La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha instado al Gobierno de Portugal a transmitir un mensaje inequívoco al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita oficial prevista para el jueves: la Base Aérea de Lajes, ubicada en el archipiélago de las Azores, no puede ser utilizada para cometer crímenes de guerra. La petición, formulada el miércoles, se enmarca en un contexto de creciente tensión geopolítica derivada de las operaciones militares estadounidenses en Irán y las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de «aniquilar» a ese país.
La solicitud de AI no se limita a una simple declaración simbólica. La organización reclama que la negativa portuguesa abarque también el espacio aéreo nacional y que se rechace explícitamente el uso de la base para apoyar operaciones militares en Irán. «Ha llegado el momento de que las autoridades portuguesas digan claramente a la Administración Trump que la base de Lajes no puede ser utilizada para crímenes de guerra», afirmó João Godinho Martins, director ejecutivo de AI Portugal, en un comunicado difundido este miércoles.
## Contexto histórico y estratégico de la Base de Lajes
Para comprender la magnitud de esta exigencia, es necesario analizar qué representa Lajes en el tablero geopolítico global. Situada en la isla de Terceira, en el archipiélago atlántico de las Azores, esta instalación militar portuguesa alberga fuerzas estadounidenses y constituye un punto estratégico de tránsito y apoyo logístico para operaciones de Estados Unidos, la OTAN y sus aliados. Su ubicación privilegiada en el Atlántico Norte la convierte en un enclave fundamental para el despliegue rápido de fuerzas hacia Europa, África y Medio Oriente.
El marco legal que regula su uso se remonta al acuerdo bilateral de defensa de 1995 entre Portugal y Estados Unidos. Este tratado preserva la soberanía portuguesa sobre el territorio y el espacio aéreo, y establece distintos regímenes para el uso de las instalaciones, incluyendo la autorización previa para operaciones no contempladas en los supuestos previamente acordados. En marzo de 2026, el ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel, anunció que Lisboa había concedido una autorización condicionada para el uso de Lajes tras los ataques estadounidenses contra Irán. Posteriormente, en abril, defendió ante el Parlamento que el Gobierno tenía razones para creer que Washington respetaba las condiciones impuestas, entre ellas la proporcionalidad y la exclusión de infraestructuras civiles como objetivos de las operaciones que involucraban la base.
Sin embargo, AI cuestiona esta postura y acusa al Ejecutivo luso de mantener una «contribución activa» a la crisis. Según Godinho Martins, Portugal incumpliría sus compromisos internacionales si permite reiteradamente el uso de Lajes para operaciones relacionadas directa o indirectamente con los ataques, sin poder asegurar que las aeronaves y el material que transitan por la instalación no se emplean para cometer crímenes. La organización subraya que, conforme al derecho internacional, los Estados no deben ayudar de forma consciente a cometer violaciones de ese ordenamiento y tienen la obligación de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario.
## Implicancias legales y diplomáticas
El núcleo del argumento de Amnistía Internacional se sostiene en el principio de responsabilidad estatal derivada de la complicidad. Bajo el derecho internacional, un Estado que facilita infraestructura o espacio aéreo para operaciones militares que resultan en crímenes de guerra puede ser considerado cómplice si tenía conocimiento de la naturaleza ilícita de dichas acciones. La organización ha documentado ataques de Estados Unidos, Israel e Irán que, según su análisis, podrían constituir crímenes de guerra y de lesa humanidad. En este sentido, señala que la población iraní está atrapada entre los ataques externos y la represión interna.
La controversia ha escalado hasta el punto de involucrar a la Fiscalía portuguesa, que el pasado 3 de octubre recibió una denuncia relacionada con el uso de la base. Este desarrollo judicial añade una capa de complejidad al debate, pues podría derivar en investigaciones formales sobre la legalidad de las autorizaciones concedidas por el Gobierno luso.
Además, las declaraciones del presidente Trump sobre la posibilidad de «aniquilar» Irán han sido calificadas por AI como potenciales amenazas de genocidio. Esta acusación eleva el tono del conflicto y coloca a Portugal en una posición incómoda como aliado de Estados Unidos dentro de la OTAN. La organización recuerda que la alianza con Washington implica para Portugal «la responsabilidad y el deber moral» de garantizar que no contribuye a violaciones del derecho internacional.
## Reacciones y silencio oficial
Hasta el momento, el Gobierno portugués no ha emitido una respuesta pública detallada a la petición de AI. La visita de Marco Rubio, programada para el jueves, representa una oportunidad crucial para que Lisboa defina su postura. Analistas políticos sugieren que Portugal enfrenta un dilema: por un lado, mantener su compromiso con la OTAN y la cooperación bilateral con Estados Unidos; por otro, preservar su reputación como Estado respetuoso del derecho internacional y evitar posibles responsabilidades legales.
La base de Lajes no es solo un activo militar; es también un símbolo de la relación transatlántica. Cualquier restricción a su uso por parte de Portugal podría interpretarse como un gesto de distanciamiento de Washington, con repercusiones en la cohesión de la alianza. No obstante, la creciente presión de organizaciones como AI y la posible acción de la Fiscalía podrían forzar al Gobierno a adoptar una posición más cautelosa.
## El rol de las Azores en la geopolítica contemporánea
Las Azores han sido históricamente un punto de apoyo logístico clave para Estados Unidos, especialmente durante la Guerra Fría y en conflictos posteriores. La base de Lajes ha servido como escala para el transporte de tropas y material hacia Europa y Medio Oriente. En el contexto actual, con las tensiones entre Estados Unidos e Irán en un punto álgido, su importancia estratégica se ha incrementado.
Sin embargo, el derecho internacional humanitario establece límites claros a la cooperación militar. El principio de distinción, que exige diferenciar entre objetivos civiles y militares, y el principio de proporcionalidad, que prohíbe ataques que causen daños excesivos a la población civil, son vinculantes para todos los Estados parte de los Convenios de Ginebra. Portugal, como firmante de estos tratados, está obligado a garantizar que su territorio y espacio aéreo no sean utilizados para violarlos.
La petición de AI también incluye el espacio aéreo portugués, lo que amplía el alcance de la responsabilidad. Esto significa que no solo la base en sí, sino también el sobrevuelo de aeronaves involucradas en operaciones potencialmente ilícitas podría constituir una violación de las obligaciones internacionales de Portugal.
## Conclusión: un momento decisivo para Portugal
La visita de Marco Rubio a Portugal coloca al Gobierno luso ante una encrucijada. La exigencia de Amnistía Internacional de bloquear el uso de la base de Lajes para operaciones que puedan constituir crímenes de guerra no es un llamado aislado, sino que refleja una preocupación más amplia sobre la complicidad de los Estados en conflictos internacionales. La decisión que tome Lisboa no solo afectará su relación con Estados Unidos, sino que sentará un precedente sobre cómo los países europeos abordan su participación en operaciones militares controvertidas. En un mundo donde las alianzas estratégicas a menudo chocan con los principios del derecho internacional, Portugal deberá equilibrar sus intereses de seguridad con su responsabilidad moral y legal. La respuesta que dé al secretario de Estado estadounidense será observada de cerca por la comunidad internacional y por las organizaciones de derechos humanos que abogan por la rendición de cuentas.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
