El 8 de septiembre de 2026, un grupo de productores rurales del partido bonaerense de Adolfo Alsina presentó una acción de amparo contra la Municipalidad local, luego de no obtener una respuesta satisfactoria a un pedido de acceso a la información pública. El reclamo, que ya fue radicado formalmente en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, tiene como objetivo central conocer el detalle de la recaudación y el gasto de tres tasas municipales específicas: la tasa por conservación, reparación y mejorado de calles y caminos rurales municipales; la tasa de Marcas y Señales; y la tasa por servicios de inspección de seguridad, salubridad e higiene.
Para comprender la trascendencia de este planteo, es necesario retroceder a junio de 2026. El 11 de junio, los productores presentaron formalmente un pedido de acceso a la información pública amparado en la Ley 12.475 de la Provincia de Buenos Aires. La solicitud fue dirigida a la Secretaría de Economía del municipio, con copia al Concejo Deliberante. Sin embargo, la respuesta municipal llegó el 14 de julio, pero no en los términos solicitados. Según consta en el escrito del amparo, la comuna no entregó la documentación requerida, limitándose a explicar que su sistema contable y presupuestario (basado en la Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal, RAFAM) no identifica las erogaciones individualmente por cada tasa.
«El municipio sostiene que no dispone de documentación que discrimine los gastos de 2023, 2024, 2025 y 2026 exclusivamente por cada concepto tributario solicitado», afirma el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, patrocinante del amparo. Esta respuesta es considerada por los productores como una evasiva, ya que la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley 6.762/58, texto actualizado) establece, en sus artículos 166 y 169, obligaciones claras respecto de la registración contable de los ingresos y gastos, así como la necesidad de que la contabilidad permita conocer con exactitud la situación financiera del municipio.
El foco del conflicto no se limita a un simple acceso a papeles. Detrás de la solicitud de información existe una preocupación directa por el estado de los caminos rurales del distrito. Según describen los productores, el tránsito por esas vías se ha vuelto dificultoso, especialmente durante las épocas de lluvia, lo que encarece la logística de producción y transporte de granos y ganado. La falta de mantenimiento impacta directamente en la rentabilidad de las explotaciones, y por eso los productores quieren saber con exactitud cuánto se recauda a través de la tasa vial y cuánto de ese dinero retorna efectivamente a los caminos en forma de obra o mantenimiento.
La tasa por conservación y mejorado de caminos es una contribución específica, es decir, su creación está vinculada a un servicio concreto. Según la normativa vigente en Adolfo Alsina, esta tasa se suma al tributo inmobiliario y se aplica a todas las propiedades rurales con frente a la red vial. En la práctica, los productores la pagan desde hace décadas, pero nunca han podido auditar su ejecución. «No estamos pidiendo que nos paguen nada, sino que nos digan en qué se gasta lo que pagamos», resume uno de los denunciantes, que prefirió mantenerse en reserva.
Los datos recaudados hasta ahora revelan cifras no menores. Según la rendición de cuentas publicada por el municipio al 1° de julio de 2026, la recaudación por la Tasa de Marcas y Señales ascendía a $313.984.688,05. Esto contrasta con la respuesta municipal que negó poder individualizar gastos. Mientras tanto, el municipio informó que durante 2026 se habían registrado 4.875 trámites relacionados con guías, marcas y señales. Los productores, con esos números, ya elaboraron su propio cálculo: el costo promedio por trámite parece exceder ampliamente el valor de la inscripción, lo que alimenta la sospecha de que los fondos no se aplican íntegramente al servicio que los origina.
La acción de amparo presentada por los productores se basa en la Ley Nacional 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública (aplicable de manera supletoria), así como en los artículos 8 y 12 de la Constitución provincial, que garantizan el derecho a peticionar y a obtener información. El amparo también invoca el artículo 55 de la Constitución bonaerense, que regula la acción de amparo a favor de derechos colectivos. En su presentación, los productores piden que se ordene a la municipalidad que entregue en un plazo máximo de diez días hábiles toda la documentación vinculada a las tres tasas, incluyendo la nómina de contribuyentes, los montos facturados y lo efectivamente recaudado, así como los comprobantes de gasto discriminados por año y por concepto.
El impacto de este reclamo trasciende a Adolfo Alsina. En toda la provincia de Buenos Aires existen casos análogos: productores de otros partidos han denunciado, en reiteradas oportunidades, que el mal estado de los caminos rurales es un problema crónico. Según datos del Ministerio de Agroindustria de la provincia, en 2025 el 65% de los caminos rurales bonaerenses requería algún tipo de intervención urgente. La pandemia y la sequía postergaron muchos mantenimientos, y ahora la urgencia se agrava con la mayor producción de granos, que exige una red vial en condiciones para sacar la cosecha.
Las consecuencias de una futura sentencia podrían ser paradigmáticas. Si la Justicia fallara a favor de los productores, se sentaría un precedente para que todos los municipios puedan ser auditados por sus tasas específicas. Esto obligaría a las comunas a mejorar sus sistemas contables y a ser más transparentes en la gestión de los recursos. Por otro lado, si se confirma que la recaudación de la tasa vial supera ampliamente el gasto en caminos, la comuna podría verse expuesta a devoluciones o a la obligación de destinar una mayor partida a la obra vial.
Los próximos pasos son inciertos. El juzgado aún debe expedirse sobre la admisibilidad del amparo. En los casos similares, suelen requerirse informes circunstanciados de la municipalidad, y el expediente podría cerrarse en un plazo de 3 a 6 meses. Mientras tanto, los productores han pedido que se dicte una medida cautelar para que la comuna se abstenga de aplicar nuevos incrementos en las tasas hasta tanto no justifique la recaudación actual. La audiencia de conciliación está prevista para la primera semana de octubre.
La transparencia en el manejo de los fondos públicos es un pilar fundamental de todo sistema republicano. Aquí, la discusión no es si los impuestos son legítimos o no: las tasas fueron establecidas en consonancia con la Ley Orgánica de las Municipalidades, que habilita a los municipios a crear contribuciones por mejoras y servicios. Lo que se pone en jaque es la eficiencia en la aplicación de los recursos. Si los productores pagan una tasa específica para mantener caminos, tienen todo el derecho a saber que su dinero no se desvía a otros fines. El resultado de esta causa no solo afectará a Adolfo Alsina, sino que podría iluminar la relación entre el campo y los gobiernos locales en toda la provincia de Buenos Aires.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
