos sugiere que las condenas por votar ilegalmente son poco frecuentes y las penas, relativamente leves.
– **Precedente federal**: La demanda contra California y la creación de la ‘Operación Proteger el Voto’ establecen un marco de intervención federal en la administración electoral estatal que podría replicarse en otros estados con poblaciones inmigrantes significativas.
## Conclusión informativa
La operación del lunes en California representa la acción más visible hasta la fecha de una estrategia federal que combina arrestos, demandas y advertencias a funcionarios locales. Los datos disponibles indican que el voto de no ciudadanos es un fenómeno estadísticamente marginal y que no ha definido ninguna elección en Estados Unidos. Sin embargo, la disputa sobre los 20.000 nombres y la negativa del estado a validar la lista federal ha convertido a California en el epicentro de un conflicto que trasciende lo electoral y toca fibras profundas del federalismo estadounidense. Con las elecciones legislativas a la vista, el desenlace de esta pugna podría influir en la confianza pública sobre el sistema de votación y en la relación entre el gobierno central y los estados.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
