El gobierno de Javier Milei adoptó este jueves 23 de abril de 2026 una resolución sin antecedentes en la historia democrática argentina: prohibir el ingreso a la Casa Rosada a la totalidad de los periodistas acreditados. La medida fue comunicada a primera hora a través de Casa Militar, el organismo a cargo de Sebastián Ibáñez, que depende orgánicamente de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei. Según la información oficial recabada, se habría ordenado «dejar sin efecto la prórroga» de las acreditaciones que vencían el 31 de marzo de 2025 y que habían sido extendidas durante abril de 2026 en espera de un nuevo proceso de empadronamiento. La restricción, de carácter «preventivo», no tiene fecha de finalización.
Fuentes del Ejecutivo nacional señalaron a este medio que la decisión se tomó «de manera preventiva por el espionaje ilegal», en alusión a la denuncia presentada por el propio Gobierno contra un programa de televisión acusado de haber grabado en el interior de Balcarce 50 «sin autorización». En la práctica, se eliminó el registro de huellas dactilares de los trabajadores de prensa que contaban con acreditación permanente, un mecanismo biométrico que funcionaba como llave de acceso al edificio gubernamental. «Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva», subrayó una alta fuente del Ejecutivo a Clarín.
La orden, según pudo reconstruirse, fue emitida directamente desde Casa Militar y ejecutada por el personal de seguridad ubicado en las rejas de ingreso a la Casa Rosada. El periodista Alejandro Gomel, acreditado por Radio Splendid, describió la escena con estupor: «Me acerqué a la reja de Casa Rosada y hay gente de Casa Militar con una carpeta con la lista de todos los acreditados con foto y medio para identificarlos, y si alguno quiere entrar, prohibirles el ingreso. No lo puedo creer. En 20 años nunca me pasó algo así». El testimonio revela que el personal de seguridad contaba con un registro físico de cada acreditado, lo que sugiere que la medida fue planificada y no una reacción improvisada.
La restricción se conoció a horas de que el presidente Milei recibiera en su despacho al magnate estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir Technologies, quien arribó a la Casa de Gobierno cerca de las 14 horas. Thiel, de 58 años, es una de las figuras más influyentes de Silicon Valley y un referente del denominado «tecnolibertarismo» de extrema derecha. Su presencia en Buenos Aires, y específicamente en Balcarce 50, ocurría en paralelo al cierre del acceso para la prensa, un hecho que generó suspicacias entre las organizaciones de defensa de la libertad de expresión.
La decisión de este jueves se inscribe en una escalada sistemática de hostilidad del gobierno de Milei hacia el periodismo. Desde el inicio de su gestión, el presidente ha intensificado los insultos, las descalificaciones y las amenazas a través de sus redes sociales contra medios y periodistas críticos. En febrero de 2026, el Ejecutivo creó una cuenta en la plataforma X denominada «Oficina de Respuesta Oficial», un mecanismo destinado a vigilar, señalar y contrastar públicamente la labor periodística. La estructura guarda una similitud casi exacta con la estrategia implementada por el gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca.
El conflicto con la prensa no es nuevo bajo esta administración. A mediados de 2024, el Gobierno avanzó con una polémica resolución para limitar el acceso a la sala de prensa de la Casa Rosada, restringiéndolo solo a aquellos periodistas «que puedan demostrar que merecen estar cerca del Presidente», un criterio discrecional que generó un fuerte rechazo en los círculos periodísticos. En aquel momento, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la medida argumentando que se buscaba «ordenar» el trabajo de los medios en la sede del Ejecutivo. La presente prohibición total constituye, sin embargo, un salto cualitativo en la restricción del acceso a la información pública.
Organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de prensa han manifestado su preocupación por el rumbo del país en esta materia. Según el índice anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Argentina cayó 47 posiciones acumuladas durante la gestión de Milei, pasando del puesto 40 al 87 entre 180 países evaluados. El informe de RSF señaló explícitamente que «la hostilidad de Javier Milei hacia la prensa marca un nuevo y preocupante punto de inflexión para la garantía del derecho a la información en el país» y que el presidente «alienta las agresiones a periodistas y los ataques para desacreditar a medios y reporteros críticos con su política». Human Rights Watch, por su parte, acusó al Gobierno de utilizar «una retórica hostil contra el periodismo», mientras que el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) documentó en un informe el uso sistemático de insultos en redes sociales por parte del mandatario para estigmatizar a la prensa, silenciar a la oposición y movilizar a sus seguidores.
La medida de este jueves no solo afecta el trabajo cotidiano de los cronistas que cubren la actividad presidencial, sino que también pone en riesgo el acceso de la ciudadanía a la información sobre los actos de gobierno. La histórica Sala de Periodistas ubicada en el primer piso de la Casa Rosada, que funcionó ininterrumpidamente durante todo el período democrático desde 1983, quedó cerrada de manera transitoria. Ni siquiera durante la última dictadura militar se había impedido el acceso de los periodistas al edificio gubernamental, aunque sí existieron restricciones selectivas y controles en momentos puntuales de alta tensión política.
El contexto en el que se produce esta decisión es particularmente sensible. En las últimas semanas, el Gobierno ha debido enfrentar denuncias por una supuesta campaña de espionaje ruso para desacreditar a la gestión de Milei, así como una investigación judicial por el presunto espionaje ilegal a Karina Milei, que involucró la difusión de audios privados de la secretaria General de la Presidencia. La denuncia contra el programa de televisión que motivó la prohibición total de acceso a la Casa Rosada se suma a una serie de causas judiciales que el oficialismo ha impulsado contra medios y periodistas, en lo que organizaciones civiles interpretan como un intento de judicializar la crítica y limitar el ejercicio del periodismo de investigación.
La decisión del Gobierno de Javier Milei de prohibir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada representa un punto de inflexión en la relación entre el poder ejecutivo y la prensa en Argentina. Respaldada en argumentos de seguridad y en una denuncia por espionaje, la medida elimina de hecho el acceso de los trabajadores de prensa al centro neurálgico del poder político nacional. Sin un cronograma claro para su revisión y con un historial de escalada en la hostilidad gubernamental hacia el periodismo, la restricción plantea interrogantes sobre el futuro del acceso a la información pública en el país. Hasta el cierre de esta edición, no se había emitido ninguna comunicación oficial detallando los plazos o condiciones para la reanudación del sistema de acreditaciones vigente.
Este artículo fue generado o asistido por inteligencia artificial dentro de un proyecto experimental de automatización de contenidos.
